Haber esperado una hora y media para comenzar la reunión con Alberto Fernández valió la pena. No sólo porque los jerárquicos de las petroleras respetan la investidura presidencial sino porque los animó ideas esbozadas por su anfitrión: petróleo a valor internacional, sendero de precios para ajustar combustibles y generosa ley de promoción para la industria con amplio alcance.
A quienes son los número uno de varias compañías de hidrocarburos se les empezó a relajar el estómago, aunque descuentan que una batalla no es la guerra.
Hay indicios de que las empresas podrían ser mimadas por la política oficial a pesar del costo político de la decisión. El Presidente sabe que para que desembolsen dólares hay que darles una zanahoria y adhiere a la la lógica de que el barril de crudo local esté dolarizado y alineado con el internacional, algo que hoy ya ocurre: apenas habría una diferencia de un 8% por debajo, de acuerdo a los parámetros que se tomen para la cuenta.
Obvio que eso implica que los combustibles estén en la misma línea. Para eso las refinadoras aspiran a subas secuenciales de 6%, 4% y 2%. Ese camino a priori contrariaría la estimación hecha por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para quien un aumento de 5% hoy sería suficiente para dejar las cosas en un lugar correcto.
Donde existe cierta comunión de ideas es en que el congelamiento es sólo un modo de ganar tiempo para definir cómo sostener ese esquema que contenta a los inversores, al menos en el petróleo. YPF se sostiene prioritariamente con la caja que generan los combustibles y es impensable condenarla a surtidores congelados.
Fernández les pidió a los empresarios ideas de cómo instrumentar aumentos secuenciales y previsibles que no alboroten la economía.
El principal desvelo del hombre de la Rosada es el impacto inflacionario de esas subas. Sabe que por la dinámica remarcadora local, un ajuste en las naftas implica una suba equivalente en muchos precios, aunque el combustible represente una porción mínima del costo del bien o servicio.
Otra inquietud presidencial es que las energías se concentren en Vaca Muerta, como si la recuperación terciaria no pudiera brindar otra canilla al crudo local. Por eso la ley de “blindaje” al inversor de los no convencionales se está transformando en una norma que dará atractivas ventajas también a los productores de convencionales.
La idea gráfica fue que las compañías no sólo pesquen en la laguna donde hay mayor concentración de peces sino que extiendan sus esfuerzos a otras donde también hay pejerreyes a tiro de la caña. Aunque menos.
Cuando el anteproyecto de ley en manos del ministro de Producción Matías Kulfas llegue al Congreso se habrá consagrado una propuesta muy generosa para todos los hidrocarburos, originalmente concebida por el titular de la petrolera estatal, Guillermo Nielsen, sólo para el gas no convencional. Este es el producto que escasea y promueve la millonaria salida de divisas por importaciones.
En estos tórridos días que transcurren en enero, la demanda de combustible para generar electricidad llegó al récord de 70 millones de metros cúbicos por día, por encima de toda previsión, lo que forzó la incómoda decisión de interrumpir la exportación a Chile.
Pero el empujoncito para producir gas también involucrará al crudo. La expectativa empresaria es poder exportar petróleo sin restricciones y disponer de las divisas con la mayor libertad. Si a esto se añade la paridad de exportación para los precios internos, la dicha es casi plena.
Muchos de esos afanes están contemplados en el proyecto de ley en ciernes que, según su versión original, también habilitaba a usar los dólares de las ventas externas para un fideicomiso en el exterior por seis meses, que se usaría como respaldo de préstamos y así bajar costos financieros.
El menú incluiría alguna fórmula de seguridad cambiaria, paraguas oficial para abaratar costos laborales, ventajas impositivas para importación temporaria y tope a los tributos provinciales, entre otras ventajas generales, que estarían acompañadas por algunos estímulos adicionales para el gas, protagonista de la matriz energética local.
En el entorno oficial circula un dato urticante en función de esta generosa fórmula en estudio: el costo del barril calidad intermedia “está a 35 dólares y lo pueden vender a más de 60”, lo que haría menos necesaria la ayuda estatal. Pero la idea de confrontar linealmente los costos con el precio de venta no es la línea argumental oficial en el tema petrolero. Por ahora.
La falta de certezas y el recorte del subsidio a Vaca Muerta suspendió inversiones, que podrían concretarse cuando las ideas sean normas estables.
Para animar a Alberto Fernández y a Matías Kulfas, los CEOs que los visitaron el 16 en Casa de Gobierno pusieron énfasis en que más del 90% de los insumos utilizados en Vaca Muerta son locales, lo que dinamiza una cadena virtuosa. Eso habría sacudido levemente la modorra presidencial de un primer encuentro formal, del que también participó el secretario de Energía, Sergio Lanziani, aún a la busca de su destino en el equipo.
Hay aprestos de romance pero para el matrimonio falta un trecho. Las productoras de gas no digieren que en las últimas licitaciones hayan tenido que vender a sólo 1 dólar el millón de BTU el gas para generar electricidad, por un sistema de licitaciones que propicia esa baja, ayudada por el antipático rol de las comercializadoras que intermedian. De a poco, se consuelan. Ningún gobierno podría complacerlas al punto de borrar las rivalidades intestinas del propio sector.
Fuente: Cronista