Se dificulta la salida de la petrolera estatal de la provincia patagónica. La negativa del gobernador Claudio Vidal a aceptar una reestructuración operativa y la pérdida millonaria de YPF en la provincia complican la situación.
La petrolera estatal YPF y el gobierno de Santa Cruz se encuentran en una compleja negociación por el futuro de los yacimientos petroleros en la provincia.
La idea de la empresa comandada por Daniel Marín es dejar de operar los pozos que tiene en la provincia patagónica pero según precisa el portal especializado en energía, Econojournal, la iniciativa se frenó por la negativa del gobernador Claudio Vidal a aceptar una reestructuración operativa y achicamiento de las áreas. YPF quiere forzar su salida de yacimientos a partir de enero de 2025.
A pesar de los múltiples intentos de YPF por ceder la operación de estos campos, las diferencias entre ambas partes han impedido alcanzar un acuerdo.
La negativa del gobernador Claudio Vidal a aceptar una reestructuración operativa y la pérdida millonaria de YPF en la provincia complican aún más la situación.
La decisión de YPF de abandonar la operación de los yacimientos en Santa Cruz tiene importantes implicaciones económicas para la provincia y para la empresa. De hecho la petrolera estatal perderá nada más ni nada menos que 300 millones de dólares invertidos en 2023, pero desde la empresa sostienen que quedarse les hará perder aún más dólares a futuro.
La pérdida de miles de empleos y la necesidad de encontrar nuevos operadores para mantener la producción son algunos de los desafíos que plantea esta situación. La empresa CGC, principal productora de hidrocarburos en la provincia ya mostró interés por quedarse con los activos y hasta diseñó un proyecto completo para avanzar con la explotación de los pozos, pero
La petrolera estatal ha implementado diversas estrategias para transferir la operación de sus yacimientos en Santa Cruz a otras empresas, pero se encontró obstáculos en las negociaciones con el gobierno provincial.
La falta de acuerdo entre las partes podría generar un impacto negativo en la producción de hidrocarburos y en la economía de la región.
Fuente: Econojournal