El decreto le permite a la Secretaría de Energía definir los nuevos criterios. Actualmente dependía del ingreso total de las familias, pero ahora anticipa que mirarán que el beneficio considere un “porcentaje de los ingresos” del hogar.
Esto es lo que podría cambiar porque ahora la Secretaría de Energía está facultada para otorgar los subsidios considerando “un porcentaje de los ingresos del grupo conviviente”. Fuentes oficiales aseguran que la segmentación, que se implementó a través del registro llamado RASE, le dejó al Estado “muchísima información y datos” sobre los ingresos de las familias.
El DNU agrega que “a los efectos de calcular el costo de los consumos básicos, se considerarán las tarifas vigentes en cada punto de suministro”. Este punto es clave porque otra parte del DNU da pistas del cambio de criterio que se quiere hacer con los subsidios: que dejen de ser a la oferta de generación, y pasen a ser a la demanda, tal como se prometió durante la campaña electoral.
Así lo establece el DNU: “La Secretaría de Energía tendrá facultades para definir los mecanismos específicos que materialicen la asignación y efectiva percepción de los subsidios por parte de los usuarios, determinando los roles y tareas que desempeñarán de manera obligatoria los distintos actores públicos, empresas concesionarias, y otros actores o agentes que integren los sistemas del servicio público de que se trate, en su carácter de responsables primarios”.
El subsidio a la demanda por bloque de consumo es similar a lo que ya ocurre con quienes perciben la tarifa social que implementó el gobierno de Cambiemos, donde el primer bloque de consumo de 150 kilowatt por hora (HWh) se subsidia al 100%, y el siguiente bloque de consumo de 150 se subsidia al 50%.
Los cambios en los subsidios implicarán cambios para los casi dos tercios de los usuarios que todavía mantienen una fuerte intervención del Estado en sus tarifas finales. En un promedio ponderado, actualmente las familias pagan 33% de lo que cuesta la generación de luz y de gas, según el último trabajo del IIEP-UBA-Conicet, por lo que el Estado subsidia el restante 67%.
Según pudo saber Ámbito, las secretarías de Energía de las distintas provincias leyeron con detenimiento este artículo. Por un lado, una fuente que prefirió no ser mencionada aseguró que el DNU “no le da funciones nuevas” a la Secretaría de Energía, porque modificar subsidios era algo que ya podía hacer a través de una resolución, como se hizo el año pasado. La duda es cómo será el cambio de criterio: “Hay que ver cómo lo implementan”, agregó. Un dato sobre la importancia de medir cuánto influye el pago de las tarifas de luz y de gas en los ingresos totales es el que se toma en cuenta en los relevamientos de “pobreza energética”.
Por más que sea un indicador cuestionado, la definición de la pobreza energética (PE) está relacionada con la incidencia del gasto de los hogares en servicios energéticos de acuerdo a sus ingresos, y considera que todos aquellos hogares que destinen el 10% o más de sus ingresos al pago de energía entran en esa categoría.
Actualmente, la factura promedio de los servicios públicos de luz y gas en el AMBA representa el 1,2% del ingreso de los N1, 1,6% para los N3 y 3,6% para los N2, esto es, las familias de menores ingresos. El peso máximo sobre el salario se dio en el 2019 con una carga del 5,6% sobre el salario promedio registrado, según el último informe del IIEP-UBA-Conicet.
Fuente: Ambito