La fiscalía buscó explicar mediante el derrotero cronológico de presentaciones sucesivas de Elisa Carrió cómo es que finalmente el caso quedó en manos de Julián Ercolini para rebatir que hubiese existido una maniobra de fórum shopping como denunciaron los abogados de los tres acusados. Pero García Elorrio, en su réplica, también señaló que el Ministerio Público “ya advirtió” al Tribunal el problema del “desdoblamiento” de la causa y enumeró que había solicitado conocer “todo lo que pudiera ampliar la prueba” dentro de esa investigación secundaria. Hasta que había solicitado acceder para revisarlo durante 72 horas para detectar elementos que sirvieran al juicio contra Echegaray, López y De Sousa. Lo justificó con un “mejor orden del proceso” y un “criterio racional” de la incorporación de la prueba. Lo mismo para la pericia contable sobre Oil en la que insistió en que se le brinde “plazo estimado de la duración del informe” que deben presentar los expertos. Hay estimaciones pero ninguna certeza.
En la actualidad, los funcionarios de AFIP que participaron del proceso administrativo de aprobación de los planes de pago y refinanciación de las deudas de la petrolera por los que se inició el juicio están investigados en un expediente aparte pero como coautores, junto a Echegaray, del delito de defraudación. Hay 7 procesados y 12 con falta de mérito lo que significa que su situación procesal no está firme porque la decisión de Ercolini está apelada a la Cámara Federal y están lejos de arribar a la etapa de juicio. Esto genera que por un lado no pueden ser juzgados en el tramo ya elevado, pero tampoco pueden ser citados como testigos en el juicio, lo que crea una paradoja porque fueron parte del mismo hecho que se está discutiendo. Recomendó que el TOF “examine de manera actualizada los recursos y planteos pendientes” antes de tomar una decisión con respecto a “levantar” las audiencias y se mostró abierto a que se pidan más medidas de prueba. Aun así relativizó la importancia de convocar a declarar a los directores de agencias de AFIP que firmaron una carta defendiendo su accionar en el caso Oil y en el resto de las autorizaciones de planes por el denominado artículo 32.
La AFIP también se había mostrado en contra de que se los convoque al juicio –pese a que podrían testimoniar si hubo irregularidades en Oil- y adujo un curioso argumento: ningún otro caso de los 1648 planes otorgados por AFIP a personas físicas y jurídicas por el Artículo 32 fueron por deudas específicas en el Impuesto a Combustibles Líquidos. Por esto no sería relevante que se los cite.
Gabriel Morini
Fuente: Ambito