Fue diseñado por Eduardo Rodríguez Chirillo, exasesor de Cavallo. Nuevas condiciones para Edesur, Edenor y gasíferas. Entes reguladores unificados y ¿subsidios?
Tres objetivos de arranque
Chirillo avisa que antes de cualquier cambio, el nuevo gobierno deberá resolver primero los problemas macroeconómicos y monetarios; por lo que en el corto plazo el plan energético apunta a tres objetivos clave: asegurar las condiciones de suministro de luz, gas y combustibles; recuperar la institucionalidad de los organismos del sector y restablecer los mecanismos de mercado con una intervención del Estado limitada a controlar las posiciones dominantes y a asegurar la libertad y competencia entre las empresas.
Según detalló Chirillo “en todos los sectores buscaremos hacer más eficiente la oferta, mediante las señales de precios y con incentivos al ahorro de la demanda para bajar el costo de generación”. Si bien plantea la necesidad de que las tarifas de luz y gas cubran progresivamente los costos reales de cada servicio, el esquema en juego deja la puerta abierta para el mantenimiento de subsidios destinado a los sectores más vulnerables.
Nuevos contratos eléctricos y gasíferos
En cuanto a Edenor, Edesur, las transportistas eléctricas y las privatizadas del sector gasífero; la hoja de ruta energética de Milei-Chirillo prevé la aprobación de nuevas Revisiones Tarifarias Integrales (RTI), bajo un marco –advierte- que “permita escalonar las inversiones, planificar los precios y actualizar el modelo económico financiero de cada concesión”. En el caso del servicio eléctrico, alienta una instalación masiva de medidores inteligentes que permitan aplicar tarifas horarias diferenciadas.
Para morigerar el traslado a tarifas de las nuevas inversiones, la actualización de los contratos –detalla- incluiría más años de concesión y una reducción de los impuestos internos que recaen sobre las boletas de luz y gas. Los ajustes tarifarios quedarán establecidos de antemano y serán autorizados por órganos reguladores independientes y sin la injerencia de la administración de turno.
Una cuestión conflictiva que los libertarios anticipan que revisarán son los convenios de pago a 96 meses de plazo que las autoridades energéticas actuales acordaron con Edenor y Edesur por la deuda millonaria que habían acumulado con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). La idea –anticipan- es recalcular lo adeudado, acortar el tiempo de cancelación y firmar acuerdos nuevos con la intervención de la Procuración del Tesoro.
Para apuntalar y promover inversiones, el plan energético libertario destaca, en primer lugar, el “respeto y mantenimiento de la seguridad jurídica sin afectar los derechos adquiridos”. A eso se agrega el impulso a “los contratos de largo plazo”, para la venta directa de energía eléctrica y gas entre productores y los usuarios industriales y comerciales. Para las obras de infraestructura, el plan prevé dos variantes: el esquema de iniciativa privada del régimen PPP y créditos de organismos internacionales para solucionar los puntos críticos que limitan los sistemas de transporte eléctrico y gasífero.
Vaca Muerta y la reprivatización de YPF
Con la mira puesta en la expansión de Vaca Muerta, el plan libertario promueve la eliminación de los derechos de exportación y aranceles de importación para el petróleo crudo y combustibles; la extensión de contratos de mediano plazo entre productores y refinerías no integradas; y el levantamiento de las trabas para el ingreso de equipos y maquinarias nuevas y usadas, para facilitar el desarrollo de nuevos pozos y nuevas obras de ampliación de oleoductos y gasoductos.
En cuanto a las exportaciones de crudo y gas, el cambio más novedoso pasa por transformar los permisos actuales de exportación, que son estacionales, en “derechos reglamentarios” para las empresas que solo podrán verse afectados por el Estado cuando corra peligro el abastecimiento interno.
Para los proyectos de Gas Natural Licuado (GNL), el plan libertario establece que deberán canalizarse bajo la actual ley de hidrocarburos y aquellas empresas que construyan sus propios gasoductos tendrán garantizada la exportación sin condicionamientos.
En lo que respecta al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Enargas, la intención es terminar de inmediato con las intervenciones eternas que impuso el actual Gobierno y unificarlos en un nuevo ente. En cuanto a la Cammesa, el plan de Milei es devolverle su rol original de “administradora” del mercado eléctrico y quitarle la tarea de “compradora” de combustible para las empresas generadoras, las cuales deberán adquirir por su cuenta los combustibles que necesiten para su funcionamiento.
En el caso de la empresa estatal Enarsa, lejos de disolverla se le asignaría –según el plan- la función de proveer la energía eléctrica destinada a los hogares que seguirán con tarifas subsidiadas. En tanto para YPF, la línea a seguir por el libertario tiene como objetivo, a mediano plazo, la venta gradual de las acciones mayoritarias que posee el Estado. Antes, advierte, será “despolitizada” y sus unidades de negocios –entre ellas YPF Luz– repotenciadas para poder incrementar el valor de la empresa y los ingresos que dejaría su reprivatización.
Fuente: Letrap