Argumenta su reclamo en los antecedentes del Gobierno de evitar sentencias dictadas en los Estados Unidos
El fondo buitre Burford, que espera cobrar U$S16.099 millones tras haber ganado el juicio por la expropiación de YPF, le pidió a la justicia estadounidense autorización para solicitar embargos sobre bienes argentinos, porque considera que el país “no demuestra voluntad de pago”.
“Le pedimos a su señoría que establezca que 30 días es un período de tiempo razonable después de la emisión del fallo del 15 de septiembre, para iniciar los procedimientos de embargo y ejecución del fallo a partir del 16 de octubre”, solicitaron los abogados de Burford ante el juzgado neoyorquino de Loretta Preska.
Argumentan su reclamo en los antecedentes del Gobierno de evitar sentencias dictadas en los Estados Unidos y en “declaraciones públicas de funcionarios de alto nivel que demuestran que no tienen intención de cumplir con la sentencia”.
Los demandantes volvieron a citar a Axel Kicillof, quien en 2012, al momento de la expropiación, era viceministro de Economía. Lo citaron cuando en ese momento dijo que sería “una estupidez” cumplir con “la ley de la propia YPF” y “respetar sus estatutos”. Incluso incluyeron un link a una entrevista radial al hoy gobernador bonaerense, realizada el 10 de septiembre de este año, luego del fallo adverso. “Es mentira que haya que pagar. Argentina va a apelar, no está firme la sentencia, se va a seguir discutiendo. El fallo es un absoluto disparate, un absurdo jurídico. El reclamo es ilegal”, dijo Kicillof días atrás.
El gobierno argentino ya avisó que apelará la sentencia de la jueza Preska, lo que le permitiría ganar tiempo.
El reclamo se basa en que el Estado argentino, cuando tomó el control de la compañía en 2012 -durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner-, debió lanzar una oferta pública de acciones para los tenedores minoristas de la empresa. pero no lo hizo.
Dos sociedades del grupo Petersen ( de la familia argentina Eskenazi), que fueron despojadas del 25% de sus acciones, transfirieron el derecho a iniciar juicio por esta situación al fondo Burford, en una operación que es cuestionada por distintos sectores de la política.
En cambio, la Argentina debería haber lanzado una oferta pública de acciones, según lo establecido en el estatuto de la empresa.
La Argentina enfrenta ahora el riesgo de embargos contra sus activos. Entre los ejemplos de embargos, uno de los episodios más resonantes fue el de la Fragata Libertad y los 77 días en las que estuvo detenida en el puerto africano de Tema, Ghana, entre el 4 de octubre y el 12 de diciembre de 2012.
Pero la lista de los bienes argentinos que fueron embargados tras la crisis de 2001 es más extensa y significativa. Algunos inmuebles como la residencia del embajador en Washington y otras 11 propiedades argentinas en los Estados Unidos fueron confiscadas. También la casa-museo donde pasó sus últimos años el Libertador General José de San Martín, en Boulogne Sur Mer, al norte de Francia.
Fue cuando los fondos de inversión ganaron otro juicio contra la Argentina por los derechos de los acreedores que no habían entrado en el canje de deuda soberana (holdouts).
Las leyes estadounidenses disponen que no se pueden realizar embargos o ejecuciones de bienes hasta que el tribunal ordene ese embargo o ejecución, es decir, tras un período de tiempo “razonable” desde la emisión del fallo.
Los abogados de Burford solicitan que ese plazo sea de un mes desde la emisión del fallo.
“El estatuto no proporciona orientación adicional sobre el procedimiento o el momento en que el tribunal debe determinar lo que constituye un período de tiempo razonable”, según explican los abogados de Burford.
Argumentaron que la “práctica pasada y actual de Argentina de eludir fallos emitidos tanto en Estados Unidos como en jurisdicciones extranjeras, así como las recientes declaraciones públicas de sus más altos funcionarios, demuestran que no tiene intención de cumplir el fallo”.
Y se quejaron que los demandantes “han tenido que esperar más de una década para recibir el pago de la oferta de compra que se les adeuda, y una demora adicional en la ejecución sería innecesaria e irrazonable”.
“Argentina no tiene intención de pagar el fallo, y sería falso que sugiriera lo contrario. Por lo tanto, los demandantes solicitan respetuosamente una conferencia previa a la presentación de su moción propuesta, de acuerdo con la sección 1610(c), solicitando una orden que establezca que la suspensión de 30 días prevista en la Regla 62(a) es un “período de tiempo razonable” y que la ejecución pueda comenzar después de eso”, dijeron los abogados de Burford en su presentación.
Fuente: El dia