La sentencia por la expropiación que llevó adelante Cristina Kirchner y cuyo portavoz fue Kicillof obliga al país a pagar hasta 16 mil millones de dólares
El exjuez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, denunció este domingo que detrás del fallo contra la expropiación de YPF hay “una mafia organizada a nivel internacional”. La sentencia, de la jueza Loretta Preska, obliga a la Argentina a pagar hasta 16 mil millones de dólares al Fondo Burford Capital. “Estas noticias sobre los fondos buitres siempre salen en tiempo electoral”, dijo el exmagistrado.
Para Zaffaroni, la jueza Loretta Preska representa “a la Justicia provincial de Nueva York, que es como si nosotros juzgáramos a los Estados Unidos a través de un juez de Lomas de Zamora”, ejemplificó.
Preska determinó el viernes pasado que la Argentina deberá pagar un resarcimiento por daños económicos al fondo Burford Capital ante lo cual el gobierno argentino anunció que apelará “inmediatamente”. El fallo puso en el ojo de la tormenta al gobernador Axel Kicillof, que cuando era viceministro de Economía fue el portavoz de la expropiación de la petrolera.
“Compran títulos basura y exigen el valor nominal”, advirtió el exjuez de la Corte en diálogo con el programa Rayos X de Radio 10, y explicó que “estos fondos buitre son estudios jurídicos, que hacen una estafa y se dedican a comprar títulos que son muy superiores y con esos títulos exigen el pago del valor nominal”.
“Toda esta mafia tiene un seguro por si le llega a fallar, es una mafia organizada a nivel internacional”, consideró. El también ex miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Zaffaroni consideró que frente al fallo de la Corte de Nueva York se espera “un proceso de apelación que puede llegar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos” y que llevará “bastantes meses, por no decir al menos un año”.
También indicó que “llama la atención que estas noticias sobre los fondos buitres siempre salgan en tiempo electoral”, porque “daría la impresión que no corren los códigos de procedimiento sino los códigos electorales”. “En lo político se ve el oportunismo y en lo otro veo un negocio mafioso”, enfatizó el letrado.
Consultado sobre diversos fallos de la justicia local, Zaffaroni expresó su deseo de que “el Poder judicial se reorganice, que haya una Corte Suprema numerosa, que funcione con todos los defectos humanos que pueda tener, pero más o menos como funcionan los Tribunales superiores en los países civilizados, pero ese día lo veo lejos”.
Cómo comenzó el juicio por YPF
Tal como publicó LA NACION, el juicio por la estatización de YPF fue originalmente iniciado en 2015 tras la quiebra del Grupo Petersen, que ingresó a YPF de la mano de Néstor Kirchner. Burford Capital, un fondo especializado en este tipo de litigios compró en España las quiebras de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que los Eskenazi habían creado, para poder presentar la demanda en Nueva York contra la Argentina.
El juicio por la estatización de YPF quedó en manos de Preska, heredera del tribunal que encabezada el fallecido juez Thomas Griesa, quien llevó la causa de los llamados “fondos buitre”. Luego de años de presentaciones y mociones judiciales, el juicio se realizó finalmente en julio de este año. YPF logró salir ilesa de la causa, sin tener que afrontar costos para la compañía, pero Preska falló en contra de la República Argentina, alegando, básicamente, que la manera en la cual el gobierno de Cristina Kirchner llevó adelante la estatización violó los estatutos de la compañía, y Burford, dueña de los activos del Grupo Petersen, tenía derecho a una indemnización.
Emitido ese fallo, Preska debía dictaminar los parámetros para definir el rango que podía llegar a tener la indemnización. La discusión se centró en tres puntos: la fecha de la estatización, o de la toma de control de la compañía por parte del Estado; el cálculo del valor de la empresa, y la tasa de interés a aplicar a los fondos desde esa fecha. Preska terminó avalando todos los argumentos presentados por los abogados de Burford y rechazó los planteos de los abogados de la Argentina de la firma Sullivan & Cromwell LLP, dejando al país debilitado de cara a la negociación que ahora el país deberá encarar con Burford.
Fuente: La nacion