Comienza este miércoles el juicio para decidir los daños económicos que el Estado Nacional deberá pagar a Burford. Puede variar entre 4900 y 16000 millones de dólares, dependiendo de la tasa de interés y la fecha en que definan que la República Argentina obtuvo el control de las acciones de la petrolera.
Tras ocho años de litigio, este miércoles comenzarán las audiencias para definir el monto de los daños económicos por el juicio que el fondo buitre Burford le inició a Argentina por la forma en que se nacionalizó YPF – sin realizar una Oferta Pública de Adquisición-. La disputa en los tribunales neoyorquinos será para determinar el monto que la Nación deberá pagar, que puede variar entre 4900 y 16000 millones de dólares dependiendo lo que se resuelva en estos tres días, representando el juicio más costoso que Argentina tiene en el exterior y uno de los más importantes en la historia de las cortes de Estados Unidos.
La jueza Loretta Preska, que sucede a Thomas Griesa en los tribunales de Nueva York, escuchará a las partes para determinar el monto que la República Argentina deberá pagar en base a dos cuestiones de daños que dejó sin resolver en su fallo en contra del Estado Argentino el 31 de marzo y significan una diferencia de hasta 11.100 millones de dólares. El monto variará en función de la fecha en que Preska tome como que Argentina obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación, y la tasa de interés que se utilice por la demora para actualizar la indemnización.
En disputa
Las audiencias que se llevarán a cabo los próximos tres días en la ciudad de Nueva York le pondrán número a un proceso que ya lleva ocho años de disputa entre el fondo buitre Burford Capital y la República Argentina, cuya defensa y apelaciones están en manos de la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini. La importancia radica en que, en función de cómo la jueza resuelva las dos cuestiones de daños, Argentina deberá pagar 4900 o 16.000 millones de dólares al fondo buitre. La diferencia es muy grande (11.100 millones de dólares) para un país mega endeudado con el FMI y con el 40 por ciento de su población bajo la linea de pobreza.
Una de las cuestiones en pugna es la tasa de interés que se utilizará por los años de demora del pago de la indemnización, decisión que implica hasta 7600 millones de dólares de de diferencia dependiendo si la jueza opta por tomar el 0 por ciento que considera debería pagar la República Argentina y el 8 por ciento que pide Burford.
“Los peritos de la República testificarán que en Argentina, al igual que en Estados Unidos, el objetivo de los intereses de demora “es resarcir a los demandantes, pero no darles una ganancia inesperada”, aseguró la defensa Argentina en el informe previo al comienzo del juicio este miércoles.
La otra cuestión en disputa es la fecha en que Argentina obtuvo el control de las acciones de YPF (y no de YPF), sujetas a expropiación. Los demandantes la sitúan el 16 de abril de 2012 , cuando se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso y se emitió un decreto que designó un interventor del Ejecutivo que desplazó al directorio de YPF. La República, en cambio, explica que no fue antes del 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigor de la Ley de Expropiación 26.741 que facultó al ejecutivo a empezar a ejercer los derechos políticos y económicos de las acciones. “Fue la ley la que le dio la postestad a la República de obtener el 51 por ciento de las acciones de YPF que antes tenia Repsol”, alega Argentina en su escrito. La diferencia del pago si se empieza a contabilizar en una fecha u otra es de 3400 millones de dólares.
Los montos en juego son muy grandes. Si la corte falla en contra de la demanda y deja que Argentina no pague intereses y elige la fecha 7 de mayo, los beneficios para Burford son de 5000 millones de dólares. Si la corte falla a favor de la demanda en las dos partes, puede obtener 16.000 millones de pesos -un monto superior a la capitalización bursátil de YPF- por su antigua participación en aproximadamente el 28 por ciento de las acciones de YPF. Teniendo en cuenta que Burford compró por solo 15 millones de dólares el litigio al administrador del concurso español de Petersen y el derecho a quedarse el 70 por ciento del recupero de la eventual sentencia, el buitre obtendría ganancias muy por encima de la inversión realizada. En cualquiera de las dos alternativas el monto ubica al juicio entre los diez más importantes (por su monto) en la historia de las cortes de Estados Unidos.
Alerta buitre
El juicio que llega a su recta final comenzó cuando en 2015 el fondo buitre Burford Capital le compró a las firmas Eton Park y Petersen Energía, que eran accionistas minoritarias de YPF al momento de la reestatización, el derecho a litigar contra la República Argentina por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).
Tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem, el país se comprometía a que cualquier operación de adquisición de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta de compra por el total de las acciones del mercado. En 2012 la República adquirió el 51 por ciento de las acciones de la mayoritaria Repsol y no realizó una OPA al resto de los accionistas, hecho por el cual aseguraron haber sido perjudicados.
El 31 de marzo Preska falló contra la República aunque no determinó el monto que deberá pagar. En ese mismo fallo de marzo, Preska eximió de responsabilidades a YPF – que también fue demandada por el fondo buitre Burford-, ya que los estatutos no obligan a la petrolera a “hacer cumplir los requisitos de la oferta pública de adquisición o sanciones por no hacerlo”.
Lo distintivo de este caso es la característica del demandante: el fondo buitre Burford Capital, cuyas acciones en la Bolsa de Nueva York aumentaron 53,19 por ciento tras conocerse la decisión de Preska en marzo pasado. Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Burford se constituyó el 11 de septiembre de 2009 en el paraíso fiscal de Guernsey, isla del Canal de la Mancha.
Para este fondo, el caso YPF no es uno más en su cartera de negocios. Cuando comenzó a cotizar como empresa pública en la bolsa de Nueva York, el 19 de octubre de 2020, tuvo que presentar informes y balances reglamentarios a los accionistas. Allí quedó expuesto que este juicio es el principal activo en su cartera. A diferencia del tradicional accionar carroñero, Burford Capital no compró bonos en default para reclamar luego el cobro del ciento por ciento más intereses y punitorios, sino que se hizo con los derechos de un inversor quebrado de YPF para litigar por la expropiación de la mayoría de acciones de la compañía. Tampoco cuenta con la espalda financiera que tienen los fondos buitres más tradicionales.
Antes de que el fallo quede firme, la República cuenta aún con dos instancias de apelación para no pagar, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, la jueza podría ordenar que Argentina abone una garantía además de que arriesga a que Burford también apele y pida que se revoque la exoneración de YPF.
Fuente: Pagina 12