El encanto de las películas de suspenso es no revelar la trama hasta el final, por eso sigue siendo tan efectivo el remate en aquel chiste de Les Luthiers: “Usted no adivinará hasta el último minuto que el asesino es Jack el foraster”. Vayamos por partes, como estilaba otro Jack.
El 11 de octubre de 2018 Patricia Bullrich sostuvo en el Congreso, ante la lamentable Bicameral de Seguridad (nivel Cabandié), que al asumir su gestión una auditoría registró, en el marco del acuerdo con Israel, deterioro en bienes adquiridos por esa vía y 41 millones de dólares transferidos a ese país sin contraprestación alguna, por lo que su dilema fue: “¿Hacemos la denuncia penal o tratamos de recuperar la plata?”. Nadie repreguntó.
Extraño planteo, porque denunciar hechos delictivos no es facultad discrecional de los funcionarios. Sorprendente además, porque no se condice con la feroz celeridad con que supo dar curso a la opereta contra Juan José Gómez Centurión. Cuya honestidad se acreditó luego en Tribunales.
Consultando si la denuncia se había presentado, una alta fuente ministerial afirmó a este cronista que: “Hicimos la denuncia y han sido llamadas (Nilda Garré y Cecilia Rodríguez) a indagatoria. Y además recuperamos el dinero”. Se contrapone ello con una versión tribunalicia indicando que Garré sí fue citada a indagatoria, pero que Rodríguez todavía no.
Ahora bien, en cualquier caso la sola existencia de la causa Garré, Nilda y otros s/ abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación a la administración pública, que sin atraer la atención de prensa y ciudadanía tramita o duerme como Expediente 7414/17 en el Juzgado Federal 5, a cargo de la Dra. María Eugenia Capuchetti, atestigua que Bullrich no puede desconocer la capacidad del kirchnerismo para lesionar los intereses del Estado.
MANA BIBLICO
En aquel lejano 2018, antes de la epidemia del síndrome de Groucho Marx, el senador Miguel Angel Pichetto, además de oponerse al desafuero de Cristina Fernández, buscaba consensos para que la explotación de Vaca Muerta sea asumida como política de Estado, algo que también expresaba el entonces renovador Sergio Massa, luego reconvertido al kirchnerismo. Ocurre que toda la casta política se frota las manos viendo al potencial económico del yacimiento de petróleo y gas como un nuevo maná bíblico -del subsuelo en este caso-, que graciosamente cubra sus despilfarros crónicos y los alimente por los próximos cuarenta años.
Ya devenido cambiemita, aunque sin dejar de garantizar los fueros que dan impunidad y mantienen fuera de la cárcel a Cristina Fernández, Pichetto propuso en junio de este año que para consolidar a Vaca Muerta como meta nacional se estableciera sobre el yacimiento jurisdicción militar. Esa propuesta, demasiado audaz para la progresía gobernante, volvió a dejar expuesta la incapacidad del jefe de Gabinete Marcos Peña; porque en lugar de ser abordada en conjunto por el equipo ministerial fue tomada, a su modo, por la impaciente Bullrich que, a través de la Resolución 768/2019, extendió la jurisdicción de Gendarmería Nacional a las áreas que el Director Nacional de la fuerza determine dentro del espacio geográfico de la formación geológica Vaca Muerta a fin de garantizar seguridad para la explotación de hidrocarburos y el suministro de bienes e insumos.
Delega así una gran responsabilidad que, dada la importancia estratégica del objetivo, corresponde sea asumida por instancias de conducción política. Porque luego está la proyección del inminente cambio de gobierno y las necesarias suspicacias. Veamos.
SEGURIDAD NO TIPICA
Patricia Bullrich al fundamentar públicamente su decisión habló de seguridad no típica para, inmediatamente, traer a colación los elementos que se proyectan adquirir, como cámaras y sistemas antidrones. Y los considerandos de la Resolución 768/2019 dejan claro que se apunta a proveer protección física, esto es presencia humana o tecnológica del Estado Nacional. Consecuentemente, anticipa que se asignaran recursos suficientes para prestar y/o coadyuvar a las autoridades locales en materia de seguridad, en todo cuanto respecta a la protección de bienes y personas, así como a la efectiva provisión constante de los insumos necesarios para la explotación del área. La asignación de esos recursos queda dispuesta por el Artículo 3º de la Resolución:
“EL MINISTERIO DE SEGURIDAD preverá los créditos necesarios para la adecuación de la infraestructura, dotación de bienes muebles y demás efectos necesarios para el cumplimiento de la presente”.
Ciertamente puesto en contexto político, cuando el gobierno está posible y muy probablemente de salida, lo decidido sea una torpeza que se presta a suspicacias. Porque, sin importar lo que digan las normas sobre compras por parte del Estado, cualquier caja en manos del kirchnerismo puede convertirse en la caja de Pandora, versión Cristina, de la que salen tanto bolsos cargados con billetes al peso como 41 millones de dólares a proveedores israelíes (y sus socios argentinos) sin contraprestación a cambio. No se requiere mucha imaginación para advertir que la resolución de Bullrich, tal cual ha sido redactada, será un cheque en blanco para el ministro kirchnerista que venga a ocupar su lugar. Porque la corrupción es al kirchnerismo un final tan anunciado como el de Jack el forastero.
Aprovechar el potencial que Vaca Muerta supone para el crecimiento económico argentino requiere acreditar decencia, prudencia, responsabilidad y transparencia en todos sus aspectos. También en seguridad.
Fuente La Prensa