En 2011 Yanis Varoufakis -economista, académico y luego ex ministro de finanzas griego- publicó El Minotauro Global, un ensayo que reconstruye el recorrido de la economía mundial desde mediados de la década de 1970 hasta el crash financiero del 2008 y sus consecuencias inmediatas. Allí el autor sostiene que desde los 70’s Estados Unidos alimentó a la economía global al consumir las exportaciones provenientes del resto del mundo, para que luego las ganancias de otros países regresaran nuevamente hacia las instituciones que permitían sostener los déficits gemelos de la gran potencia del norte: Wall Street y la deuda emitida por el Tesoro de los EE.UU. Varoufakis utiliza la metáfora del Minotauro para caracterizar los flujos financieros a escala global que volvían a los Estados Unidos en forma de ‘tributo’ a un gran poder.
Actualmente, otro minotauro viene siendo alimentado desde la economía argentina, y se llama Vaca Muerta, considerado una de las principales ‘bombas de carbono’ del mundo. La ofrenda enviada para saciar el hambre del principal yacimiento no convencional de petróleo y gas en la región consiste de territorios -muchos de ellos indígenas- para que sean convertidos en zonas de sacrificio en nombre de un supuesto bien mayor: la soberanía o seguridad energética y la generación de divisas y puestos de trabajo.
Un reciente estudio publicado en el journal Nature Climate Change advierte sobre la posible caída repentina del precio de los combustibles fósiles para antes del 2035, con o sin intervención de políticas climáticas, lo cual supone un cataclismo para proyectos de alta demanda de infraestructura como Vaca Muerta que prometen convertir a nuestro país en la próxima Arabia. Una pregunta incómoda se anima a desafiar los esquemas de la mitología neoextractivista: ¿podrá la Argentina encontrar la manera de dejar atrás al minotauro y salir de su laberinto económico antes de que reviente la próxima burbuja del precio del petróleo y repensar sus estrategias para alcanzar un desarrollo sustentable que le permita afrontar los nuevos desafíos socioeconómicos que implica el cambio climático?
A falta de ambición climática por parte de algunos países más desarrollados para reducir sus emisiones de carbono, la Argentina no se encuentra lo suficientemente presionada desde su condición periférica como para incrementar su acción climática en términos de mitigación de proyectos de combustibles fósiles. Esto se vio reflejado el pasado 12 de septiembre cuando el candidato a presidente por el Frente de Todos declaró públicamente su alivio ante el anuncio de la Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero de los Estados Unidos (OPIC, por sus siglas en inglés) de un paquete de inversiones valorado en USD 450 millones para el desarrollo de la industria petrolera en yacimientos no convencionales, pero también de USD 216 millones en proyectos de energía eólica. El problema del minotauro nacional obliga a un diálogo entre disciplinas a veces disímiles como la economía, la geopolítica y el derecho internacional. A continuación se presentan algunos testimonios de expertos sobre el fenómeno de Vaca Muerta desde sus respectivos campos de estudio.
La realpolitik económica
Tres factores se conjugan en la actual coyuntura de Vaca Muerta: la soberanía energética, la fragilidad del precio del petróleo a nivel nacional y la crisis económica que agudiza la fuga de divisas extranjeras. Consultado respecto a esta triada, el analista geopolítico Julio Burdman opina que el tercer elemento es el que más pesa dentro del debate nacional, ya que “YPF privatizada fue una fuente de salida de divisas más que de soberanía energética, y durante el último kirchnerismo la premisa fue no la salida sino la entrada de dólares al sistema energético, y si bien la crisis bélica en el Golfo Pérsico está impactando sobre el precio internacional del barril, es una variable externa que nadie puede manejar”.
Desde el seminario Energía y Desarrollo de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, Adrián Sargento explica que Argentina se benefició con la curva de aprendizaje de EE.UU. en materia de fracking, aunque si en nuestro país se repite la misma desilusión que en el país del norte -donde según OilPrice 9 de cada 10 empresas de shale tienen balances negativos- puede resultar en catástrofe. Sargento recuerda que “hasta 2018 se podía retirar los subsidios a la población y dárselos a los petroleros que aumentasen la producción, pero a partir de la devaluación de mayo del año pasado se frenó la estampida contra la gente”. Sin embargo, sigue siendo un tabú la discusión sobre la dinámica de los subsidios públicos y la fantasía, tal como informa OPSur, de ser como Texas.
En adición, Juan José Carbajales, señala que Vaca Muerta se inscribe dentro de un territorio ya de por sí petrolero, con la novedad de que ahora se sabe de la cuestionable rentabilidad en términos de ganancias y los impactos ambientales en forma de sismos, derrames, incendios y explosiones que ya le han costado a varios operarios. Además, el experto considera que “la estrategia nacional apuntó, en un primer momento, a asegurar el autoabastecimiento de gas, pero que ahora debería pensar en el largo plazo y dirigir esfuerzos para transicionar hacia las renovables, sobre todo teniendo en cuenta que los nuevos contratos adjudicados dentro del plan RenovAr no están consiguiendo financiamiento debido a la fragilidad del contexto macroeconómico local”.
Dos lecciones para el desarrollismo argentino
La primera lección es la de Holanda y el yacimiento de gas Groningen, responsable del denominado ‘síndrome holandés’, ya que desde 1963 generó una bonanza que fortaleció a la moneda en los 70’s mientras que los ingresos fueron utilizados -sin mucha proyección a futuro- para cubrir el gasto público, ocasionando una crisis financiera a principios de los 80’s. Hoy en día está en fase descendente y la clausura de las operaciones acaban de ser adelantadas del 2030 al 2022 por presión de grupos ambientalistas dado que su explotación va a contramano de los compromisos asumidos para reducción de emisiones, además de que sería la causa de temblores en la región. A esto hay que sumarle el caso de la ONG Urgenda en representación de 900 ciudadanos holandeses contra el gobierno de su propio país en el cual un Tribunal de Apelación de La Haya ratificó una sentencia que ordena al gobierno holandés a recortar las emisiones de gases con efecto invernadero en al menos un 25% para 2020, lo cual implica un fallo histórico ya que la acción ciudadana logró que el tribunal establezca la existencia un “deber de cuidado” por parte del Estado frente al cambio climático y lo obligó a tomar medidas más ambiciosas de mitigación.
El segundo ejemplo es el Fondo Soberano de Noruega, cuyo diseño comienza en los ‘80s, se legisla en 1990 y entra en vigor en 1996 cuando el país ya era número uno en desarrollo humano. El sociólogo Daniel Scheintgart, quien estudió en profundidad a este país del norte, explica que “el fondo comienza a ser operativo cuando Noruega ya era un país hiper rico, y revisando la historia previa, vemos que la la política que tuvieron los noruegos respecto al petróleo fue muy nacionalista, ya que en los años ‘60 comienza a explorar el Mar del Norte y en 1969 se descubre un gran yacimiento llamado Ecofisk, una especie de Vaca Muerta nórdico, entrando en operaciones en 1971”. A las empresas extranjeras, que eran las que dominaban la tecnología, se les asignan algunas licencias con muchas condiciones, que incluían transferencia tecnológica contrato de proveedores locales. Paralelamente, en 1972, se crea Statoil, la YPF noruega, a la cual se le dieron muchos privilegios y los mejores yacimientos para que sea un campeón nacional. Todo el periodo de los ‘70s y ‘80s, hasta los ‘90s, es un periodo en el que las empresas transnacionales hacen transferencia tecnológica al tejido local y Statoil va aprendiendo hasta que en el año 2000 es parcialmente privatizada para poder internacionalizarse más fácil y operar en otros lados: “el fondo es una suerte de conservadurismo fiscal que redujo la tasa de crecimiento de Noruega, partiendo de un nivel altísimo, pero el país tiene una cantidad de divisas tan elevada lo cual hace que esté prácticamente blindada contra restricciones externas.”.
Hacia fines de 2017, Noruega anunció que su fondo soberano prevé deshacerse de sus inversiones en combustibles fósiles a modo de reducir la exposición del Estado ante una posible caída permanente en los precios del petróleo y el gas para reinvertirlo en sectores más sustentables. En esta línea, Erico Spinadel, presidente de Argentina Eólica, considera que el anuncio de la OPIC en proyectos eólicos -hoy apenas un poco más del 4% de la matriz-, debe ser bienvenido y celebrado, aunque el monto sea inferior a lo destinado a combustibles fósiles. Este divulgador sostiene que “en 70% del territorio nacional hay suficiente viento como para cubrir toda la demanda de energía doméstica, pero lo que aún falta es infraestructura en las líneas que permitan la distribución desde los molinos a los consumidores”. Además, de impulsarse la conversión a hidrógeno líquido a partir de los vientos patagónicos, Spinadel cree que Argentina podría convertirse en la Kuwait del siglo XXI.
La crisis climática pone a prueba al derecho internacional
Sol Meckievi, abogada especializada en derecho ambiental e investigadora del Centre for Environment, Energy and Natural Resource Governance (C-EENRG) de la Universidad de Cambridge, explica que según el informe de Carbon Majors -la base de datos más completa de emisiones históricas de gases de efecto invernadero a la fecha- “solo 100 empresas son fuente de más del el 71% de los gases de efecto de invernadero (GEI) mundiales desde 1988, año en que el cambio climático antropocénico fue reconocido oficialmente mediante el establecimiento del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC)”.
Miguel Saldivia, abogado y también doctorando del C-EENRG, aclara que “el Acuerdo de París se diferencia del Protocolo de Kyoto en cuanto a que son las propias partes signatarias las que establecen sus objetivos de reducción de emisiones, a partir de la noción de responsabilidades comunes pero diferenciadas y en base a sus capacidades respectivas.”. Los países se comprometen además a revisar sus contribuciones para la reducción del calentamiento global cada 5 años y en caso de ajustarlos, los nuevos objetivos solo pueden ser más ambiciosos, es decir que no se puede reemplazar las metas por otras que implique mayores emisiones que las ya comprometidas. Los denominados ‘bonos de carbono’ dependen del Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM, por sus siglas en inglés) establecido por el Protocolo de Kioto, el cual establece que por cada tonelada de CO2 generada por países desarrollados se debe emitir un bono que permita invertir en proyectos de energías limpias y/o reforestación, principalmente en países subdesarrollados.
Este esquema viene siendo cuestionado por su integridad, y además actualmente se encuentra paralizado al ser más estricto que el Artículo 6 del Acuerdo de París -el cual se refiere a la capacidad de las partes para cooperar voluntariamente en la aplicación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional para lograr una mayor ambición. Este es uno de los temas que deberán tratarse en la próxima conferencia de las partes (COP25) a realizarse en Santiago de Chile en diciembre próximo, ya que actualmente existe una superposición de marcos regulatorios entre lo establecido por el Protocolo de Kioto (1998), la enmienda de Doha (2012) y el Acuerdo de París (2015), lo cual puede resultar en un obstáculo para el alineamiento de las obligaciones de reducción de emisiones entre los países desarrollados y el Sur Global cuando se supone que los compromisos asumidos en 2015 deben entrar en vigencia en 2020.
Un nuevo pacto verde para salir del laberinto
Hoy en día, Varoufakis está de vuelta en el parlamento helénico con una agenda progresista e impulsa un Nuevo Pacto Verde que permita no solo salvar a la humanidad de la catástrofe ecológica, sino también evitar otro desplome del sistema económico y bancario que arrastre a la economía global hacia un torbellino recesivo aún mayor que el del 2008. Partiendo de una mirada realista respecto al actual contexto de crisis financiera, difícilmente alguien pueda pretender que del próximo gobierno argentino surja un guerrero como Teseo que acabe con el Minotauro y luego escape del laberinto con la ayuda de Ariadna.
El dilema de contar con un stock de petróleo y gas como salvavidas económico de nuestro país abre dos frentes insoslayables: por un lado las demandas de la sociedad civil de un nuevo modo de producción ambientalmente justo, y en paralelo la necesidad de implementar políticas de Estado que permitan ir cerrando la mitología fósil de Vaca Muerta durante esta próxima década con la implementación de rigurosos controles ambientales y una reorientación de excedentes a un fondo soberano que permita financiar progresivamente la transición energética que la Argentina y el planeta desesperadamente necesitan.
El autor es sociólogo (UBA) y estudiante de MSc en Ambiente y Desarrollo Sostenible (UCL).
Fuente: Infobae