En lo formal, ahora debería abrirse una negociación entre el país y Burford Capital, el fondo que presentó la demanda y obtuvo un fallo favorable de la jueza Loretta Preska. Cuáles las son las opciones del país y los nombres “sorpresa” que podrían aparecer en la lista de acreedores.
El juicio en Nueva York por la manera en que Argentina renacionalizó YPF en 2012, y que hasta aquí tiene sentencia favorable a los demandantes, tuvo el viernes un nuevo capítulo, que anticipa un nivel de pleito y conflicto político superior.
El Gobierno, a través de sus abogados y los dos fondos que ganaron la causa, Burford y Eton, avanzarán ahora en una nueva era de negociación sobre cómo continuarán los tiempos del caso, que derivará en un tiempo de discusión (que será fallida) para eventualmente ponerse de acuerdo en el dinero que Argentina debería abonar (una utopía).
Pero también se deberá avanzar en otro capítulo expectante: si se le pide o no a la jueza norteamericana Loretta Preska, aplicar la cláusula “Discovery”, por la cual el país podrá reclamar su derecho a saber a quién le pagará el fallo en contra. La decisión final la tendrá la magistrada, que heredó el sillón que en su momento ocupara Thomas Griesa, que en definitiva tendrá en sus manos desatar o no un nuevo escándalo de corrupción en la Argentina.
La jueza de primera instancia del Segundo Distrito Sur de Nueva York, que tendrá en su poder la resolución final de la causa que el fondo Burford ganó al país por la reestatización de YPF en 2012, podría decidir la apertura de los accionistas totales que litigan contra el país, antes de pagar o de rechazar la liquidación que reclaman los demandantes, y que podría llegar a los US$ 3.000 millones.
Esto pasará si Preska habilita el mecanismo de “Discovery Process”, por el cual se requeriría que los accionistas que tienen acciones del litigio iniciado por Burford Capital, blanqueen su identidad ante el tribunal, como condición anterior a recibir el dinero.
Si esto sucediera, se conocerían quiénes son, con nombre y apellido, los litigantes contra el país asociados con el fondo Burford que comanda las acciones legales. En ese listado, se sospecha, tanto en Buenos Aires como en el propio tribunal de Nueva York, los nombres que podrían aparecer serían sorpresivos y podrían incluir incluso apostadores locales en contra del país, en una inversión con potencial de ganancia megamillonaria y cuya suerte dependería de lo que resuelva Preska.
En tiempos de especulación podría incluso pensarse que podría haber en ese listado ex y actuales funcionarios, tanto del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como el de Mauricio Macri; administraciones sobre las que cayó el tiempo clave de la causa en su etapa de preparación. También empresarios y hombres de negocios en general.
En todos los casos, se trataría de personas que intentaron especular con que Burford llevaría adelante el caso con éxito y que la Argentina inevitablemente lo perdería, con lo que el país estaría condenado a pagar una suma millonaria en dólares que les permitiría a los accionistas apostadores una rentabilidad inédita a nivel mundial. Superaría incluso, en dólares, la inflación en pesos acumulada durante el Gobierno de Mauricio Macri.
Negocio único a nivel mundial
La decisión de la jueza de Nueva York no será inmediata y dependerá de la negociación -seguramente fallida- que comenzará esta semana. Luego, la amplitud de ese requerimiento dependerá de la decisión de la propia Preska, la que podría estar influenciada por la vehemencia que una de las partes pueda reclamarle.
Por ejemplo, la Argentina podría hacerle a la magistrada un pedido amplio para ejercer el derecho a saber a quiénes, con nombre y apellido, habrá que pagarle en el caso de una sentencia final negativa. En ese momento será una cuestión de Preska hacer el corte del pedido de información.
Podría reclamar que el listado se limite a los tenedores de acciones al momento de ejecutar la eventual liquidación. Esta opción le permitiría a los accionistas con identidad “complicada” desprenderse durante este año, lo más rápido posible, de sus posiciones y no figurar en el listado final.
Así, no se conocería su nombre, pero no llegarían al final de la causa con la ganancia máxima que sentencie eventualmente Preska. Igualmente, la rentabilidad sería, en dólares, extraordinaria.
Sin embargo, otra posibilidad sería que Preska decida una investigación más a fondo y que comience reclamando datos desde el mismo momento en que se privatizó YPF a comienzos de la década del 90. Podría también comenzar su recorte más acá en el tiempo, a partir de la reestatización de 2012 y la manera en que se resolvió dejar de lado en las negociaciones a los accionistas que quedaron fuera de los pagos resueltos por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Esto es, todos menos Repsol, que detentaba el 51% de las acciones. Si la decisión de Preska es esta última, no importaría que los tenedores complicados se apuren a desprenderse de sus tenencias en la causa, ya que igualmente quedarían expuestos a aparecer en los listados. La definición dependerá de la jueza, pero los abogados que representan a la Argentina podrían eventualmente presentar escritos para reclamarle a la Justicia de los Estados Unidos la identidad de las personas a las cuales les va a pagar.
Lo mismo pasó con el juicio contra los fondos buitre cerrado en abril de 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. A instancias del entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, se le pidió a Griesa, y este concedió, la elaboración de un listado total y detallado sobre quiénes eran los litigantes a los cuales el país les liquidaría sus tenencias por el juicio iniciado luego del default de 2012.
Giro demoledor
La causa se originó a partir de la aparición del fondo Burford Capital, una firma especialista en comprar a bajo precio causas con potencial de litigio internacional. Este fondo le adquirió a la Justicia española parte del manejo de la quiebra que las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que la familia Eskenazy creó en ese país, pero que al momento de la reestatización ya había abandonado y cuya propiedad había quedado flotando en los tribunales españoles.
Luego, una vez adquirido el paquete a precio de remate, mudó sus intereses a Nueva York. Precisamente, al mismo tribunal en el que la Argentina litigaba contra los fondos buitre: el de Thomas Griesa.
Sabía Burford que el juez norteamericano le haría un lugar al reclamo, ante el malhumor generalizado que en 2013 tenía Griesa contra el país por la batalla que el kirchnerismo hacía en ese juzgado por la demanda contra los fondos buitre.
La causa se basa en el reclamo de Burford por la manera en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada por Carlos Menem.
Allí el país se comprometía ante Wall Street, donde se lanzó la oferta de las ADR de la petrolera, a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina, obligaba a hacer una oferta similar o superior por el total las acciones remanentes.
Durante la reestatización, el gobierno de Cristina de Kirchner no le dio importancia a este punto. Tampoco el Congreso, que aprobó la compra de solo el 51% de las acciones.
El juego de Burford
Burford no es en realidad un fondo de inversiones o directamente un fondo buitre al estilo Elliott o Dart, sino que se trata de un sofisticado bufete de abogados con sede en Londres y cotizante en la Bolsa de esa ciudad. Se dedica a comprar juicios con altas posibilidades de éxito, pero con una larga demora en el tiempo para su resolución.
La clave del negocio es que la adquisición de una causa no la hace con capitales propios, sino con inversores que confían en su experiencia y aportan un puñado de capitales en una acción legal determinada y en cualquier mercado del mundo. Además de su sede en Londres y sucursales en varios países como Estados Unidos y Singapur.
Con el tiempo, los accionistas que acompañan una causa pueden, a su vez, vender esos papeles o comprar una porción mayor. También pueden figurar como socios, los tenedores originales de las acciones damnificadas y simplemente vender una parte de la causa global. Burford lo que hace luego es administrar la venta y compra de esas acciones.
En el caso de YPF, se sabe que sus socios tuvieron movimientos múltiples durante todos estos años. Incluso, Burford vendió en junio de 2017 el 15% de la causa en US$440 millones, luego de haber comprado todo el paquete por menos de US$30 millones a la Justicia española.
¿Quién puede ser ese tercer actor que adquirió ese porcentaje? El único que lo sabe es Burford. Podría ser un inversionista argentino o extranjero. Podría ser cualquier fondo buitre, o cualquier persona o holdout que haya sido demandante al país en el “juicio del siglo” cerrado en 2016. O incluso pude ser un ex o actual accionista de la empresa. O incluso una persona en particular.
Se trata en realidad de algo habitual en Burford, un fondo que no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su expertise son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso.
Siempre hay accionistas de la causa que capitalizaron y pueden elegir vender y capitalizar. Y, obviamente, otros quieren entrar. Para juntar las partes, Burford realiza la tarea de trader y administrador y garantiza el secreto de los participantes. Secreto que podría terminar si Preska decide aplicar de manera profunda el proceso de “Discovery”.
Fuente: MDZ