La publicación de una nota por parte del diario La Nación haciendo mención a la causa que investiga la persecución al Grupo Indalo y el desapoderamiento de los bienes de Oil Combustibles, pero omitiendo detalles importantes, parece haber reavivado la preocupación de los responsables. ¿Qué rol tuvo la YPF macrista en ese proceso? ¿Qué responsabilidad les cabe a los que parecieran ocultar la información ahora?
¿Pueden los funcionarios responsables de la compañía abstraerse del proceso de colaboración de información requerido por la Justicia, y de esta manera ser cómplices activos o pasivos del proceso de encubrimiento que se hace desde YPF SA con la Justicia?
Revuelo en la causa y tergiversación periodística
Como se narró en las páginas de Ámbito en la jornada de ayer, en una nota publicada por el diario La Nación cuyo título es “Sólo en Off: por olvidarse de ‘Pepín’, Cristina Kirchner puso la mira sobre dos vicepresidentes de una importante empresa”, el medio gráfico hizo referencia a algunas cuestiones relacionadas con el proceso de investigación que lleva adelante el Juzgado Penal Federal Nro. 1 de la Dra. María Servini, pero omitió otras, cediendo a la tentación de banalizar y hasta tergiversar lo sucedido.
Hablamos no sólo de la investigación que trabaja sobre la hipótesis de la persecución del Grupo Indalo por parte del operador judicial del expresidente Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, prófugo de la Justicia desde hace casi tres años, sino también de la necesaria colaboración en ese proceso de algunos funcionarios de la YPF macrista que, aunque cueste creerlo, siguen en la función a pesar de las evidencias en su contra.
Precisamente la Justicia ya comenzó a preguntarse por el rol que parece desempeñar la actual dirigencia de YPF, con dos de sus vicepresidentes investigados: Germán Vito Fernández Lahore, VP de Asuntos Jurídicos de la compañía, y Santiago Martínez Tanoira, VP de Gas y Energía.
Un dato que omite LN es que ante el cúmulo de indicios que se obtuvieron de dicho proceso judicial, como en el comportamiento judicial de YPF SA en el proceso concursal y falencial de Oil Combustibles SA, los querellantes en la investigación imputaron a YPF SA como partícipe de la organización que llevó adelante la persecución y desapoderamiento de activos de Oil Combustibles.
Omite LN que, debido a dicha imputación, el Juzgado Penal Federal Nro. 1 requirió de manera reiterada de YPF las explicaciones y el material respaldatorio que justificara la participación de YPF en el proceso de decisiones que la empresa adoptó en el período concursal y de quiebra decretada de Oil Combustibles.
En su lugar, LN prefiere señalar que “dos altos directivos de la petrolera YPF quedaron en la línea de fuego del kirchnerismo”, y, refiriéndose a la investigación antes mencionada, aclara: “Todo por un escrito. O mejor dicho, por un nombre no escrito”, refiriéndose a que, en medio de las respuestas que YPF le hizo a la Justicia, omitió el nombre de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.
Acto seguido, LN referencia a la existencia de un escrito presentado en diciembre pasado “sobre las actuaciones de los vicepresidentes de YPF Germán Vito Fernández Lahore, de Asuntos Jurídicos de la compañía, y Santiago Martínez Tanoira, de Gas y Energía”. La Nación publica además que “en el escrito se sostiene que la decisión de revisar los números de Oil Combustibles fue una directiva del CEO anterior de la compañía, Miguel Ángel Gutiérrez”, pero como se verá, surgen contradicciones a ese dato de los propios funcionarios de la firma.
El juego de las escondidas
Pero además, según el artículo de LN, “el problema para Tanoira y Lahore fue que el kirchnerismo descubrió que, en el escrito, cuando se refieren al Comité de Compliance de la compañía, el grupo que debía velar por el cumplimiento de las normas, se evitó nombrar a quien entonces lo presidía: Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón, el asesor judicial de Macri”.
Dice el artículo de LN: “Esa omisión enfureció al oficialismo, que quiere ver a Rodríguez Simón complicado judicialmente. El revuelo, según aseguran, llegó a los oídos de la vicepresidenta Cristina Kirchner”, al tiempo que agrega: “La convicción en el kirchnerismo es que Tanoire (sic) y Lahore lo protegieron a través del escrito. Y que la omisión del nombre de Rodríguez Simón en el documento presentado ante la jueza Servini estuvo lejos de ser casualidad”.
Incluso se aclara que “Actualmente, ‘Pepín’ Rodríguez Simón permanece en Uruguay, pese a los requerimientos judiciales, con el argumento de que el kirchnerismo le armó causas para detenerlo. La vicepresidenta lo apunta por las denuncias que proliferaron en su contra durante el gobierno anterior”.
Demoras, evasiones y omisiones de YPF
Como se mencionó ayer, lo concreto es que, en el marco de la investigación en el proceso de persecución y desapoderamiento de activos de la empresa Oil Combustibles en particular y Grupo Indalo en general y ante el cúmulo de indicios que se obtuvieron de dicho proceso judicial, emergió la imputación a YPF como partícipe de la organización que llevó adelante el proceso de persecución y desapoderamiento de activos de la sociedad Oil Combustibles.
También se explicitó ayer algo relevante: que si bien el Juzgado Penal Federal Nro. 1 le solicitó de manera reiterada a la actual dirigencia de YPF SA las explicaciones y el material respaldatorio que justificara la participación de esa misma petrolera en el proceso de decisiones que la empresa adoptó en el período concursal y de quiebra decretada de Oil Combustibles, éste sólo obtuvo respuestas que siempre fueron parciales, incompletas, incongruentes, en forma concomitante con demoras en las respuestas absolutamente sospechosas, además de nunca aportar la documentación respaldatoria que debería tener una compañía pública.
Huelga señalar, como ya se ha mencionado en numerosas oportunidades y con grado de detalle en este medio, cómo fue toda la operación macrista en la que intervino la entonces cúpula de YPF. No sólo Fernández Lahore y Martínez Tanoira habrían sido parte de las maniobras para que la gestión macrista de YPF se apodere a “precio vil” de los activos de Oil Combustible, empresa que fue víctima de persecución por cuestiones políticas y sometida a una asfixia financiera con el fin de quebrarla. En esa maniobra fue clave también el prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, ariete judicial de Macri para sus gestiones más oscuras.
El abogado de “Pepín” y miles de dólares
El juzgado investiga al abogado externo, el Dr. Marcelo Rufino, ligado al aún prófugo de la Justicia argentina “Pepín” Rodríguez Simón, quien cobró miles de dólares de honorarios de la petrolera estatal YPF por supuestas gestiones de intermediación y asesoramiento, especialmente por la venta de los activos petroleros de la firma Oil Combustibles que terminaron siendo rematados, se sospecha, a “previo vil”.
La confirmación de esta maniobra está siendo analizada por la jueza Servini, pero la documentación aportada ahora por YPF está plagada de faltantes e inconsistencias.
En rigor, en el último requerimiento efectuado por el Juzgado interviniente, además de pedir información de manera repetitiva a los anteriores requerimientos, solicitó al presidente de YPF, expresamente, que aparte de las respuestas que debe dar la empresa a los funcionarios de la sociedad, actualmente VP de la sociedad -Germán Vito Fernández Lahore y Santiago Martínez Tanoira-, ya que los mismos habían estado involucrados en las respuestas ofrecidas por YPF y de estas se traslucía el carácter absolutamente obstruccionista en la búsqueda de la verdad de la intervención de YPF en el proceso de persecución y desapoderamiento de Oil Combustibles.
El último 22 de diciembre, YPF responde al juzgado en nota sin firma alguna y basado en manifestaciones de las personas que fueran apartadas del proceso de investigación (Lahore y Tanoira) sin evidenciar si eso surge de un instrumento formal de la empresa, previo a la solicitud de apartamiento del Juzgado. Está claro que, en caso contrario, mostraría una clara violación de la instrucción recibida judicialmente por el Presidente de la sociedad -Pablo González-, y dejaría al descubierto el plan de encubrimiento que la sociedad mantiene sobre el hecho investigado.
El rol del Comité de Compliance
Al margen de esto último, en esa respuesta de YPF no se menciona el rol del Comité de Compliance de la firma. Sin embargo, la petrolera estatal indicó oportunamente que, desde el mes de mayo de 2016, el directorio de la compañía había autorizado la contratación del Dr. Rufino, a requerimiento del Comité de Compliance -el cual se constituyó en abril de 2016-, casualmente en forma concomitante con la exteriorización del proceso de persecución a Grupo Indalo y sus accionistas.
Se trata de un dato que no resulta menor, pues el denominado Comité de Compliance, creado el día 29 de abril de 2016, se encontraba presidido nada menos que por el imputado Rodríguez Simón, quien tuvo un rol protagónico en la persecución del Grupo Indalo. Huelga decir que, debido a esta sospecha, es que la Jueza Servini dispuso -hace casi 3 años- la orden de detención de Rodríguez Simón y requirió su extradición a la República Oriental del Uruguay, donde el rebelde se oculta.
Tanoira, YPF y la contradicción
Como se dijo, el VP Santiago Martínez Tanoira dejó trascender -a través de la nota a la que se hizo referencia anteriormente- que en una reunión “mantenida en su oportunidad” afirmó que, en febrero de 2018, el entonces presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez, fue quien lo instruyó verbalmente para involucrarse en el seguimiento de la empresa Oil Combustibles. Según Tanoira, Gutiérrez estableció además que el profesional con el que debía trabajar en el caso era el abogado externo Marcelo Rufino. En la nota presentada, sin embargo, se relató que Martínez Tanoira afirmó que en febrero de 2018 ni siquiera conocía al Dr. Rufino, que ignoraba “el alcance de las tareas que el Dr. Rufino debía realizar” y que a su vez desconocía “las instrucciones que al efecto le fueron impartidas a dicho profesional”.
La contratación de Rufino
¿Por qué y para qué fue contratado el abogado Marcelo Rufino? ¿Quién lo contrató? ¿Qué relación tenía Rufino con el operador prófugo “Pepín”Rodríguez Simón? Hay que remitirse a lo informado por YPF. En primer lugar, la petrolera estatal indicó que, desde el mes de mayo de 2016, el directorio de la compañía había autorizado la contratación del Dr. Marcelo Rufino, a requerimiento del Comité de Compliance -el cual se constituyó en abril de 2016-, casualmente en forma concomitante con la exteriorización del proceso de persecución a Grupo Indalo y sus accionistas.
No resulta menor, pues el denominado Comité de Compliance, creado el día 29 de abril de 2016, se encontraba presidido nada menos que por el imputado Rodríguez Simón, quien tuvo un rol protagónico en la persecución de nuestro representado, su socio y las empresas del Grupo Indalo.
La Justicia infiere que el Dr. Marcelo Rufino claramente tuvo un rol muy diferente a los motivos formales que figuran en el expediente y por el cual fue convocado y contratado, nada más y nada menos, que por quien fuera hasta el 9 de diciembre de 2015 su amigo y socio en el estudio “Llerena y asociados” el prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.
La conexión Rufino-”Pepín”
Según la información brindada por YPF: por su alto conocimiento en procesos judiciales complejos y en otros casos su alta performance en procesos de concurso y quiebras. Sin embargo, podría pensarse que pesó más su relación personal, profesional y económica con el prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón; y su relación personal y profesional con el irregular juez Javier Cosentino, juez subrogante, a cargo del juzgado que tuvo la responsabilidad de ejecutar el plan criminal en la fase comercial contra Oil Combustibles y las demás empresas del Grupo Indalo.
Otra pregunta que cabe realizarse es: ¿cuáles fueron los logros en el concurso y quiebra de Oil Combustibles por parte de Marcelo Rufino y sus beneficiosas amistades? Podría evaluarse que la idea siempre fue producir los actos necesarios para acorralar a Oil Combustibles y que la misma alcance la situación falencial. Por otro lado, seguramente se buscó el desistimiento judicial del proceso de Cram Down o salvataje de empresa, y de esta forma alcanzar la quiebra de la sociedad. Una más: obtener un contrato de alquiler de los activos de Oil Combustibles, a favor de YPF SA, en contra de las recomendaciones de los colaboradores de la Justicia (síndicos) o quizás, obtener una cláusula inédita en el contrato de alquiler, por la cual le daba a YPF SA un derecho de preferencia al momento de la venta de los activos de Oil Combustibles. También, ahora sí por último, alcanzar la compra de los activos petroleros de Oil Combustibles a precio vil, gracias, nada más y nada menos, que a la cláusula obtenida en el contrato de alquiler.
Huelga mencionar que Marcelo Rufino, en su descargo ante el Juzgado, afirmó textualmente que “en el mes de febrero de 2018 [fue] convocado por el Vicepresidente de Downstream de YPF -Ing. Santiago Martínez Tanoira-, a fin de intervenir como letrado en representación de YPF” en los asuntos referidos a Oil Combustibles SA. ¿Quién miente?
¿Qué hizo YPF con los activos adquiridos en forma ilegal?
Es interesante seguir el camino de los activos que YPF adquirió mediante las irregularidades que se marcaron, ya que de la naturaleza de ese recorrido surge lo amañado de todo. Por ejemplo, la refinería de San Lorenzo está ahora abandonada (hoy importamos combustibles usando divisas escasas en el país). El puerto de carga y descarga de San Lorenzo, abandonado (se trata de uno de los puertos de agua profunda sobre el río Paraná).
Por otro lado, hay que mencionar que el personal de Oil Combustibles SA, que entre directos e indirectos alcanzaba la suma de 12.000 trabajadores en aquel momento, en su gran mayoría se encuentra desocupado. También, que la red de estaciones de servicio, que a principios de 2016 alcanzaba entre sus distintas variables de despacho 420 puntos de venta, fue el camino para que YPF se comprometa con terceros a transferir a precio vil dicha red y además a suministrar combustibles a dos compañías por importes superiores a los 10.000 millones de dólares en el plazo de los contratos.
¿Quiénes son estas compañías? La primera es Dapsa, de supuestos accionistas mayoritarios suizos, desde diciembre de 2018. Esta firma celebró un contrato con YPF por la compra de una parte de los puntos de venta (9 millones de dólares a pagar en plazo), y obtuvo de YPF un contrato de abastecimiento de combustibles por un valor total de casi 7.000 millones de dólares, con una línea de crédito de casi 75 días por la cual le permitía pagar el combustible retirado casi dos meses después que lo cobró a sus clientes. ¿Cuándo se celebró este contrato? A finales de noviembre de 2018. ¿Qué pasó después de la firma del contrato? Los accionistas controlantes de DAPSA (españoles) transfirieron su tenencia accionaria a la sociedad controlada mayoritariamente por accionistas suizos, a principios de diciembre de 2018. ¿Mucha casualidad?
La otra compañía es Delta Patagonia (Gulf), de supuestos accionistas mayoritarios de nacionalidad paraguaya. Esta firma celebró un contrato con YPF por la compra de una parte de los puntos de venta (15 millones de dólares a pagar en plazo), y obtuvo de YPF un contrato de abastecimiento de combustibles por un valor total de casi 3.000 millones de dólares, con una línea de crédito de casi 75 días, por la cual le permitía pagar el combustible retirado casi dos meses después que lo cobró a sus clientes. La sociedad fue constituida apenas unos días antes de la celebración de los contratos mencionados.
¿De qué forma administró YPF ese patrimonio adquirido?
En la causa se señala que el 13 de septiembre de 2018, la firma Dapsa formuló una propuesta de participación conjunta dirigida a YPF y a Santiago Martínez Tanoira, mediante la cual se proponía que ambas compañías realizaran una oferta mancomunada en el proceso falencial de Oil Combustibles. YPF aceptó las propuestas realizadas por Dapsa, sin indicar en ningún caso cuál fue el procedimiento ajustado a los principios de administración de la empresa que autorizaba a los firmantes a llevar adelante tal acto jurídico.
Ante la reiteración de no aportar la documentación respaldatoria, podría pensarse que no existían procedimientos formales en dichos procesos empresariales, y por consiguiente, que las decisiones fueron tomadas en un marco de absoluta informalidad y dentro del marco de persecución que se realizaba contra Grupo Indalo, sus sociedades y sus accionistas, en el cual, como se dijo, Fabián Rodríguez Simón fue su principal articulador.
El día 31 de octubre de 2018 Dapsa formuló una segunda oferta dirigida a YPF, en la cual propuso abonar nueve millones de dólares (u$s9.000.000) por una porción de la red de estaciones de servicio de Oil Combustibles, liberando a YPF para vender a un tercero el resto de la red en un plazo de noventa días. En caso de que las gestiones de la petrolera estatal no arribaran a buen puerto, Dapsa se comprometía a abonar el saldo restante de nueve millones de dólares (u$s9.000.000), pasando a ser titular del 100% de la referida red de estaciones de servicio. El mismo día que las recibió YPF no se indicó en ningún caso cuál fue el procedimiento ajustado a los principios de administración de la empresa que autorizaba a los firmantes a llevar adelante tal acto jurídico.
Al igual que en el caso anterior, ante la reiteración de no aportar la documentación respaldatoria, podría suponerse la inexistencia de procedimientos formales en dichos procesos empresariales, y por consiguiente, que las decisiones fueron tomadas en un marco de absoluta informalidad y dentro del marco de persecución que se realizaba contra Grupo Indalo.
Pero hay más. El 21 de diciembre de 2018 la empresa Delta Patagonia formuló una propuesta dirigida a YPF (con una particular mención a Santiago Martínez Tanoira) para adquirir las ciento seis (106) bocas de expendio de carácter minorista de Oil Combustibles (sobre las cuales Dapsa había perdido interés), por la suma de quince millones de dólares (u$s15.000.000). El mismo día que las recibió YPF, sin indicar en ningún caso cuál fue el procedimiento ajustado a los principios de administración de la empresa que autorizaba a los firmantes a llevar adelante tal acto jurídico. Una vez más, ante la reiteración de no aportar la documentación respaldatoria, podría suponerse la inexistencia de procedimientos formales en dichos procesos empresariales, y por consiguiente que las decisiones fueron tomadas en un marco de absoluta informalidad y vinculada a la persecución que se realizaba contra Grupo Indalo.
¿Saben todo esto los actuales responsables de YPF?
Cabría preguntarse si la dirigencia actual de YPF -donde permanecen Tanoira y Lahore- han tomado noticia de la situación. La respuesta es sí. Existió una reunión formal de la compañía a quien fuera CEO de la misma, Sergio Affronti, donde se lo ilustró del tema, se aportó información que sustentaba la sospecha. El propio Affronti asumió el compromiso de contratar un tercero independiente a efectos que practique una auditoría de gestión sobre el tema. A la fecha, no hay novedades ni conocimiento de que se haya realizado en este sentido acción alguna.
Por otra parte, también se solicitó una reunión formal al actual presidente de YPF, se lo ilustró del tema, y a la fecha no se tiene conocimiento que haya realizado los actos societarios correspondientes ante un supuesto desfalco de 10.000 millones de dólares al patrimonio de la sociedad.
Al margen de lo antes mencionado, y ante el conocimiento informal por parte de los querellantes de supuestas represalias por parte de VP de YPF, con las personas jurídicas y humanas vinculadas a los mismos, debido al proceso de investigación en la búsqueda de la verdad relacionada con el comportamiento de YPF en la persecución al Grupo Indalo, Oil Combustibles y sus accionistas, en el mes de diciembre de 2022 uno de los accionistas de Grupo Indalo hizo una exhaustiva presentación ante el área de Compliance de la empresa. Se desconoce a la fecha cuál ha sido el resultado de la investigación y si, debido a la gravedad de su importancia económica y la violación sistemática -en este accionar- a las normas de administración, transparencia y anticorrupción, la sociedad ha hecho las presentaciones correspondientes en los organismos de contralor de las Bolsas de Comercio en las cuales opera, e informado a sus directores y accionistas.
Como se mencionó al comienzo de esta nota, a medida que pasan los meses y años, son más las preguntas que por ahora quedan sin respuesta. ¿Puede una empresa que cotiza en Bolsas de Comercio tan importantes como Buenos Aires y Nueva York violar las normas de administración de sus bienes, así como también las de sus procesos de inversión y desinversión? ¿Puede una compañía pública, en forma reiterativa, obstruir el proceso de la búsqueda de la verdad ante un supuesto hecho delictivo que se realizó valiéndose de la misma? ¿Pueden los actuales responsables de la sociedad estar totalmente al margen de la investigación que podría ser uno de los mayores desfalcos al patrimonio de YPF SA, y por consiguiente ser cómplices activos o pasivos del mismo? ¿Pueden los funcionarios responsables de la compañía abstraerse del proceso de colaboración de información requerido por la Justicia, y de esta manera ser cómplices activos o pasivos del proceso de encubrimiento que se hace desde YPF SA con la Justicia?
Fuente: Ambito