La Secretaría de Energía, comandada por la massista salteña Flavia Royón, dio la vía libre para un nuevo aumento en las tarifas de energía eléctrica
Casi al mismo tiempo que cerraba un acuerdo con las petroleras para postergar hasta mediados de enero la suba promedio del 4% que está agendada para los combustibles; la Secretaría de Energía, comandada por la massista salteña Flavia Royón, dio la vía libre para un nuevo aumento en las tarifas de energía eléctrica que comenzó a correr desde el primer minuto de este año.
Se trata del ajuste tarifario destinado a las empresas eléctricas que operan las redes de transmisión de media y alta tensión a nivel nacional que había sido tratado en una audiencia pública realizada a fines de noviembre. Si bien los aumentos otorgados en los ingresos específicos de las transportistas eléctricas oscilan entre el 153,55% y el 155,96 %, el impacto final en las facturas de los usuarios residenciales de todo el país oscilará entre el 2,87% y el 3,15%.
Esto se debe a que, a diferencia de lo que sucede con los aumentos tarifarios para los sectores de generación y distribución que tienen una marcada incidencia en las boletas finales, las actualizaciones de los ingresos correspondientes a las transportistas eléctricas provocan una repercusión mínima en la composición de las facturas que reciben los usuarios.
Las operadoras de las líneas de transmisión desempeñan un rol clave en el sistema eléctrico nacional y desde el inicio del actual Gobierno ha venido reclamando una mejora en sus ingresos que les permita hacer frente a los crecientes costos operativos y salariales y las inversiones mínimas en mantenimiento que requieren las redes e instalaciones.
En las presentaciones efectuadas en la audiencia pública, las ocho empresas concesionarias del servicio de transporte eléctrico advirtieron que enfrentaban una “situación económica y financiera crítica debido a la disparada inflacionaria y los incrementos en los costos operativos y salariales registrados en el último semestre”.
Tras resaltar que en los últimos tres años solo habían recibido una mejora promedio en del 70% frente un incremento acumulado de los costos operativos superior al 370%, las transportistas salieron a reclamar un ajuste en sus ingresos que osciló entre el 190% y 210% para poder operar y mantener el servicio hasta diciembre de 2023.
¿Qué otras mejoras pidieron las transportistas?
Junto con esos aumentos, las empresas también solicitaron la aplicación de un esquema de actualización de tarifas trimestral que permita contrarrestar el doble efecto negativa del avance inflacionario y la suba constante de los gastos operativos y salariales.
Luego de evaluar los planteos de las empresas y con el visto bueno del área energética, la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) -que pilotea el massista bonaerense Walter Martello– resolvió autorizar los siguientes aumentos en los ingresos de las transportistas:
-Transener: 154,51%
-Transnoa: 153,55%
-Transnea: 154,73%
-Transcomahue; 155,49%
-Distrocuyo: 155,01%
-EPEN: 145,77%
-Transba: 154,07%
-Transpa: 155,96%
En el caso de TRANSPA -la transportista privada que tiene a Aluar como principal accionista y a la gasífera Camuzzi y a un grupo de cooperativas eléctricas de la zona como socias minoritarias-, el ente regulador le agregó al aumento otorgado el pago de canon mensual fijo de $ 305 millones durante cinco años para compensar lo invertido por la empresa en la reparación de la línea de alta tensión Futaleufú-Puerto Madryn, que había quedado dañada y fuera de servicio por una tormenta de nieve a mediados de 2020.
En cuanto al pedido de un mecanismo de ajuste automático de tarifas cada tres meses, el ENRE decidió no darle curso, con lo cual las transportistas deberán arreglárselas para transitar todo el 2023 sin recibir otro aumento.
A este ajuste para el transporte eléctrico le seguirán en febrero dos incrementos tarifarios más que están en carpeta para los sectores de generación y distribución. Por un lado, se vendrá la última tanda de aumentos en el valor de energía derivada de la “segmentación tarifaria”; que se vienen aplicando para los usuarios residenciales de mayores ingresos y los hogares de sectores medios que consuman más de 400 kWh mensuales en el área metropolitana y más de 650 kWh en las provincias que integran la región del Norte Grande.
Los aumentos para ese bloque de usuarios habían arrancado en octubre con una quita del 20% de los subsidios que dio paso a un ajuste tarifario promedio del 40%. Prosiguió el 1 de noviembre con una segunda poda del 40% de los subsidios vigentes que disparó una nueva suba promedio del 80% en el precio de la energía. Y apunta a concluir en febrero, con la eliminación de la última porción del 40% de los subsidios que volverá a disparar otro incremento promedio del 80% en el precio mayorista de la energía. El traslado de esas subas a las facturas implicará para esos clientes hogareños aumentos finales que van del 90% al 110%.
Por otro lado, llegarán los aumentos específicos previstos para las distribuidoras de la región metropolitana Edenor y Edesur. Los alcances de esos ajustes se tratarán en la audiencia pública que está convocada para el 23 de enero.
Cumplida la instancia previa de la audiencia –que no será vinculante y se desarrollará por medio de una plataforma digital-, el Gobierno deberá definir los porcentajes definitivos de los aumentos que se aplicarán a partir de febrero para mejorar los ingresos de Edenor y Edesur.
Pese a que todavía no han hecho las presentaciones en forma oficial, desde de las dos distribuidoras ya anticiparon que arrastran un atraso en sus ingresos correspondientes al VAD (Valor Agregado de Distribución) del 290% que, en caso de ser traslado íntegramente a la tarifa del servicio, implicaría un aumento promedio en las facturas finales del orden del 90%.
Fuente: Iprofesional