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Las empresas pymes productoras expresaron su “profundo rechazo” a la medida del Gobierno de compensar a las compañías con un subsidio ante el congelamiento de precios de combustibles, a cambio de desistir de los juicios multimillonarios contra el Estado.

La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB) expresó su “profundo rechazo” a la medida “extorsiva” por parte del Gobierno de compensar a las compañías con un subsidio ante el congelamiento de precios de los combustibles, a cambio de desistir de los juicios multimillonarios contra el Estado, tanto en el ámbito local como en el exterior.

El Poder Ejecutivo dispuso el lunes – a partir de la resolución 552/19 – una transferencia a las empresas productoras de biocombustibles beneficiarias del régimen de promoción, equivalente al 6% del precio establecido por la Secretaría de Energía para agosto de 2019, aplicable a la producción entregada al mercado local durante de septiembre de 2019.

Esta “transferencia del equivalente a un 6% del precio regulado del biodiesel que regía en el mes de agosto y la consiguiente condición de que las empresas pymes elaboradoras de biocombustibles renuncien a todo derecho de reclamo, no hace más que reflejar una maniobra completamente extorsiva por parte del gobierno, por lo que expresamos nuestro profundo rechazo”, indicó CEPREB a través de un comunicado.

A la falta de publicación de un precio en tiempo y forma, respetando la fórmula vigente a enero de este año, “se suma la omisión intencional por parte de la Secretaría de Energía de la Nación de fiscalizar el cumplimiento del corte obligatorio y la compra de biodiesel a las empresas pymes, conforme lo establece la ley 26.093”, denunciaron las empresas pymes que elaboran biocombustible.

“Esto quiere decir que tampoco están haciendo cumplir los cupos asignados a las empresas mezcladoras de combustibles”, añadió.

En ese sentido, CEPREB advirtió que “estos incumplimientos sistemáticos están poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y ocasionando al sector un perjuicio directo que supera los $600.000.000 (pesos argentinos)”. Y avisó que “para garantizar el normal funcionamiento de las plantas y conservar las fuentes laborales, es prioritario y determinante que el Estado respete la legislación vigente”.

Por último, la cámara le solicitó al Gobierno “con carácter de urgencia” que disponga las “medidas necesarias para que las empresas mezcladoras de combustibles adquieran el biodiesel a empresas con cupo asignado y ejerza las demás funciones que como autoridad de aplicación les compete”.

Fuente: Ambito