Se encuentran resumidas en el informe oficial elaborado para argumentar los motivos para solicitar la vuelta al Estado de la Panamericana y el Acceso Oeste
A partir de un extenso informe de 100 páginas elaborado por la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, el Gobierno basará su estrategia judicial para lograr que las autopistas Panamericana y Acceso Oeste dejen de ser operadas por las actuales empresas concesionarias.
Es decir, por Autopistas del Sol (Ausol) y el Grupo Concesionario del Oeste (GCO), sociedades controladas por el holding español Abertis que podrían perder sus negocios en el país si prospera la denuncia que el Poder Ejecutivo presentará ante la justicia para acusarlas de haber firmado contratos “lesivos” para el país.
La investigación de los contratos se inició a partir de una nota publicada a fines del 2018 en el programa Brotes Verdes que se mite por la señal C5N y es conducido por el periodista Alejandro Bercovich, luego de la cual varios diputados del Frente de Todos comenzaron a denunciar los contratos.
En el caso de la acusación oficial, que también plantea los acuerdos firmados por ambas sociedades en el 2018 como “delictivos”, deberá ser tratada ante la justicia contenciosa administrativa luego de que, por estos días, se publique el decreto presidencial ordenando el inicio de dicha demanda al Ministerio de Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad.
De hecho, este miércoles 14 de septiembre, el titular de esa cartera, Gabriel Katopodis, y el presidente Alberto Fernández explicaron durante una rueda de prensa, los alcances de la demanda que se interpondrá en la justicia para declarar nulo el llamado Acuerdo de Renegociación Integral (AIRC) que el anterior gobierno de Mauricio Macri firmó con Ausol y GCO.
Ambos coincidieron en que se trata de acuerdos a medida de las empresas que “comprometen al Estado con una deuda millonaria lesiva a los intereses de las y los usuarios”.
En este sentido, el ministro Katopodis sostuvo que se los acuerdos establecieron una deuda injustificada, una dolarización de las tarifas y la prórroga de la concesión por 10 años. “Desde el primer día, esta gestión decidió recuperar el rol de Vialidad Nacional como la administradora de los caminos de la Argentina y pretendemos que cautelarmente la Justicia nos devuelva la gestión de estos corredores viales”, agregó el ministro.
Conseción de autopistas y violación de procedimientos
En este sentido y más allá de la retórica política, la demanda judicial que el Gobierno presentará en los próximos días estará acompañada por un informe del organismo que dirige Vilma Ibarra en el cual la funcionaria explica “las razones por las cuales los AIRC no se ciñen al principio de legalidad”.
El informe adelanta que los contratos implicaron “una flagrante vulneración de los procesos de selección del contratista del Estado, y la consecuente violación a los principios de igualdad, concurrencia y transparencia”.
Advierte que se modificaron el objeto de la concesión; el plazo; la moneda de pago; las bases tarifarias y procedimientos a seguir para la fijación y los reajustes del régimen de tarifas; el plan de obras; la tasa interna de retorno; las facultades de control, entre otros aspectos que, a su entender, alteran de manera sustancial el vínculo originario que emergía del Concurso Público Nacional e Internacional realizado oportunamente.
“Convalidar tal hecho equivaldría a otorgar un nuevo contrato en forma directa, con una ostensible e intolerable violación a los procedimientos establecidos para la selección del contratista del Estado”, agrega el informe elaborado por Vilma Ibarra.
Como fundamentos, el documento menciona la existencia de graves vicios que tornan dichos actos nulos de nulidad absoluta, por resultar lesivos al interés público comprometido.
A continuación, el dictamen completo:
Fuente: Iprofesional