El ente que controla los puertos continuará a cargo de la concesión de la autopista fluvial más importante de la Argentina hasta que se licite su operación
En lo que puede llegar a ser su última medida como Ministro de Transporte, Alexis Guerrera decidió extender el control estatal sobre la Hidrovía Paraná – Paraguay, en principio por otro año más.
Lo hizo a través de la Resolución 515/2022 publicada este lunes 1 de agosto en el Boletín Oficial con la firma del funcionario que, a partir del nuevo organigrama ministerial creado por Sergio Massa, pasará a ser controlado por el Ministerio de Obras Públicas que orienta Gabriel Katopodis.
De esta forma, el control de la autopista fluvial más importante de la Argentina seguirá estando a cargo de la Administración General de Puertos (AGP) que, a la vez, mantendrá el control sobre el cobro de los peajes.
El año pasado y a través del Decreto 427, se le otorgó a la AGP la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal a la AGP. La misma comprende el tramo del kilómetro 1238 del río Paraná hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el río de La Plata exterior.
Ahora, la AGP solicitó a prórroga de la operación bajo control estatal que vence el próximo 11 de septiembre debido a que no existe intención oficial, por lo menos por ahora, para encarar el proceso de licitación de la Hidrovía para que sea controlada por una o varias empresas privadas.
Hidrovía: cuándo será la licitación
Es decir, no hubo avances en lo establecido por el Decreto N° 949/20 para finalizar la licitación convocada por el Decreto Nº 427 del 30 de junio del 2021 que le cedió de manera temporal a la AGP la concesión de obra pública de la operación “para el Mantenimiento del Sistema de Señalización y tareas de Dragado y Redragado y el correspondiente Control Hidrológico de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del Río PARANÁ, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior y se delegó en el Ministerio de Transporte la confección, suscripción y aprobación del correspondiente contrato de concesión por un plazo de 12 meses”.
Para mantener la operación, el ente que dirige José Beni presentó un proyecto de addenda contractual, en razón de “…que al día de la fecha no hay certezas respecto al tiempo que ha de transcurrir hasta la convocatoria a Licitación Pública encomendada al Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, creado mediante DECNU-2021-556-APN-PTE del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 24 de agosto 2021, para concesionar la Vía Navegable Troncal, ni para la correspondiente toma de servicio por parte quien o quienes resultaren adjudicatarios de la licitación encomendada por el Decreto 949/20, a riesgo empresario y sin aval del estado.”
A partir del consentimiento del Ministerio de Transporte, ahora la concesión en manos de la AGP se mantendrá hasta la toma de servicio por parte de las empresas que se adjudiquen la licitación.
Reclamo kirchnerista
De esta forma, el control de la Hidrovía sigue en manos del Estado, algo que fue pedido por el núcleo duro del kirchnerismo en el seno del Frente de Todos para que sea el Estado el que se haga cargo de la caja que genera el cobro de los peajes a las embarcaciones que transitan por la zona de la Hidrovía y que se estima en unos u$s300 millones anuales.
Es decir, la AGP mantendrá entre sus obligaciones el cobro de ese canon quitándoles a los socios de la Hidrovía que antes cobraba el concesionario privado, para luego pagarle a las concesionarias que ganen la licitación por sus trabajos de dragado y balizamiento.
De todos modos, la intención oficial es adjudicar la concesión, aunque hasta ahora no hubo mayores avances en ese objetivo.
Para los sectores K, el nuevo esquema es positivo y va en línea con sus objetivos para que precisamente el Estado tenga mayor relevancia sobre la Hidrovía. En especial entre los voceros del cristinismo como son el senador y ex canciller Jorge Taiana y la diputada nacional Fernanda Vallejos, quienes reclaman la recuperación de la “soberanía” sobre la vía navegable aunque con ciertos matices entre una estatización total o un control estatal sobre la caja de esa ruta navegable.
En el caso de Vallejos, quien lidera también Proyecto Económico, un centro de estudios desde donde divulga informes sobre los principales sectores de la economía local, plantea la estatización de las vías navegables a través de la recuperación del cobro de peajes por parte del Estado, que deberá fijar las nuevas tasas.
La legisladora propone implementar la administración y control estatal de sobre la ruta navegable; crear un órgano de control sobre prácticas ilícitas y de una base federal que centralice la información económica y financiera acerca de los puertos públicos y privados habilitados, embarcaciones en operaciones, zonas de producción, procesamiento a transporte, con el objetivo monitorear y controlar el tráfico comercial, así como al tráfico ilícito.
Hace además referencia a los supuestos perjuicios económicos que habría generado la desregulación de la red troncal del Paraná y advierte respecto de la necesidad de replantear el modelo de explotación, recuperando para el Estado un rol estratégico.
Fuente: Iprofesional