Se trata de un servicio para transporte de combustibles que YPF firmó con Compañía Naviera Horamar en 2019. Ahora, la Justicia buscan saber quién estuvo detrás de la maniobra.
Según la denuncia que hoy se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2 a cargo Sebastián Ramos, el contrato resultó muy beneficioso para Horamar, propiedad del Grupo Navios Maritime, de los hermanos Carlos, Horacio y Claudio López, y muy perjudicial para la petrolera de bandera. Es más, hay quienes ponen en tela de juicio el uso político que hizo el macrismo sobre YPF, la principal empresa bandera de la Argentina.
En primer lugar porque la licitación se lanzó casi 2 años antes del vencimiento de contratos vigentes. Pero además, porque Horamar ofreció la oferta más cara; no contaba con las embarcaciones para prestar el servicio y contrató la construcción de las barcazas tanque en astilleros de Paraguay, lo que provocó giro de divisas al exterior, cuando las embarcaciones pudieron haberse construido localmente; importó dos remolcadores construidos en China, triangulando vía Paraguay con arancel “0”- para poder prestar el servicio; y no cumplió con los plazos de construcción comprometidos.
Las irregularidades fueron expuestas ante la Justicia en varias denuncias penales. Una fue presentada por el SUPEH Flota, el sindicato de los obreros marítimos de YPF, y fue caratulada “N.N. s/ incumplimiento de autoridad y violación de deberes de funcionario público (art. 249)”. Esa formó el expediente N° 7.418/2019 y es la que tiene el juez Ramos.
El SUPEH, que posee una silla en el directorio de YPF, solicitó en esa presentación que se disponga una medida cautelar urgente para frenar la ejecución del contrato con Compañía Naviera Horamar. Finalmente, el 18 de septiembre del 2020 el juez Ramos coincidió y ordenó hacer lugar a la cautelar y dejar sin efecto temporario el polémico contrato.
En concreto, el magistrado suspendió el contrato firmado entre YPF y Horamar para la prestación del “servicio de remolcador de apoyo” y del “servicio de transporte fluvial de hidrocarburos” para la zona del Km 1196, Río Paraná y Riacho Barranqueras incluyendo toda actividad secundaria que se encuentra siendo realizada para la prestación de dicho servicio, entre ellas las obras de construcción y adecuación que se estén realizando en el exterior o en nuestro territorio, y/o la importación de barcos, barcazas y remolcadores, como así también cualquier trámite administrativo dirigido a obtener autorizaciones, registros y/o permisos vinculados con las barcazas vinculadas a la prestación de dichos servicios”.
La justificación es que la petrolera estatal consentía la violación al Artículo 15 de la Ley 27.418, del Régimen de Promoción de la Industria Naval Argentina, que curiosamente había sido sancionada en noviembre de 2017 con un fuerte respaldo de Cambiemos en el Congreso. Esa norma dice textualmente:
Los organismos del Estado Nacional o sociedades del estado nacional o privadas que perciban alguna forma de aporte o aval del Estado nacional, cuya actividad implique la demanda de buques, embarcaciones y/o artefactos flotantes, se construirán en el país bajo los requerimientos que el organismo demandante determine, cumpliendo con las características, costos y tiempo requeridos.
En caso que el requerimiento no pueda ser cumplimentado por la industria nacional, mediante razón fundada, el organismo requirente podrá ejecutar las obras en otras fuentes de provisión, previo informe emitido por la Comisión Asesora de la Industria Naval establecida en la presente norma.
La segunda denuncia fue iniciada por la Cámara de la Industria Naval contra YPF. Este expediente es el N° 10.283/2019 y recayó en el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 10 a cargo del Marcelo dos Santos. Allí, la Cámara también solicitó una medida cautelar y que se secuestre toda la documentación vinculada con el concurso y los e-mails enviados entre los directivos de la petrolera y Horamar. Luego de un análisis, Dos Santos accedió al pedido y el 5 de diciembre de 2019 también le ordenó a YPF que suspenda el avance de la contratación de barcazas, una medida que fue reiterada el 11 de marzo del 2020, días antes del inicio de la pandemia.
Es sabido que por el Paraná transcurre gran parte del comercio internacional paraguayo, que se realiza en las embarcaciones de Compañía Naviera Horamar y sus empresas vinculadas. En ese entonces, la Hidrovía Paraná estaba muy bien protegida, casi blindada, por el ex presidente paraguayo Horacio Cartes, quien tenía sellada una alianza política estratégica con Macri. En el sector destacan el estrecho vínculo entre Emilio Monzó y los hermanos López, propietarios de la empresa, que si bien está radicada en Argentina, es de origen extranjero y cotiza en Nueva York.
La pesquisa indaga asimismo sobre Jorge Metz, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables entre 2015 y 2018 que habría liderado una embestida contra los sindicatos y armadores marítimos por pedido del ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Además se menciona a Albi Czernacowsky, ex director de la Juventud del PRO bonaerense, que es hijo de la esposa de Horacio López.
Si bien en la Justicia indagan ahora en el enredo de favores entre Macri, Cartés, Monzó, Dietrich, Metz, los hermanos López y Gutiérrez, también apuntan a saber si Nicolás “Nicki” Caputo participó activamente de las maniobras de construcción y operación de las estructuras societarias y financieras necesarias para cerrar los acuerdos. La lupa judicial también se posó silenciosamente sobre ex directivos de Vicentin, uno de los grandes jugadores del agro que también se habría beneficiado con situaciones por claras sobre el transporte fluvial sobre el Paraná.
Aunque el Juzgado Federal N° 2 ya decidió levantar la cautelar, la causa sigue su curso. Fuentes judiciales anticipan que el objetivo ahora es identificar a los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo durante el gobierno de Macri y a los exdirectivos de YPF que intervinieron en la decisión de firmar ese polémico contrato.
Fuente: Ambito