La segmentación tarifaria y quita de subsidios en los servicios de luz y gas entró en stand-by y su implementación puede demorarse
Tras la renuncia de Martín Guzmán y la llegada de Silvina Batakis al ministerio de Economía, la segmentación tarifaria y quita de subsidios en los servicios de electricidad y gas entró en zona de boxes y, por los primeros movimientos de los “mecánicos” que tiene asignados, su regreso a la pista podría ralentizarse más de lo previsto.
Hasta ahora, la única definición que adoptó la nueva encargada de manejar el timón económico fue la confirmación de todos los funcionarios kirchneristas que tallan en área energética.
En cuanto al futuro cercano de la segmentación tarifaria, lo que está dando vueltas en el Gobierno es una revisión y puesta a punto del esquema diseñado Guzmán que podría derivar en dos posibles cambios: un corrimiento de los plazos que estaban fijados para el recorte de subsidios y el retorno al bosquejo inicial que contemplaba arrancar con los aumentos a los usuarios de los countries y los barrios con valuaciones inmobiliarias más elevadas.
Tal como se especulaba en el sector, Batakis ratificó en sus puestos a toda la troupe de funcionarios del sector energético que están encolumnados con la vicepresidenta, Cristina Kirchner y el Instituto Patria. Al frente de la Secretaría de Energía, seguirá el neuquino Darío Martínez. Como Subsecretario de Energía Eléctrica, continuará Federico Basualdo. Comandando las intervenciones de los entes quedaron Soledad Manin, en el ENRE, y Federico Bernal, en el Enargas. Y por el lado de Enarsa, el que se mantiene en su cargo de presidente es el santacruceño Agustín Gerez.
Un puesto clave que quedó vacante por la renuncia de Santiago López Osornio es el correspondiente al de Subsecretario de Planeamiento Energético. Todo indica que ese sillón –que era ocupado por el único hombre que Guzmán había logrado instalar en Energía– quedará ahora en manos de otro referente kirchnerista que se sumará a los restantes funcionarios que llevan esa camiseta.
¿Habrá modificaciones?: se demora la segmentación de tarifas
Según la resolución 467 con la cual el titular de Energía procedió a reglamentar la operatoria y los alcances de la segmentación tarifaria, la Subsecretaría de Planeamiento tiene asignadas, entre otras, dos tareas relevantes. En primer lugar, es la encargada de poner en funcionamiento el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y confeccionar los padrones de beneficiarios con la información que surja de las declaraciones juradas que deberán complementar los usuarios. Y en segundo lugar, tiene que definir los mecanismos y acreditaciones necesarios para que los inquilinos puedan adquirir la condición de “Usuario o Usuaria Residencial del Servicio”.
Junto con el RASE, otro elemento esencial para poder implementar la segmentación son los acuerdos operativos que se deben suscribir con los gobiernos del interior y entes reguladores provinciales. Servirán para que los organismos de control informen a las distribuidoras y cooperativas que prestan los servicios de luz y gas en qué categoría tarifaria deben ubicar a cada uno de sus usuarios a la hora emitir las facturas. La negociación con las provincias quedó bajo la órbita de la Subsecretaría de Coordinación Institucional, que pilotea Guillermo Usandivaras, un hombre del Jefe de Gabinete, Juan Manzur. Pero hasta el momento no hubo ningún avance y ni siquiera están listos los primeros borradores de esos convenios.
Lo que dejó Guzmán
De acuerdo con el esquema que había armado Guzmán, los propietarios e inquilinos tienen que informar en qué niveles se encuentran sus ingresos mensuales y cuántos inmuebles y vehículos tienen para que luego los funcionarios decidan qué tarifas van a pagar y si les corresponde o no algún porcentaje de subsidio.
A su vez, la segmentación tarifaria para clientes residenciales se divide en tres niveles. El primero agrupa a los de mayores ingresos que, según los números oficiales, representan el 10% de los hogares que se quedarán sin subsidios y pasarán a pagar las tarifas plenas. Son los que tienen ingresos mensuales superiores a 3,5 canastas básicas y totales (CBT) y poseen al menos tres autos, tres inmuebles, aeronaves, yates y activos societarios que exteriorizan capacidad económica plena.
El segundo nivel lo integran quienes reciben el beneficio de la tarifa social y aquellos usuarios que perciben un ingreso inferior a una CBT; mientras que el tercer nivel corresponde a clientes de ingresos medios que poseen hasta dos inmuebles y un vehículo. Los hogares encuadrados en los dos últimos niveles no tendrán, en principio, más aumentos hasta enero próximo, siempre y cuando se inscriban en el RASE. A partir de 2023, deberán afrontar subas tarifarias que se calcularán tomando como base el 40% y 80% de la variación salarial que se registre a lo largo de este año.
Cambios en danza
Uno los puntos del RASE que los funcionarios kirchneristas quieren modificar es el referido al tiempo que tendrán los usuarios para pedirle al Estado que mantenga los subsidios para no pagar las facturas con tarifas plenas.
Antes de irse, López Osornio había definido que una vez que se habilite el registro, los usuarios iban a tener un período de 30 días para ingresar sus datos. Si no lo hacían en ese lapso, comenzarían a perder los subsidios gradualmente y llegarán a fin de año pagando la tarifa plena. La intención ahora sería alargar ese límite hasta el último trimestre del año para que no se generen cuellos de botella con las presentaciones y para informar con tiempo suficiente a los usuarios sobre lo que deben hacer.
En tanto, otro cambio significativo que tendrían en mente desde el ala kirchnerista tiene que ver con dejar de lado transitoriamente el esquema de Guzmán para poner en práctica el andamiaje inicial de eliminación de subsidios que habían pergeñado el año pasado Basualdo junto con las intervenciones del ENRE y Enargas.
Se trata del modelo de “georreferenciación tarifaria” que, en una primera instancia, alcanzaría a casi 500.000 usuarios residenciales del AMBA y un conjunto de industrias y servicios que lograron recuperar el nivel de actividad que tenían antes de la pandemia.
Elaborada con la asistencia del Conicet, la ANSES y ARBA; la segmentación K avanzaría con la poda de subsidios a 487.000 usuarios residenciales del AMBA que representa el 10% del total de esa clientela.
son usuarios que viven en los barrios porteños de Puerto Madero, Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, una parte de Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y Villa Devoto y una zona de alto valor inmobiliario de Caballito. A ellos se agregarían 67.800 hogares de los partidos bonaerenses de Vicente López y San Isidro y otros 48.000 usuarios de altos ingresos localizados en 466 countries y urbanizaciones cerradas del Gran Buenos Aires.
Fuente: Iprfesional