La creencia es que la “línea histórica” de YPF, que estaría integrada por ejecutivos de carrera de la petrolera, prefería dejar el caso de espionaje en una simple auditoría y una sanción interna para el topo Alejandro Garofani.
Puertas adentro de la Torre de Puerto Madero apuntan a directivos de la planta permanente por la dilación en abrir una investigación judicial. No hicieron nada, aseguran. Tal como reveló la Revista Noticias una posibilidad es que la “línea histórica” de YPF buscaba tener un control secreto sobre Pablo González. El objetivo habría sido mantenerlo monitoreado para anticiparse a los vaivenes de la política o para frenar cualquier tipo de avanzada sobre los intereses de esa facción de la compañía, asociada a la planta permanente. Otros sospechan que lo espiaban por ser kirchnerista.
Lo cierto es que la demora en denunciar el espionaje en Comodoro Py se debió a una larga discusión interna sobre cómo actuar frente al caso revelado, que duró meses. Una parte de YPF se inclinaba por no destapar las maniobras, porque se supone, podría afectar a los negocios de la petrolera. Pero Pablo González insistió en llevar todas las pruebas a la Justicia.
Tras sortear esos impedimentos, el santacruceño finalmente presentó la denuncia penal, que recayó en el juzgado federal N° 1 de María Romilda Servini. Antes, había puesto en conocimiento a Cristina Fernández de Kirchner, quien fue una de las primeras personas en enterarse y le dio un aval para que todo se investigue y esclarezca.
El topo fue identificado como Alejandro César Alberto Garofani Mariscal y fue descubierto infraganti por un compañero, que lo filmó mientras realizaban en conjunto las tareas bautizadas internacionalmente como TSCM, por las siglas en inglés de “Technical Surveillance Counter Measures”, que en español significa “Contramedidas de Vigilancia Técnica”.
“En el marco del procedimiento realizado el 30 de noviembre de 2021, el nombrado Garofani accedía y registraba fotográficamente, almacenaba y enviaba o compartía todo tipo de información impresa disponible en los escritorios, cajones, ficheros, cestos de residuos, mochilas, bolsos, etc, de las oficinas en donde se realizaba el procedimiento, conductas que obviamente, de ningún modo estaban autorizadas sino que, por el contrario, estaban prohibidas y conformarían los delitos denunciados”, sostuvo González en el escrito presentado a través de su abogado.
La denuncia indicó que Garofini “realizaba fotografías tanto con su celular corporativo como con su celular personal, y que esas imágenes las almacenaba y/o enviaba o compartía a terceros a través de su celular (ya que luego de fotografiar manipulaba el celular en actitud de escritura dactilar sobre la pantalla; lo que fundamenta la sospecha razonable de que trasmitió en el momento las fotos a alguien más), circunstancias que conllevarían a la creación de copias no controladas de documentos que contienen información Sensible No Pública de YPF S.A. e información personal de los ejecutivos de la compañía, lo que materializa la exposición de esa información”.
El topo Garofani no solo fotografió documentos. Su compañero de vigilancia lo registró además apuntando la cámara de su celular a un portarretrato en el que se ve a la esposa de González junto a la Vicepresidenta.
Además de despedir a Garofani, por el espionaje también dejó su cargo Brian O’Durnin, el gerente de Ciberseguridad con 38 años de trayectoria en YPF. Se fue en abril pasado, poco antes que el caso llegue a la Justicia, con una indemnización millonaria. La pesquisa busca corroborar si O’Durnin era el destinatario final de la información. El topo ya dijo que sí. ¿Alguien quiso comprar su silencio?
González ratificó la denuncia en junio último y luego le dio los detalles del caso a Alberto Fernández. Ahora se esperan que la Justicia averigüe si esta práctica ilegal fue aislada o si es parte de un entramado más complejo de espionaje en YPF. Con el dinero recibido, Brian O’Durnin se abrió una consultora privada de ciberseguridad y en su cartera de clientes podría haber más de una respuesta.
Fuente: Ambito