Aplazar la carga impositiva de la nafta y el gasoil determinará en 2022 una pérdida de recursos fiscales superior a los 1.000 millones de dólares. Con esta maniobra el gobierno busca evitar una nueva suba de precios en los surtidores.
La semana pasada el gobierno nacional volvió a aplazar la implementación del impuesto a los combustibles líquidos hasta septiembre y, si bien es una medida que busca evitar nuevos aumentos de la nafta, le significa al Estado perder millonarias recaudaciones. Se estima que sólo en 2022 dejará de percibir cerca de 1.000 millones de dólares por esta medida y lo más probable es que de cara a fin de año el monto se incremente.
A través de la publicación del Decreto 285/2022, publicado en el Boletín Oficial, el gobierno postergó la implementación de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y el del Dióxido de Carbono (IDC) y fijó que surgirán efecto a partir del 1 de septiembre de este año. Estaba previsto que se apliquen el 1 de junio.
Según una estimación de la consultora Economía y Energía (E&E), la no actualización de las alícuotas determinará una pérdida de unos 980 millones de dólares en los primeros 8 meses del año. Aunque desde E&E advirtieron que la cifra podría ser mayor.“
Para el período mayo-agosto se consideran los volúmenes de venta del año 2021. Dado el incremento registrado en las ventas de combustibles durante los primeros meses de 2022, la pérdida de recursos fiscales probablemente se encuentre subestimada”, indicaron.
Lo más probable es que en septiembre el gobierno vuelva a postergar una importante parte, o todos los impuestos. De aplicarlo de una sola vez, causaría una fuerte presión en los surtidores y, como siempre, las petroleras lo trasladarían a los consumidores.
Justamente el objetivo del gobierno es evitar una mayor presión en los surtidores, que podría repercutir directamente en la inflación, algo que se volvió un fuerte dolor de cabeza para el oficialismo.
“Tratándose de impuestos al consumo, y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las variaciones en los impuestos se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles”, argumentó el gobierno en el decreto.
La norma vigente marca que los impuestos, que gravan la comercialización de la nafta y el gasoil, deberían actualizarse trimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, desde el último tramo del gobierno de Mauricio Macri y en varias oportunidades durante la gestión de Alberto Fernández, esto no sucedió.
Si bien la última actualización del ICL y del IDC fue en marzo de 2021, en el que se aplicó un ajuste de casi el 40% de los impuestos, se aplicó el incremento del último trimestre de 2020. Con lo cual, lo que postergó el gobierno ahora con el Decreto 285 era la aplicación de la carga impositiva correspondiente a todo el 2021 y al primer trimestre de 2022.
Esto también muestra que el monto total que dejó de percibir el Estado, hambriento de dólares, por la no actualización de impuestos de más del doble de los 1.000 millones de dólares que se marcan en este artículo.
Fuente: Rio negro