El sector más radicalizado pide medidas drásticas, incluyendo retenciones y un nuevo impuesto a la riqueza. Balances de grandes empresas, bajo la lupa
Es oficial: la inflación ya dejó de ser un dato económico y pasó a la categoría de crisis política. A diferencia de los debates como el del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que sólo enganchan al microclima de gente informada y con cierta formación económica, la inflación golpea transversalmente a toda la población, con particular énfasis en los sectores de trabajadores informales.
Es por eso que el Gobierno trata de dar señales que estén a la altura de la situación: Alberto Fernández habla de “guerra” y pre-anuncia medidas que ya ponen en alerta a los empresarios. Es claro el por qué: siguiendo una tradición que cultivó el peronismo, en las situaciones de crisis el objetivo político principal es tener un villano a quién señalar como culpable.
“Vamos a terminar con los especuladores“, dijo el Presidente al anunciar el lanzamiento de un paquete de medidas para frenar la inflación.
Y dejó la sensación de que al Gobierno ya no le alcanza con explicar que la guerra en Ucrania está generando un efecto de “inflación importada”: se necesita pelear contra enemigos locales. Productores rurales, industrializadores, transportistas, supermercadistas, siempre habrá quien aparezca como el responsable de quedarse con un margen de rentabilidad mayor al que le toca.
No por casualidad, desde el kirchnerismo se empezó a señalar como caso emblemático a Arcor, la gigante elaboradora de alimentos, cuyo último balance -correspondiente al año pasado- arrojó una ganancia de $19.918 millones, que implica un 142% más que el resultado del ejercicio anterior.
Culpables por tener balances en azul
Tanto en los medios afines al kirchnerismo como en las redes sociales se señaló esta situación como una “prueba de culpabilidad”: el hecho de que la empresa haya mejorado su rentabilidad en un momento de alta inflación de alimentos -y que, para colmo, haya anunciado un reparto de $7.000 millones como dividendos entre sus accionistas- despertó los reflejos intervencionistas.
Lo irónico es que, en realidad, el rubro de alimentos estuvo entre los que menos aportaron a la ganancia del grupo industrial con sede en Arroyito. De hecho, la empresa tuvo un empeoramiento en su resultado operativo, y lo que explica que haya tenido mayores ganancias es un efecto financiero provocado por la inflación. Como los precios subieron por encima del dólar, eso generó una reducción en el costo de su deuda.
En otras palabras, Arcor ganó gracias a la política de retraso cambiario y no por una suba acelerada de la demanda del mercado interno.
En todo caso, no deja de sonar contradictoria la indignación kirchnerista por el hecho de que haya empresas alimenticias que ganen dinero. Después de todo, la campaña electoral del 2019 tomó como uno de sus ejes el hecho de que, bajo la recesión macrista, las compañías ligadas a la alimentación perdían dinero, algo inconcebible en un país con aspiraciones a ser el “supermercado del mundo”.
Un caso emblemático de aquellos años fue el de Molinos, otro gigante del mercado que por primera vez en su historia presentó dos balances en rojo. Hoy, la compañía muestra números en azul, aunque ese cambio se explica más por la gestión financiera de la empresa que por un incremento en los volúmenes reales de venta.
Lo cierto es que Molinos sufre un deterioro de su negocio: el último balance refleja una caída de su facturación en pesos del 4%, lo que equivale a una pesada caída real en un año con inflación del 51%. Aun así, mantuvo una ganancia neta de $2.800 millones que, como le ocurrió a Arcor, también se explica en buena medida por el retraso del dólar.
Tampoco ayuda mucho al discurso anti-empresa las crisis de otros gigantes del rubro, como Molino Cañuelas, que el año pasado causó conmoción en el mercado al anunciar su convocatoria de acreedores, por no poder hacer frente a una deuda de $1.400 millones.
Fue así que la crisis de la crisis de una harinera líder, con capacidad de elaboración equivalente al 20% del mercado local, generó una “guerra de relatos” en la que los partidarios del Gobierno destacan que la empresa entró en crisis a partir de la devaluación de 2018, que frustró sus planes de salida al mercado bursátil, al tiempo que los macristas alegan la política intervencionista del peronismo como la culpable de la crisis.
Crece la presión “contra el ajuste”
Lo cierto es que, más allá de si las “acusaciones” a empresas que presentan balances con ganancias están justificadas o no, el Gobierno está sintiendo una presión creciente a confrontar con el sector privado, en aras de su propia supervivencia política.
“Basta de ajuste” y “La comida es un derecho, no un negocio”, decían los carteles que los militantes del Polo Obrero exhibieron durante toda la jornada del martes, frente al Ministerio de Trabajo y luego en la avenida 9 de Julio. Se trataba de una postal repetida pero no por eso menos preocupante.
Más bien al contrario, el hecho de que una organización piquetera que se define como simpatizante del Gobierno esté radicalizando su postura, y justo en el día en que se dio a conocer el dato de inflación, marcó la urgencia del momento político.
Aunque todo el mundo daba por descontado que el IPC de febrero sería alto, los números publicados superan hasta las previsiones más pesimistas. No sólo porque el 4,7% marca una aceleración que ya mismo está dejando desactualizado el 43% que se puso como objetivo Martín Guzmán para todo el año, sino porque, además, el rubro alimentos registró un pavoroso 7,5% de aumento.
Hay que retrotraerse a los turbulentos años ’80 para ver semejante incremento en el precio de alimentos. Pero claro, en aquella época de alta gimnasia indexatoria, los salarios se actualizaban con una frecuencia mucho mayor a la actual.
En elocuente contraste con la publicación de ese dato, el hecho de que el Gobierno esté pensando en aumentar el Plan Potenciar Trabajo en 40% progresivo a lo largo del año ya genera un repudio de los piqueteros aliados. Esa asistencia, hoy fijada en $16.500, llega a 1,2 millón de desocupados, que plantean su aspiración de cobrar $48.000 para recuperar la erosión inflacionaria.
Precios: perspectiva de empeoramiento
Los problemas que la inflación le trae al Gobierno, lejos de disiparse, tienen altísimas chances de agravarse. Pese a lo impactante de sus cifras, lo cierto es que el IPC febrero todavía no refleja de lleno el impacto de la guerra en Ucrania y que, además, todavía ni empezó a notarse el efecto acelerador de la suba de los combustibles y de las tarifas de servicios públicos.
De hecho, tras la publicación del 4,7% de febrero, se volvieron a escuchar desde el kirchnerismo reclamos para revisar el plan de ajuste tarifario segmentado que había anunciado el ministro Martín Guzmán.
Pero mientras tanto, el Gobierno compensa la crisis con una lluvia de anuncios. Por caso, ya se confirmó la suba de las retenciones para el aceite y la harina de soja. Una medida que ha despertado críticas desde los expertos en temas agropecuarios, que anticipan que los industriales terminarán transfiriéndole los costos al productor, por la vía de un menor pago a los industrializadores.
Esto echaría por tierra con la promesa del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que les había prometido a los productores -que se quejan de trabajar con márgenes de rentabilidad cada vez menores- que no serían afectados.
Por otra parte, no deja de ser irónica la contradicción con el discurso “industrialista” que el Frente de Todos había sostenido en la campaña electoral, y que implicaba el estímulo a la exportación de mayor valor agregado. Lo que ocurrirá ahora es, como quiere China, que haya un aliciente de precio en favor de comprar el “poroto” sin elaborar.
La hora de los castigos
Pero está claro que, a esta altura, con una inflación acumulada de 8,8% en apenas dos meses -y lo peor por venir-, el Gobierno no está para preocuparse por sutilezas como la de incurrir en contradicciones con su propio discurso. La consigna de la hora es anunciar medidas y tener, siempre, villanos a quienes castigar.
Con la suba de las retenciones a la industria aceitera y harinera, se podrá anunciar un fideicomiso por unos u$s500 millones, cuyo objetivo será comprar cuatro millones de toneladas de trigo para proveer como insumo de bajo costos a las panificadoras.
Los productores asociados en Carbap no dejan de repetir su mantra de que el precio del trigo es apenas 13% del costo final del pan y menos aun en otros productos farináceos, pero todo indica que, por más que protesten, no podrán eludir su destino de villanos de turno.
Y no son los únicos. A pesar del rotundo fracaso del cierre exportador de carne del año pasado, hay otra vez presiones para tomar medidas que incrementen la oferta de corto plazo para el mercado local.
El propio presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, Alberto Williams, alarmado por el encarecimiento de los cortes populares, pidió revisar la política del sector de manera de “exportar lo que sobre”.
La carne, según un informe del CEPA, se encareció en góndolas un 3,2% en febrero, pero con perspectivas de empeoramiento, porque en el mercado mayorista de Liniers las subas fueron de 12%. El sector ganadero es, justamente, otro de los que alega estar trabajando casi sin margen de ganancia, como consecuencia del intervencionismo estatal.
El Gobierno intenta caminar en esa fina cornisa en la que, por un lado, sufre el rechazo del campo pero, por el otro, siente la creciente presión de sus socios políticos, que creen que las medidas que se están formateando tienen gusto a poco.
No por casualidad, este martes, algo opacada por la publicación del dato de inflación, se produjo un hecho elocuente: se formalizó el ingreso de un proyecto de ley para que el aporte extraordinario de las grandes fortunas que se aplicó el año pasado quede establecido por 10 años.
Es una tentación que el kichnerismo tiene desde hace tiempo, y los motivos saltan a la vista: no solamente recauda medio punto del PBI sino que, además, es funcional al discurso de la redistribución de la renta. Tiene la contra de que muchos lo acusan de ser inconstitucional, pero también eso, en un momento de crisis, puede pasar a segundo plano.
Fuente: Iprofesional