A menos de una semana de la audiencia pública por los aumentos de las empresas de electricidad, la principal operadora de la red hizo una fuerte denuncia
A menos de una semana de la audiencia pública convocada para tratar los aumentos transitorios que recibirán las empresas eléctricas, Transener -la principal operadora de la red y las líneas troncales de alta tensión- salió a ruedo con un pedido de incremento tarifario del 44% para poder afrontar los costos operativos e inversiones mínimas durante el transcurso de este año.
Por la incidencia que tiene el componente del transporte en las boletas, esa actualización tarifaria implicaría para los usuarios una suba final de apenas el 2%.
La transportista eléctrica (cuya sociedad controlante está repartida en partes iguales entre Pampa Energía—el grupo conducido por Marcelo Mindlin—y la estatal IEASA manejada por el camporista, Agustín Geréz) destacó que, si no se actualizan sus ingresos que tiene congelados desde agosto de 2019, el Gobierno debería auxiliarla con un subsidio de 3.780 millones de pesos para poder cubrir las pérdidas operativas que acumularía en 2022.
Como la aplicación de los aumentos podría retrasarse hasta abril, la empresa reclamó una asistencia financiera inmediata y a cuenta de las nuevas tarifas para poder pagar la totalidad de los sueldos y los gastos operativos de febrero y marzo.
En las notas y propuestas elevadas a la interventora del ENRE, Soledad Manin; Transener rechazó el informe oficial que, tras tomar en cuenta los fondos que la empresa tiene actualmente disponibles, concluyó que el ajuste tarifario en juego no debería superar el 18%.
Los directivos de la compañía eléctrica—que opera y mantiene 57 estaciones transformadoras y 12.400 kilómetros de líneas propias más 6.228 km. de la transportista regional bonaerense Transba—advirtieron que el escenario planteado por los técnicos del ENRE lleva “indefectiblemente a la reducción de inversiones y a la imposibilidad de asumir nuevos compromisos salariales y gastos asociados al mantenimiento, lo cual provoca un incremento de los riegos operativos”.
Según el análisis de Transener, la falta de ingresos llevaría al sistema “a un nivel de riesgos inaceptables con restricciones operativas que impedirían la normal ejecución de las siguientes acciones:
- Los trabajos de mantenimientos mayores en compensadores sincrónicos que poseen concretas señales de obsolescencia, lo que deriva en un sensible incremento de la probabilidad de falla con la posible pérdida del equipo.
- El remplazo de baterías para asegurar los servicios esenciales de las Estaciones Transformadoras. La postergación de esa tarea afectaría las reparaciones de las fallas y traería aparejada graves consecuencias para la normal prestación del servicio.
- Los cambios de bushing, transformadores, interruptores y celdas de media tensión con su ciclo de vida cumplido. Eso derivaría en una mayor probabilidad de fallas que pueden provocar, no sólo la pérdida del equipo afectado, sino también la indisponibilidad de líneas y transformadores.
- La atención de las emergencias graves en las líneas por eventos climatológicos extremos y las fallas que se registren en los transformadores de potencia que deben ser remplazados en el menor tiempo posible.
Tras señalar que el “el fin de la vida útil de un equipamiento implica un aumento de probabilidad de fallas”, la transportista eléctrica advirtió sobre la inquietante antigüedad que acumulan sus principales “fierros” operativos.
El 31% de los interruptores de alta tensión tienen más de 30 años en servicio. En el caso de los seccionadores de alta tensión, el 43% supera las tres décadas. El 40% de los transformadores de corriente (TTII) tiene 20 o más años de uso. Por el lado de los transformadores de tensión (TTVV), el 57% lleva más de 20 años en servicio al igual que el 30% de los transformadores de potencia y el 38% de los reguladores de baja carga de transformadores.
Fuerte denuncia
Otra cuestión relevante que Transener puso sobre el tapete es la referida a las tasas y cargos que pretenden cobrar varios municipios y comunas del interior del país por el simple hecho de que las líneas y estaciones transformadoras se encuentran dentro de sus jurisdicciones.
Tras destacar que los montos exigidos ascienden a un total de 1.724 millones de pesos y reclamar un rol más activo del ENRE para rechazar esa embestida, la empresa eléctrica denunció que las acciones de muchos municipios están a cargo de la firma “Servicios Comunales SA”, la cual lleva adelante una “verdadera industria de reclamos e intimaciones que, lejos de ofrecer una prestación de manera concreta e individualizada en beneficio de la actividad eléctrica, sólo busca recaudar fondos interfiriendo en la prestación del servicio”.
La lista de las administraciones locales que le dieron poder a la consultora rosarina “Servicios Comunales SA” para ir a la carga por el cobro de las tasas abarca a: Ramallo, Barrancas, Berón de Astrada, Loreto, Ituzaingó, Santo Tomé, Pavón, Adolfo Alsina, Tortugas, Cayastacito, Colonia Esther, Nelson, El Sombrerito, Videla, Escalada, Silva, Carrizales, Colonia San José, Obligado, El Rabón, San Agustín, Theobald, Gomez Cello, Vera, Gobernador Crespo, Las Garzas, Llambi Campbell, Guadalupe, Pueblo Andino, Serondino, Constitución, Empalme San Carlos y Coronda.
Fuente: Iprofesional