Ante la incapacidad privada y estatal para contener el daño del vertido, los ciudadanos retiran el crudo y rescatan a la fauna. La empresa niega su responsabilidad ante las acusaciones del Gobierno de Castillo
Párida Ríos Delgado, de 33 años, vive en una casita precaria en una loma de arena vecina a Playa Cavero, el área más dañada por la contaminación que causó el sábado pasado un derrame de petróleo de Repsol en el distrito de Ventanilla (en la región Callao, en el centro oeste de Perú), y que hasta este viernes afectaba 1.800 kilómetros cuadrados de franja de playa y 7.139 kilómetros cuadrados de mar, según la autoridad ambiental. Ella se dedica a la pesca y es una de las centenas de voluntarias que se han volcado a las orillas de la costa central del país a retirar crudo, ante la lentitud de la empresa para contener los daños que se extienden cada día hacia el litoral norte.
“Pescábamos para comer y también vendíamos a nuestros vecinos de Puerto Pachacútec [situada también en Ventanilla], somos un grupo de acá que hemos venido a limpiar la playa”, comenta Ríos, que lleva dos recipientes de plástico y una mascarilla. Minutos después, con su vecina Mariela Cóndor (47), llenan las pequeñas cubetas del crudo extraído de una hondonada, al lado de unas rocas en la orilla. “Ya llevamos dos días viniendo, no sabemos qué va a pasar con los animalitos”, añade la ciudadana originaria de Loreto, la región amazónica más afectada por derrames de petróleo. La devastación ambiental ha alcanzado dos áreas naturales protegidas, la Zona Reservada de Ancón y la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras.
Los pescadores artesanales de tres distritos se apostan cada día al exterior de las oficinas de la refinería de La Pampilla, operada por Repsol, en Ventanilla, a la espera de que les entreguen alimentos para subsistir en los días perdidos sin hacerse a la mar. Casi una semana después del derrame, aún no habían recibido nada, comentaban los pescadores el jueves mientras esperaban novedades de sus dirigentes que habían entrado a una reunión con representantes de la empresa. En los distritos que fueron afectados inicialmente había unos 700 pescadores, pero como la contaminación avanzó hasta el norte, la municipalidad distrital de Chancay reportó el viernes otros 2.000 perjudicados.
El vertido se produjo el sábado pasado en una terminal de la refinería, horas después de la erupción de un volcán submarino en Tonga. La empresa comunicó el domingo que “la violencia del oleaje” ocurrió durante la faena de descarga del crudo del buque italiano Mare Dorium, y anotó que fue un “derrame limitado”. Repsol declaró a inicios de la semana a la Fiscalía que el vertido fue de siete galones (26,5 litros), y un par de días después el ministro de Ambiente, Rubén Ramírez, calculó 6.000 barriles (algo más de 950.000 litros). En una entrevista en la emisora Radioprogramas el miércoles, la portavoz de Repsol Perú, Tine van den Wall Bake, no reconoció la responsabilidad de la empresa en el desastre ambiental.
“Ha sido muy fuerte, ha matado el ecosistema: los muymuys parecen café”, comenta fuera de la refinería La Pampilla el pescador Einer Ames aludiendo al crustáceo que usan como carnada. El miércoles, tras una reunión de ejecutivos de Repsol con tres ministros, dos congresistas y líderes de asociaciones de pescadores, la compañía ofreció contratar a los hombres de mar para tareas de limpieza del crudo. Si bien algunos damnificados no están de acuerdo, Ames -preocupado por el día a día- espera que el empleo se concrete “con medidas de seguridad”. Pese a que es una sustancia tóxica, “ya hemos visto a personas trabajando sin guantes”, advierte.
El viernes, la emisora Radioprogramas reportó que una empresa subcontratada por Repsol reclutó a algunos pescadores lugareños y sus familiares en el balneario de Ancón: el pago ofrecido era de 26 dólares por ocho horas limpiando el crudo en la arena. La noche del jueves, la primera ministra Mirtha Vásquez habló de los trabajadores damnificados por el derrame de crudo, entre los que están los vendedores y sombrilleros de las 21 playas afectadas. La empresa “no puede contratarlos en actividades que impliquen algún riesgo o para las que no estén preparados, eso implica mayor exposición”, alertó en un pronunciamiento tras la primera sesión del comité de crisis que ha formado el Gobierno de Pedro Castillo para enfrentar el desastre ambiental.
Vásquez destacó que la autoridad marítima ha prohibido zarpar a la embarcación involucrada en el desastre ambiental, a menos que pague una fianza de 39 millones de dólares. La Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud calificó 21 playas como “no saludables” el miércoles en los distritos de Ventanilla, Ancón y Santa Rosa, pero ese día la contaminación de crudo ya había avanzado -con rumbo norte- hacia los distritos de Aucallama y Huaral en la región Lima.
Voluntarios y damnificados
Playa Cavero es el epicentro de los trabajos de entidades estatales, contratistas de Repsol y voluntarios que limpian la arena y rescatan fauna marina. Sin embargo, hasta el jueves no había ninguna operación mar adentro para evitar que la contaminación se extendiera hacia el norte. A pocos kilómetros, en la playa Bahía Blanca, 20 personas con mascarillas simples y un traje de protección descartable, rastrillaban la arena. Luego de juntarla en una carretilla, la depositaban sobre un plástico extendido. La mayoría eran jóvenes que se organizaron en Facebook. Cinco obreros de una contratista de Repsol también barrían la arena contaminada.
En Bahía Blanca, dos de los pescadores afectados, Pedro Asían y Roberto Quiroz, lamentaban la gravedad del daño. Cinco días después del derrame, ningún representante de Repsol o de entidades públicas se había interesado por estos damnificados. En un recorrido en la playa de Ventanilla, la congresista Ruth Luque les pidió la lista de los afectados que desde la medianoche del sábado no pueden volver al mar. “No puede ser que la empresa tenga el primer día 17 personas en tareas de remediación y al día siguiente 150 personas en un solo turno: debería ser un trabajo permanente. Tiene que haber una compensación a los sectores impactados: pescadores, vendedores ambulantes, y otros”, dijo Luque en el terreno contaminado.
“Esta isla es un criadero de peces y va a ser imposible volver por mucho tiempo. Aquí al lado, en Playa del Muerto, nadie está haciendo ningún trabajo de limpieza”, mostró Quiroz desde lo alto de una loma en Bahía Blanca, frente a la cabaña donde guarda las redes con Asían. “Aquí no ha venido nadie y el mar sigue arrastrando el petróleo”, explicó el pescador Asían, quien veía insuficiente la limpieza de la arena, pues todos los días aparece nuevamente empetrolada. “Esa isla estaba llena de patos, lobos, nutrias, amanecía llena de aves. Ahora está para contarlo nada más. Estamos en el aire”, describió Quiroz en medio del silencio de la fauna marina.
En Playa Cavero, un grupo de jóvenes voluntarios autocovocados por WhatsApp ayudaba por segundo día a veterinarios independientes y de entidades estatales a rescatar aves marinas. La estudiante de sociología Leslye Flores contó que recibieron una capacitación de la autoridad de fauna silvestre (Serfor) para manipular las especies con cuidado, “colocarlas en jaulitas cubiertas con una toalla” y entregarlas a los especialistas. “Donde está el petróleo hoy hemos rescatado tres, pero había unos 30 muertos”, dijo la joven, que vive a más de una hora del lugar.
“He visto una improvisación absoluta”, calificó Kevin, otro voluntario de 22 años. “El gobierno local como el nacional no están preparados para enfrentar este tipo de desastres. Ayer pudimos ver toda esa improvisación”, añadió. Otros afectados, vendedores y sombrilleros en la playa Costa Azul, la más grande de Ventanilla, llegaron el jueves a Playa Cavero con carteles pidiendo ayuda, al enterarse de que el presidente llegaría a ese punto. “Somos 250 familias afectadas que trabájabamos en comercio menor de comida. Somos padres, madres y esto ocurre en plena temporada de verano. De lunes a viernes venían a diario de 1.500 a 2.000 bañistas y el fin de semana hasta 3.000 personas”, relató Clara Vega, de 39 años.
La respuesta del Gobierno
La primera ministra Vásquez estuvo en Playa Cavero con el presidente Castillo durante 30 minutos el jueves. El presidente ha insistido que Repsol debe asumir su responsabilidad y que el vertido, en ningún caso, quedará impune. “Estamos ante uno de los ecocidios más grandes que se han suscitado en nuestras costas y mar. El Gobierno asume el rol de sancionar a los responsables del daño que afecta trágicamente a la flora, fauna y a las comunidades puestas en peligro y privadas de su sustento cotidiano”, tuiteó Castillo.
Por la noche, anunció que el Gobierno elaboraría un padrón de afectados. Y volvió a mostrarse firme respecto a la responsabilidad de la empresa. “Este Estado no va a dejar impune un daño tan grande como éste y vamos a buscar reparaciones e indemnizaciones justas”, anunció. “Desde el Estado, se han dispuesto las acciones penales, civiles y administrativas a fin de cautelar la soberanía y bienestar del país”, añadió más tarde.
La premier adelantó que el Gobierno prepara normas en respuesta a lo ocurrido tras el derrame. “La institucionalidad aún es débil en materia ambiental”, afirmó. En 2015, con el fin de “reactivar la economía” el Gobierno de Ollanta Humala aprobó una nueva legislación conocida como “paquetazo ambiental” que redujo la vigilancia a las empresas por delitos medioambientales, mientras que el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski modificó límites permisibles de contaminación para que los privados tuvieran menos posibilidad de ser multados o sancionados.
La jefa del gabinete también anunció que el Gobierno ha pedido ayuda a un grupo de expertos de Naciones Unidas para dar asistencia técnica sobre el derrame de petróleo. La Cancillería detalló este viernes que “la misión está compuesta por técnicos especializados en respuesta rápida medioambiental, coordinación y manejo de incidentes de este tipo, y planeamiento y contingencia para futuras ocurrencias similares”. Adicionalmente, el gobernador regional de Lima, Ricardo Chavarría, dispuso que la procuraduría regional entable acciones legales contra la empresa que opera la refinería. La Procuraduría de la Municipalidad de Chancay ha denunciado penalmente a funcionarios de Repsol del Perú por el presunto delito de contaminación ambiental. “El derrame ha afectado de manera irreparable el plancton y ha avanzado más de 200 kilómetros”, aseguró el biólogo Marino Morikawa en una entrevista en Radioprogramas.
Desde el lunes, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noroeste está a cargo de las investigaciones por delito de contaminación ambiental. El jueves, el Ministerio Público informó que amplió las competencias a esa dependencia para que realice diligencias -más allá del área metropolitana- hasta la región Lima Provincias, “debido a que la contaminación marítima habría llegado hasta Supe (Barranca, a 175 kilómetros de Lima). Dicha pesquisa permitirá establecer la reparación civil a favor del Estado que debe pagar el Grupo Repsol del Perú SAC”, indicó.
El ministro de Justicia, Aníbal Torres, tuiteó el miércoles que en Repsol hay “responsabilidad administrativa (multa), civil (indemnización) y penal. Sobre esta última, la Fiscalía debe actuar de oficio”, consideró. El gobernador regional de Lima, Ricardo Chavarría, dispuso que la procuraduría regional entable acciones legales contra la empresa que opera la refinería.
Fuente: El pais