La Comisión Europea busca una revolución económica para reducir las emisiones de efecto invernadero y alejar el riesgo de una pandemia climática
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La mayor transformación económica y social de la Unión Europea en las últimas décadas comienza este miércoles con la previsible aprobación en Bruselas de más de una decena de proyectos legislativos encaminados a revolucionar la forma de vivir, trabajar, desplazarse, consumir y producir. El tremendo salto social y tecnológico pasará, entre otras cosas, por multiplicar por dos la cuota de las energías renovables en la Unión Europea, por dejar fuera de la circulación a los vehículos más contaminantes, por penalizar a los edificios (incluidas las viviendas habituales) que no limiten sus emisiones de dióxido de carbono (CO₂) y por encarecer las importaciones desde países que no cooperen en la lucha contra el cambio climático, entre otras medidas previstas.
La UE se ha comprometido a que en 2030 sus gases de efecto invernadero se habrán reducido un 55% respecto a los niveles de 1990. Para mediados de este siglo, la economía europea tendrá que haber llegado a unas emisiones netas cero —que solo se expulsen los gases que puedan absorber sumideros como los bosques—. La urgencia por actuar frente a la crisis climática ha llevado a Europa a fijarse ahora estos objetivos de lucha contra el calentamiento y eso implica una profunda revisión de las metas concretas y directivas energéticas. Esa revisión es la que presentará este miércoles la Comisión y durante el próximo año Bruselas tendrá que terminar de cerrar este conjunto de normas con el Parlamento Europeo y los gobiernos de los Veintisiete.
La experiencia de la covid-19, que sorprendió a la mayor parte de la UE sin ningún tipo de preparación para una pandemia de tal magnitud, ha hecho que las instituciones comunitarias tomen conciencia sobre la importancia de adelantarse a los impactos negativos de la crisis climática, que muchos consideran el gran reto de este siglo, que ya está en marcha y cuyos síntomas más virulentos se aprecian ya en forma de fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor que son cada vez más frecuentes e intensas en todo el planeta.
Entre 1980 y 2016, murieron en Europa unas 2.700 personas al año como consecuencia solo de las olas de frío y, sobre todo, las de calor, según un reciente estudio del centro de investigación de la Comisión Europea. El mismo informe indica que un aumento de la temperatura global de 1,5 grados disparará la cifra de muertes hasta las 30.000 al año. Y los países del sur del continente, como España, serán los que saldrán peor parados.
La nueva estrategia europea para reforzar la lucha contra el cambio climático, bautizada con la expresión en inglés Fit for 55 (En forma para el 55, en alusión al porcentaje de reducción de emisiones que se quiere alcanzar en 2030), combina un endurecimiento de las exigencias internas en materia de energía, consumo y producción con medidas para forzar a terceros países a elevar sus propios estándares si quieren seguir accediendo al mercado europeo, el mayor del mundo con 405 millones de consumidores con un elevado poder adquisitivo.
Más renovables y más rápido
Una de las piedras angulares de la estrategia que presentará Bruselas esta semana será el impulso a las renovables, que son la opción más competitiva en estos momentos para descarbonizar el sector eléctrico y para ayudar al transporte a desengancharse también de los combustibles fósiles. El objetivo que tenía fijado hasta ahora Europa era que en 2030 el 32% de todo el consumo final de energía debía ser de origen renovable. Pero, con el aumento de la ambición al que se ha comprometido ante la ONU la Unión Europea —esa neutralidad climática para 2050—, se necesita más. Por eso, según las fuentes consultadas, Bruselas propondrá llegar hasta una cuota del 40% de renovables como mínimo a finales de esta década.
En 2019, el último año del que se tienen datos cerrados, la cuota de energías limpias en la UE fue del 19,7%, lo que implica que la nueva propuesta de Bruselas obliga a multiplicar por dos la implantación de las renovables actual en una década. Requerirá de un ritmo de crecimiento nunca visto hasta ahora —entre 2010 y 2020, la cuota renovable pasó solo del 14% a alrededor del 20% actual—. Pero el abaratamiento de los costes y las innovaciones tecnológicas ayudarán a este rápido salto, explican fuentes comunitarias.
El sector eléctrico tiene una salida renovable bien marcada. Pero existen otros sectores —como el transporte aéreo o algunas industrias muy intensivas— que necesitarán otras vías de descarbonización. Y es ahí donde entra el hidrógeno renovable o verde. Para ambos sectores se espera que Bruselas fije objetivos de penetración de hidrógeno de origen renovable.
Adiós al coche de combustión
Otro de los grandes protagonistas del proceso de transformación que quiere desencadenar la Comisión es el automóvil. El reinado de los motores de combustión (gasolina y diésel) tiene los días contados en favor del coche eléctrico, según llevan años advirtiendo los analistas. Ahora Bruselas podría fijar una fecha para el fin de las ventas de turismos de combustión nuevos. Algunas firmas europeas ya han anunciado su intención de dejar de fabricar este tipo de coches en los próximos años. La última en hacerlo ha sido Volkswagen, que dejará de vender motores de gasolina y diésel en 2035 como muy tarde. Algunas fuentes apuntan a que esa podría ser la fecha que también adopte la Comisión en su propuesta.
La recién aprobada ley de cambio climático española fijaba ya, por ejemplo, 2040 como el último año en el que se podrían matricular automóviles nuevos que emitan CO₂ —es decir, los de gasolina, diésel, híbridos o de gas—. Otros países europeos habían puesto sobre la mesa vetos mucho más tempranos. Con su propuesta, Bruselas podría unificar los calendarios y proteger el mercado común.
Edificios más eficientes
El transporte, la construcción, la agricultura o la gestión de residuos son el origen del 60% de las emisiones de efecto invernadero en la UE, pero han estado exentos hasta ahora de un control tan estricto como las industrias pesadas o el sector eléctrico. El nuevo plan termina en buena parte con esa tolerancia y elevará el nivel de exigencia, hasta el punto de que se plantea crear para el transporte rodado y la construcción un mercado de emisiones de CO₂ similar al utilizado para la gran industria. El objetivo es forzar a los Estados de la UE a mejorar la eficiencia exponiendo a las empresas de esos sectores a pagar multas por cada tonelada de emisiones que supere el nivel establecido.
La propuesta no está exenta de riesgo político porque el precio final se trasladará, sobre todo, a propietarios de vehículos y de viviendas. La eurodiputada Saskia Bricmont, del grupo de los Verdes, avisa de que “afectará al coste de los consumidores, así que es contrario a la justicia social por la que estamos luchando”. Bricmont aboga por ser más exigentes con los sectores del transporte y la construcción pero sin incluirlos en un mercado de emisiones.
Fondo social
La Comisión parece consciente del riesgo social e intentará evitar que la nueva estrategia desencadene a escala continental protestas como las que sacudieron Francia con la llamada revuelta de los chalecos amarillos contra los gravámenes al transporte privado. Bruselas plantea la creación de un fondo social multimillonario para paliar el impacto en los países o regiones con mayores dificultades para acometer la transición ecológica y con ayudas para los hogares más vulnerables o desfavorecidos. La cuantía del fondo y su reparto se convertirán, previsiblemente, en una de las principales bazas de negociación de todo el plan y en el instrumento para persuadir a los países más reacios a fijar objetivos ambiciosos en la lucha contra el cambio climático, en especial, pero no solo, en Europa central y del este.
“Estamos ante una transformación económica que tendrá un enorme impacto social”, señalaba la pasada semana Laurence Tubiana, directora ejecutiva de la European Climate Foundation (EFC), durante un encuentro con algunos medios europeos. La directora de ECF, una organización volcada en la lucha contra el cambio climático, cree que será necesario “un nuevo contrato social, que será diferente en cada país, para que la justicia social esté en el corazón de todo el paquete [Fit for 55]”.
Emisiones más caras
Unas 10.000 instalaciones del sector energético y manufacturero en Europa, así como las líneas aéreas, operan en el mercado de emisiones puesto en marcha en 2005, conocido por las siglas ETS. El sistema impone un techo de emisiones para cada unidad de producción y obliga a comprar títulos por cada tonelada de CO₂ de más. La penalización resultó inofensiva durante los primeros ejercicios por la abundancia de títulos, que superaban la demanda, y porque la entrega inicial fue gratuita. Pero las sucesivas revisiones del mecanismo y la retirada progresiva de títulos han elevado el precio hasta los 50 euros por tonelada, una cota que empieza a tener impacto en las decisiones de muchas empresas, que se ven forzadas a optar por tecnologías de producción más limpias para evitar un encarecimiento de sus productos o servicios.
Bruselas quiere dar este miércoles otra vuelta de tuerca al sistema con la progresiva retirada de títulos y de la entrega gratuita. Además, incorpora al sector marítimo, exento hasta ahora, lo que también contribuirá a aumentar la demanda. Algunas estimaciones apuntan a un precio de 70 euros por tonelada, lo que supondría una señal muy clara para el mercado de que el CO₂ penaliza gravemente la rentabilidad. El endurecimiento del castigo a la producción sucia europea se compensará con la introducción acompasada de un gravamen a las importaciones con un estándar de limpieza inferior al europeo.
Arancel climático
Ponerle precio al CO₂ es una de las medidas más eficaces en la lucha climática, ya sea a través de un sistema de comercio de derechos de emisiones como el europeo o a través de tasas directas, ya que desincentiva el uso de los combustibles fósiles que emiten los gases de efecto invernadero. Con su paquete normativo, la Comisión transformará el mercado de derechos de emisiones comunitario, pero también quiere protegerse ante las importaciones de otros países en los que no se grava el CO₂.
Está previsto que Bruselas incluya en su propuesta un impuesto al carbono en frontera para las importaciones. Esta medida ha despertado ya los recelos de algunos países, como Estados Unidos. Pero es también la respuesta europea al bloqueo del desarrollo del artículo 6 del Acuerdo de París, que buscaba el establecimiento de las bases de un sistema internacional de mercado de emisiones. Cumbre climática tras cumbre climática, el desarrollo de ese artículo se ha paralizado. Y muchas industrias europeas se quejaban de que el sistema europeo de derechos de emisiones les hacía competir en peores condiciones.
Fuente: El pais