La iniciativa, que busca reemplazar la actual ley de Biocombustibles, tiene como puntos centrales los porcentajes de los cortes entre gasoil y biodiésel y bioetanol con caña de azúcar y con maíz, y otorga facultades a la Secretaría de Energía para subir o bajar esos porcentajes.
Félix, cuya firma encabeza el proyecto del oficialismo, señaló que en la comisión se seguirá “debatiendo y avanzando para lograr una ley que dé previsibilidad y certeza al sector”.
En su exposición, Martínez consideró que se trata de “un proyecto muy interesante ya que enumera aspectos generales que establecen claramente al desenvolvimiento de la actividad” para tener “energías mas amigables con el medio ambiente”.
El funcionario destacó que el nuevo articulado tiene “una clara descripción técnica de los biocombustibles, el proyecto determina de manera adecuada las definiciones de los biocombustibles en general y particularmente las de biodiésel y bioetanol”.
En su discurso defendió los cortes establecidos en la iniciativa de un 5 por ciento del corte entre gasoil y biodiésel y destacó que en materia de bioetanol se mantiene el corte del 12%, “pero dividido en 6% entre los producidos a base de caña de azúcar y 6% a base de maíz. Ambos productos devienen de economías regionales diferentes”.
Martínez destacó la facultad que tendrá la Secretaria para cambiar estos porcentajes al afirmar que “da la posibilidad de aumentarlo o bajarlo en el caso que la situación lo amerite y es una herramienta adecuada para proteger a los consumidores”.
El Secretario también agregó que “ese mecanismo permitirá amortiguar en el surtidor la suba del precio internacional del aceite de soja, el componente básico del biocombustible”.
En ese sentido, señaló que “el precio se calculará teniendo en cuenta los costos instintivos de los biocombustible y la rentabilidad adecuada para las empresas. Esto da tranquilidad de tener una herramienta que permita que la actividad se siga desarrollando”.
El proyecto establece que la Secretaría de Energía podrá “elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas”.
De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3% “cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras.
A lo largo de su informe, Martínez también destacó que la ley protege a las pymes y señaló que es muy importante porque la mayoría de las empresas de biocombustibles corresponden a medianas empresas y “eso permite dinamizar las economías regionales”
“El Gobierno tiene especial atención en proteger y dinamizar a las Pymes, como unidades productivas que generan la mayor parte de los puestos de trabajo y dinamizan estas economías regionales. Este proyecto se entronca con estos objetivos”, agregó.
Al respecto el funcionario señaló que las pymes tendrán “un cupo máximo de 50.000 toneladas con lo cual se preserva una distribución equitativa entre las empresas del sector impidiendo la concentración de esos cupos”.
Desde Juntos por el Cambio, Fabio Quetlas dijo que “la sensación que queda es que en 2006 se legisló con el petróleo a 120 dólares para un lado, y ahora con los commodities tan caros, para el otro. El secretario utilizó mucho la palabra “amortiguar”, y lo que se debe dar es certezas. Amortiguar a la larga no tiene resultado”.
“Es el marco de la lectura que la Secretaría de Energía tenga sobre la transición energética la que determina si nosotros debemos tomar un rumbo u otro mundo. Pueden tener más de un escenario, pero tenemos la sensación de que si no sabemos a dónde queremos ir en materia energética, los instrumentos van a ser ineficaces”, agregó.
El proyecto, que busca reemplazar la actual ley de Biocombustibles que venció hoy y fue prorrogada por el Gobierno nacional por espacio de 60 días, tiene como puntos centrales los porcentajes de los cortes entre gasoil y biodiésel y bioetanol con caña de azúcar y con maíz, y otorga facultades a la Secretaría de Energía para subir o bajar esos porcentajes.
En ese sentido, establece que se reducirá del 10 al 5% el corte obligatorio entre gasoil y biodiésel. En el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, mismo porcentaje establecido para el bioetanol a base de caña de maíz.
La mayoría de las cámaras empresarias del sector rechazaron la reducción del corte obligatorio, una posición que fue acompañada por legisladores de Juntos por el Cambio. En tanto, a favor de la iniciativa se pronunciaron el Centro Azucarero y la Cámara Santafesina de Energías Renovables, entre otras.
Otro punto del proyecto que genera debate es el artículo que establece que la Secretaría de Energía podrá “elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas”.
De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3% “cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras”.
El proyecto mantiene beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).
Fuente: Ambito