Las firmas PowerChina, Holdec Inversora S.A., CPC S.A. y Rovella Carranza S.A., denuncian una “flagrante alteración” de la propuesta inicial por parte de la adjudicataria Helport. Aseguran que no obtuvo el financiamiento propuesto y por tanto los cambios acaecidos encarecerían la obra.
A partir del resultado del dictamen, el consorcio reclamó que la obra le sea adjudicada “en virtud de haber presentado la oferta más conveniente”.
El proceso licitatorio de la represa Chihuido, cuyo emplazamiento debía llevarse a cabo en Neuquén sobre el río homónimo a la provincia, tuvo lugar en 2013. Para el desarrollo de la obra, que generaría un total de 637 MW de potencia, se precisaba un financiamiento de u$s2.200 millones.
Tanto el consorcio chino como Helport (compuesto por las empresas Panedile S.A.I.C.F. de Hugo Dragonetti, Isolux Ingeniería S.A., Chediack S.A.I.C. de Juan Chediack, Eleprint S.A., e Hidroeléctrica Ameghino) se presentaron a la licitación, la cual se concretó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, siendo el segundo quien obtuvo la adjudicación.
Sin embargo, durante la administración de Mauricio Macri, Helport jamás logró obtener el dinero necesario para llevar a cabo tamaña obra. Si bien en un principio la adjudicataria había adelantado que el crédito provendría de Rusia, el dinero nunca apareció, con lo cual debieron recurrir a un financiamiento otorgado por bancos alemanes.
Pero desde el consorcio chino señalan que el desembolso proveniente de capitales alemanes “se encontraría supeditado a la evolución de variables de la macroeconomía nacional” lo cual podría tornar “radicalmente más gravoso para el costo de la obra que el oportunamente propuesto y evaluado”.
Contrario a ello, en la misiva enviada a Katopodis remarcan que el financiamiento propuesto por las reclamantes “se mantiene en los términos en que fue comprometido al formalizarse la oferta, y resulta, en relación con el que tardíamente presentara el oferente preseleccionado, económicamente más conveniente, por no permanecer asociado a la fluctuación de aquellas variables macroeconómicas a las que el nuevo financiamiento del oferente preseleccionado estaría sujeto”.
Siguiendo esa línea, reclamaron al Gobierno que efectúe la revisión pertinente, ya que actualmente el proceso licitatorio “se encuentra en curso”, y por lo tanto se disponga “lo necesario para asegurar en ellas el estricto imperio de la legalidad y del principio de igualdad de los postulantes, y verificando que no se adopten en su marco decisiones perjudiciales para las cuentas públicas y los intereses sociales comprometidos”.