La detención de la banda que “pinchó” el oleoducto de la estatal derivó en un pedido de mayores controles. Cómo operaba la organización desarticulada
El robo de petróleo que sufrió la estatal YPF el año pasado y este, y que ya a comienzos de septiembre derivó en allanamientos y detenciones, comenzó a motorizar acciones desde el ámbito político.
Confirmado que la compañía sufrió pinchaduras en su oleoducto en enero de 2019 y la primera parte del corriente, ahora se presentó un proyecto que pide revisar “medidas de prevención, monitoreo y control para garantizar la trazabilidad de los combustibles que se venden en las estaciones de servicio”. Y también los aspectos orientados a “detectar y reprimir la existencia de refinerías ilegales”.
También se señala que “una investigación preliminar indica la existencia de casos de robo de petróleo en los años 2002, 2007, 2011, 2015 y 2016”.
“El establecimiento de procedimientos para la trazabilidad de los procesos económicos desde el punto de vista de la legalidad pero sobre todo de la seguridad de las personas es ser un mandato permanente y vigoroso de la sociedad hacia el gobierno”, se insiste en el proyecto, siempre con foco puesto en el circuito de producción y venta de naftas a partir del crudo robado a la estatal.
El proyecto en cuestión surge a partir de lo ocurrido en la primera parte de septiembre. A comienzos de mes, 21 personas fueron detenidas -entre ellas, Alberto Torres, concejal de Cambiemos en Lanús- luego de 39 allanamientos realizados en distintas zonas del conurbano bonaerense y del interior del país en el marco de una causa que investiga a una organización criminal que robaba petróleo de un oleoducto de estatal YPF.
La banda en cuestión luego refinaba el crudo en destilerías clandestinas y lo vendía como combustible en distintas estaciones de servicio, informaron fuentes judiciales.
La acción de hace dos semanas corrió por cuenta de distintas divisiones de la Policía Federal Argentina (PFA), que actuaron en sendos puntos del conurbano bonaerense y en las localidades de Olavarría, Azul y Villa Ramallo de la provincia de Buenos Aires.
Otros operativos también fueron llevados a cabo en la ciudad de San Lorenzo -provincia de Santa Fe-, en la localidad rionegrina de General Roca y en la ciudad de Neuquén.
Así operaba la banda
Las pruebas recolectadas permitieron determinar que la banda obtenía crudo de manera ilícita de diversas fuentes, afectando a varias empresas del sector. En particular, en febrero pasado la banda intentó extraer petróleo mediante una punción a un oleoducto de YPF, en la localidad bonaerense de Coronel Dorrego, para lo cual los miembros se habrían alojado previamente en Bahía Blanca.
Posteriormente, este resultaba cargado con mangueras en camiones cisterna que, en algunos casos, luego trasladaban el líquido a una planta clandestina ubicada en Valentín Alsina -que vierte sus desechos en la Cuenca Matanza-Riachuelo- donde era destilado y refinado. El combustible resultante se comercializaba a estaciones de servicio sin bandera -también conocidas como “blancas”.
De acuerdo a las escuchas realizadas por los investigadores, se estableció que las maniobras demandaban el uso de tres camiones cisterna y el empleo de cuatro choferes. También, que los conductores realizaban un circuito que permitía realizar dos cargas de petróleo a dos vehículos por noche.
De acuerdo a la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, los integrantes de la banda obtenían “un alto rédito económico, no sólo sorteando todas las exigencias y controles estatales, sino también construyendo con sus maniobras un circuito económico y comercial completamente ilegal”, y que además “habrían realizado acciones que dañan el medio ambiente de manera ostensible”.
Durante los allanamientos, además de las detenciones, se secuestraron herramientas para la punción de los oleoductos, dinero en efectivo -12 millones de pesos y 3.700 dólares-, teléfonos celulares y vehículos varios.
Fuente: Iprofesional