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Testigo sintió “indignación” ante judicialización del caso porque agentes de carrera actuaban igual en todos los casos y la deuda en planes “no era exigible”.

A lo largo de 4 horas de declaración testimonial, Roberto Mazal, director de AFIP con 26 años de carrera aseguró que le generó “indignación” que se hubiera judicializado –a través de la causa Oil Combustibles– el trámite de otorgamiento de planes generales y particulares bajo el denominado Artículo 32, en los que los funcionarios del organismo recaudador habían actuado siempre de idéntica manera para todos los contribuyentes. Fue uno de los testimonios más contundentes desde el inicio del juicio oral y su convocatoria estuvo motivada en que fue uno de los firmantes, en 2019, –junto a otros 30 jerárquicos de AFIP entre directores regionales y jefes de agencia- de una carta dirigida a Leandro Cuccioli donde subrayaban el “ejercicio legítimo de sus funciones” más allá de que se hubiera escogido el caso de la petrolera de Cristóbal López y Fabián De Sousa para cuestionar en sede penal el modo en el que se tramitaron los planes de pagos por deudas impositivas. Resaltó que hubo 1648 otorgados en similares condiciones y que, hasta el caso Oil, nunca había habido denuncia penal alguna.

Mazal también apuntó a la prueba que fue utilizada durante la investigación. Un informe preliminar N°14 el cual se había hecho sobre Oil Combustibles (algo inédito ya que en AFIP se hacían auditorías sobre procesos y no sobre contribuyentes específicos), la cual fue incompleta porque nunca recogió las respuestas de las áreas involucradas. Algo que sí ocurrió con la Auditoría N°15 que se hizo sobre una muestra de 80 planes de facilidades de pago de distintas empresas y que arrojó que no había un procedimiento normado para tramitarlas, sino que había una serie de lineamientos de trabajo que podrían ser perfeccionados. El testigo fue tajante en otro punto: los planes de pago generales (dos de ellos se cuestionan en el juicio) son controlados de forma “sistémica”, lo que significa que la AFIP cruza sus bases de datos y el contribuyente adhiere de manera automática, sin intervención humana posible.

“No encuentro nada que sea distinto a lo que habitualmente hacíamos”, indicó Mazal que recorrió áreas importantes de la AFIP en cargos jerárquicos cuando repasó -en la misma audiencia- el trámite administrativo de Oil. La cuestión es uno de los pilares de las defensas: no hubo para el caso Oil un trámite diferenciado, una situación irregular, o un proceso desviado que permita avalar la hipótesis de un delito en connivencia con una veintena de funcionarios de AFIP que aparecieron involucrados y que dispararon la carta de queja de los jerárquicos.

Pero el testigo subrayó otro de los ejes del debate: “la deuda que se origina por la caducidad de un plan de pagos deja de ser exigible en la medida en que se reformule en un nuevo plan. No debe ser informado como deuda”. Parte de la acusación sostenía que Oil reformulaba planes caducos, como parte de una irregularidad que debió haber activado la ejecución fiscal de la empresa por parte de AFIP. “Son deudas que no podemos ejecutar. Es una deuda que esta sometida a una espera. Una mera solicitud de plan de pagos reviste esta característica. No es deuda, al menos liquida y exigible”, lanzó ante el Tribunal Oral Federal N°3 en una nueva audiencia semipresencial. Para el directivo de AFIP, la adhesión o reformulación de planes de pago “forma parte de su derecho para sanear su deuda frente al fisco”.

A su vez, indicó que la AFIP no hace ninguna evaluación de cómo van los negocios de las empresas que piden planes de pago, sino que se verifican aspectos formales que son chequeados siempre bajo las mismas premisas.

Ante la pregunta de un abogado respecto a si había escuchado que dentro de AFIP operaba una suerte de “Mesa Judicial”, Mazal dijo que no le constaba pero que “uno fue escuchando y tomando conocimiento de versiones en ese sentido”.

Fuente: Ambito