Lo resolvió la jueza que lleva el caso en Nueva York. Los querellantes buscan un resarcimiento de hasta US$ 5.000 millones
La expropiación de YPF, que el gobierno de Cristina Kirchner realizó en abril de 2012, sigue sin resolverse en el terreno judicial. La jueza Loretta Preska, que lleva el caso en la justicia de Nueva York, dispuso este lunes la realización de dos investigaciones adicionales para determinar si la Argentina tiene que pagar un resarcimiento millonario por esa decisión.
Las investigaciones se deben realizar desde ahora hasta marzo de 2021. Y el juicio se reanudará en junio del año próximo. El distrito Sur de Nueva York, que es el juzgado que lleva la causa, tratará de determinar la validez de reclamo del fondo Burford. Esa firma se quedó con los derechos para litigar de Petersen Energía, una sociedad que fue de la familia Eskenazi. Petersen Energía tuvo el 25% de YPF hasta la expropiación.
Está en juego un resarcimiento de entre US$ 3.500 millones y US$ 5.000 millones.
Preska decidió que se hagan dos procesos, que se llaman “discovery”. Se trata de investigaciones profundas sobre distintos aspectos del juicio. Argentina lo solicitó porque sigue intentando que el pleito se dirima a través de los estatutos de las leyes comerciales argentinas. Burford, en cambio, lo está solicitando para conocer más información.
Pero ninguna de las partes estaría interesada en investigar a fondo la curiosa adquisición del 14,9% de YPF por parte de Petersen Energía, allá por 2007. Esa compra de acciones de la mayor empresa del país se hizo con un “préstamo del vendedor” y con el giro de dividendos futuros de YPF a la española Repsol, que era la accionista mayoritaria.
“Lo que pasó es malo para los dos. Por el lado argentino quizás se puedan descubrir cosas que el gobierno actual no quiere que se descubran. Y por el lado de Burford, si se descubren esas cosas, cabe la posibilidad que la juez declare el caso nulo, porque se privatizó y se estatizó de manera legal”, explica Sebastián Maril, director de Research for Traders.
Carlos Zannini, actual procurador del Tesoro y defensor legal de los intereses argentinos, fue director del Banco de Santa Cruz hasta diciembre. Representaba a la provincia en esa entidad, que es propiedad de la familia Eskenazi, es decir del grupo Petersen.
“Argentina buscará expertos que digan porque la ley argentina en términos corporativos (de disputa entre accionistas) debe aplicarse en el estado de Nueva York, cosa que es posible. Y Burford busca información que ellos quieren preguntar. Se llegará en juicio del año que viene”, agrega Maril, que conoce el caso como pocos.
En junio de 2019, Burford pidió una sentencia sumaria (un proceso de resolución) sobre este juicio. Y se esperaba que insistiera con ese pedido. En cambio, optó por pedir más “investigación”.
Burford se quedó con los derechos legales de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, que son las querellantes. Esas sociedades fueron creadas por la familia Eskenazi para adquirir el 15% de YPF. Despues compraron otro 10 por ciento. Sin embargo, los Eskenazi aclararon que los derechos de ese juicio contra la Argentina fueron adquiridos en la justicia española por Burford Capital.
Esas firmas litigan contra el país, pidiendo una compensación por derechos que habrían sido incumplidos en la expropiación del 51% de la petrolera. La jueza Loretta A. Preska, del juzgado sur de Nueva York, desechó que ese pleito se pueda dirimir en Argentina. Entiende que el caso es de “interés público”, razón por la cual el juicio se hará en Nueva York.
La magistrada es la heredera de Thomas Griessa. En ese juzgado se tramitarán los juicios por incumplimiento de la deuda soberana, en caso que no haya un acuerdo con los acreedores.
En abril de 2012, Argentina expropió el 51% de YPF. Ese acto fue luego avalado por el Congreso. Pero, para cumplir con la legislación estadounidense, faltó otro paso. En 1993, cuando YPF fue privatizada, la petrolera accedió a las regulaciones bursátiles estadounidenses. Entre ellas, que cualquier movimiento importante en las acciones -como un cambio en la titularidad de la mayoría- debe alcanzar a todos los accionistas. En este caso, según los demandantes, el Estado tendría que haber hecho una oferta por el 49% restante.
La administración de Mauricio Macri trató que el juicio se haga en jurisdicción argentina, pero no lo logró ni en el juzgado, ni en la cámara de Apelaciones ni en la Corte Suprema de Justicia. La estimación de la defensa anterior (entre 2016-2019) era que podía costar entre US$ 3.500 millones y US$ 5.000 millones.
Según Burford, hay declaraciones de Guillermo Nielsen -actual presidente de YPF- donde se admiten errores de procedimiento en el proceso de expropiación. Ese fondo entiende que eso le da argumentos para ser compensado.
Fuente: Clarin