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El decreto de “barril criollo” se publicaría esta semana. Habrá revisiones trimestrales por si se dispara el petróleo o el dólar. Bajan a 0% las retenciones y prohiben las importaciones de crudo y derivados

El proyecto de decreto para dar luz al precio sostén de u$s 45 por barril para el petróleo crudo en Argentina o “barril criollo” tiene 14 artículos e incluye un congelamiento de los combustibles hasta al menos el 1° de octubre, excepto que otro shock como una devaluación o un aumento súbito del petróleo tumbe la normativa. Por eso, se dispuso una revisión trimestral.

La medida, a cuyo borrador final presentado el pasado viernes 8 accedió El Cronista, se haría oficial esta semana y no será retroactiva, sino que tendrá aplicación desde su publicación y hasta el 31 de diciembre de 2020. El precio diferencial de u$s 45 por barril perderá vigencia si el petróleo Brent supera ese valor durante diez días consecutivos.

Otro de los puntos claves del decreto es la baja a 0% de los derechos de exportación (retenciones), que en la práctica se aplican a una cuota ínfima de la producción que es vendida al exterior pero que funciona en el mercado interno para reducir el precio del crudo que pagan las refinadoras a las productoras.

Es decir, la quita de las retenciones subiría el barril “criollo”, mientras que los gobernadores provinciales podrán liquidar más regalías y compensar la disminución de otros ingresos tributarios en sus territorios.

Las retenciones hasta ahora estaban en 12%, pese a que la Ley de Solidaridad, sancionada en diciembre de 2018, establecía una reducción a 8%, que nunca fue reglamentada. Volverá recién a esa alícuota si en algún momento del año el crudo supera los u$s 45 pero está por debajo de los u$s 60.

También se establecerá la prohibición de importar petróleo crudo o combustibles refinados “cuando exista en el mercado local disponibilidad de producto o capacidad efectiva de procesamiento”.

Desde el 11 de marzo regían Licencias No Automáticas (LNA), que fue el mecanismo de mercado que dispuso el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para no intervenir de facto al sector.

A principios de marzo, cuando se derrumbó el precio del petróleo en el mundo por un desacuerdo entre Arabia Saudita y Rusia para reducir la producción en medio de una monumental baja de la demanda de energía por la pandemia de Covid-19 (coronavirus), el Gobierno hizo todo lo posible para evitar una intervención formal al mercado de los combustibles. Pero la presión de los gobernadores de Santa Cruz (Alicia Kirchner) y Neuquén (Omar Gutiérrez) surtió efecto.

Ellos serán los más beneficiados por esta medida junto a productores no integrados como Vista Oil & Gas, Sinopec, Capsa y Tecpetrol, entre otros. Los perjudicados directos serán Raízen (Shell) y Trafigura (Puma Energy).

A su vez, Axion (PAE), que solamente utiliza el crudo que produce, se opuso a la medida, mientras que Guillermo Nielsen, presidente de la estatal YPF, expresó rechazo a la decisión pero el nuevo CEO, Sergio Affronti, fue el jugador clave para destrabar la discusión y fijar el nuevo precio de referencia.

 

 

Fuente: Cronista