Para el columnista Jay Newman, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos debería revocar la sentencia contra nuestro país ya que la disputa pertenece a la jurisdicción argentina
Para el columnista Jay Newman, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos debería revocar la sentencia contra nuestro país ya que la disputa pertenece a la jurisdicción argentina
“En un extraño giro del destino, tres jueces estadounidenses tienen el destino de una nación en sus manos. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos decidirá pronto si una sentencia de US$16.000 millones de dólares contra la República Argentina debe mantenerse”, señala el también novelista estadounidense en el extenso artículo que publicó en el diario británico. Advierte que, de ratificarse el veredicto, frustraría los planes de la administración Milei de reestructurar un “sistema político” que tiene reservas negativas por US$6000 millones y negocia por estos días un rescate por US$20.000 millones con el FMI.
Aun cuando Newman duda de que la sentencia se confirme -alega que el Segundo Circuito tiene motivos suficientes para dejar sin efecto el falló del tribunal inferior-, no deja pasar que “el caso nunca perteneció a un tribunal de Nueva York en primer lugar”, como sostiene nuestro país en su apelación al fallo.
“Los procedimientos legales deberían haber permanecido en la Argentina, ya que la disputa es puramente local y abarca un microcosmos de la sociedad y la política argentinas. Afecta prácticamente todas las facetas de la vida cívica argentina, desde su desarrollo histórico, las facultades gubernamentales, el régimen jurídico, el derecho sustantivo, la política energética y el interés público”, argumenta en uno de los párrafos de la columna.
La expresidenta Cristina Kirchner anunció ayer la expropiación de YPF en 2012.
No es el único reparo que tiene. El ex gestor de fondos cuestiona también el cálculo de los daños establecido en el fallo original. Señala que la indemnización se basó en el valor del peso argentino en 2012 en lugar de su cotización al momento del veredicto, lo que, según él, infló la cifra de manera significativa. “Debido a la depreciación del peso frente al dólar durante los 12 años transcurridos desde 2012, la indemnización debería acercarse a los US$100 millones”, denuncia el exejecutivo de Elliott Management. Señala entonces que una corrección en este cálculo podría reducir considerablemente la indemnización impuesta al país.
Newman cierra el artículo del Financial Times con una reflexión: “La credibilidad de los tribunales y del sistema legal estadounidense está en juego. Imaginemos el justificable inconveniente que se gestaría si los tribunales argentinos oportunistamente iniciaran demandas contra Estados Unidos basándose en hechos que tuvieron lugar aquí, regidos por la legislación estadounidense … El destino del proyecto de revitalización económica de una nación penden de un hilo”.
Sobre el caso Petersen vs. Argentina
El caso Petersen vs. Argentina es una disputa legal derivada de la expropiación de YPF en 2012. En ese año, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó el 51% de las acciones de la petrolera, que en su mayoría pertenecían a la española Repsol. Sin embargo, la expropiación no se realizó siguiendo los términos establecidos en el estatuto de la compañía, que exigía que cualquier comprador que adquiriera el control de la empresa hiciera una oferta pública por el resto de las acciones.
Los demandantes, los fondos Petersen Energía y Eton Park (que habían adquirido acciones de YPF), argumentaron que la Argentina debía haberles ofrecido comprar sus acciones bajo las mismas condiciones. Como esto no ocurrió, demandaron al país en tribunales de Nueva York, alegando un incumplimiento contractual.
En 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra de la Argentina y estableció una indemnización de aproximadamente US$16.000 millones. La Argentina apeló el fallo, al argumentar que la expropiación fue una decisión soberana y que el caso debería haber sido tratado en tribunales argentinos, no en Estados Unidos.
Fuente: LN