La petrolera estatal busca desprenderse antes de 2028 de su participación en la principal distribuidora de gas del país. En abril se conocerá el esquema de tarifas vigente para los próximos cinco años y falta la extensión de la concesión en el AMBA. El resultado de las elecciones y el riesgo país también son fundamentales.
El Gobierno pondrá en marcha a partir de abril el sistema tarifario del servicio público de gas natural por redes que estará vigente durante los próximos cinco años. Se trata de una de las definiciones que espera la petrolera estatal YPF para apuntalar el precio de las acciones de Metrogas y poder avanzar en la venta de su participación en la distribuidora del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que además es la más grande del país, antes de 2028.
La Secretaría de Energía de la Nación finalizará en los próximos días el proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) en el que quedarán planteado el sendero de inversiones que deberán poner en marcha las compañías y el nivel de tarifas –con sus respectivos aumentos– hasta 2029. Se terminará así con casi 30 años de congelamiento en el que debería haber habido seis RQT, solo se realizaron dos y ninguna se cumplió.
La finalización de ese proceso implica darle previsibilidad al negocio de Metrogas y hacerla más atractiva para un eventual comprador. La distribuidora tiene más de 2.400.000 clientes en el AMBA, más de 1.100 empleados y YPF es dueña del 70% de sus acciones. El resto pertenece a Integra Gas Distribution, un 9%; Anses, 8%; y el resto cotiza en la bolsa local.
Luego de la nacionalización de YPF, en 2012, la empresa hizo uso de la opción para adquirir la mayoría accionaria en Metrogas y se quedó con la participación de British Gas. Hay una cuestión legal de fondo: una petrolera no puede ser controlante de una distribuidora porque está prohibida la integración vertical de la cadena (productores, transportistas, comercializadores y distribuidoras).
En YPF saben que aún no es el momento para avanzar en la salida de Metrogas, ya que la intención es conseguir el mejor precio posible para los más de USD 400 millones que tiene en acciones. Pero también saben que deben hacerlo antes de 2028, fecha en la que termina el Plan Gas en la Argentina y deberá ponerse en marcha un nuevo marco de contratos en el sector.
En la petrolera estatal igualmente aguarda otras dos definiciones para poder desprenderse de Metrogas: que el resultado de las elecciones apuntale el rumbo del Gobierno de Javier Milei y la extensión de la licencia de concesión del AMBA por 20 años más, algo que estaría descontado una vez que finalice la RQT. Es que los eventuales incumplimientos de la empresa en su contrato de concesión quedarían justificados por los sucesivos atrasos tarifarios.
Otro punto fundamental es la baja del riesgo país, que se mantiene en la zona de los 760 puntos. El presidente de YPF, Horacio Marín, había apuntado el año pasado en ese sentido durante un evento empresario. “No puedo vender Metrogas a 2.500 puntos de riesgo país. A 900, sí. No era el momento al inicio de la gestión. Estábamos defendiendo el patrimonio de YPF. Ahora, creo que sí. La vendemos y agarramos la plata y la ponemos en Vaca Muerta”, había comentado el ejecutivo.
La Secretaría de Energía de la Nación aseguraron que los incrementos habilitados para las empresas de gas resultarán en un traslado por debajo del 10% a los usuarios finales, que incluso podría ser prorrateado en tres cuotas (una en abril, otra a fin de año y otra en 2026). También se espera la puesta en marcha de un mecanismo de indexación mensual que tenga en cuenta la inflación, para que los ingresos de las distribuidoras no se diluyan en términos reales.
El director de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), Daniel Martini, señaló que el proceso de revisión de tarifas vino a recuperar la vigencia de la ley que dio lugar a la gestión privada del servicio. En los 32 años que lleva ese esquema hubo atraso tarifario en 22 años. La última revisión se hizo durante el Gobierno de Mauricio Macri y luego hubo un congelamiento que duró hasta el año pasado.
De la presentación que realizó Martini se desprende que los aumentos que habilitó el Gobierno de Javier Milei en 2024 implicaron un salto del 400% en las facturas finales de los usuarios el año pasado, aunque la morosidad está en un mínimo del 3,52% y la Argentina mantiene una de las tarifas más bajas tanto de la región como del mundo. Las empresas mejoraron sensiblemente sus balances y esperan consolidar ese proceso, a partir de un incremento en la rentabilidad, para transformarse en “sujetos de crédito”.
Fuente: Infobae