La fundación Republican Action for Argentina solicitó a la jueza estadounidense Loretta Preska que anule el fallo por el que condenó al Estado argentino a pagar 16.100 millones de dólares a las firmas Burford y Eton Park e investigue a los involucrados en la nacionalización de la petrolera argentina YPF.
El abogado Fernando Irazu, representante de la fundación Republican Action for Argentina, confirmó este domingo a EFE que la presentación fue hecha el pasado 17 de febrero y que la jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de vista a las partes involucradas en el juicio.
“Las partes, incluyendo el Estado argentino e YPF, tienen hasta el martes 25 para responder, según lo ordenado por la jueza Preska. Es de suma trascendencia que avalen las razones de la presentación para proteger los derechos de todos los argentinos”, señaló Irazu.
El 2023, Preska condenó al Estado argentino por la decisión en 2012 de expropiar a la española Repsol el 51 % de las acciones en YPF sin hacer una oferta pública de adquisición de títulos a otros accionistas minoritarios de la mayor petrolera de Argentina.
El caso se inició en 2015, cuando la firma inglesa Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron la demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.
Esas dos sociedades antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación accionarial del 25 % en YPF al momento de la nacionalización y que no tomó parte del juicio en Nueva York.
Burford y Eton Park reclamaron en el juicio millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.
Argentina argumentó durante el juicio que la ley de nacionalización de YPF aprobada por el Parlamento en 2012 por impulso del entonces Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) le impedía al Estado adquirir acciones adicionales.
En su presentación, Republican Action for Argentina pidió la jueza la suspensión del proceso, la nulidad del fallo y que se inicie una investigación criminal contra los demandantes y el resto de las partes involucradas, incluyendo, entre otros, a Cristina Fernández y a la familia Eskenazi.
Según denuncia la fundación en su presentación, en 2008 ” la familia Kirchner obligó” a Repsol a vender un 25 % de YPF a la familia Eskenazi”, la cual, después de la nacionalización de 2012, no pudo afrontar el pago de los préstamos tomados para ingresar a YPF y las empresas del grupo Petersen quebraron en España.
En el escrito se afirma que la familia Eskenazi celebró luego un acuerdo con Burford y Eton Park para financiar y proseguir el costoso reclamo judicial “y finalmente dividir la indemnización de más de 16.100 millones de dólares”.
Irazu cuestionó que este accionar “sea garantizado, en última instancia, mediante un fallo judicial de los Estados Unidos”, por lo que pidió su nulidad. EFE
Fuente: Infobae