Es uno de los principales argumentos que utiliza el fondo Burford para demostrar que la petrolera es un alter ego del gobierno.
Argentina tiene que pagar USD 16.000 millones porque perdió el juicio por la estatización de YPF. La justicia norteamericana estableció un calendario para reunir información sobre activos y bienes que tiene el país para poder cumplir con la sentencia. El proceso conocido como discovery concluye el 14 de diciembre.
El Fondo Burford bajo sospecha de ser socio de la familia Eskenazi exige el 51% del paquete accionario que tiene el Estado en la petrolera de bandera y quedarse con el Banco Nación. El argumento es que no se trata de empresas autónomas ni independientes sino que responden directamente al gobierno de turno.
Entre la documentación presentada ante la jueza Loretta Preska, Burford incluye información periodística sobre el control de Santiago Caputo sobre YPF donde colocó a su socio Guillermo Garat como vicepresidente a cargo de la publicidad, que en sus primeros seis meses de gestión la estallaron hasta los 33 mil millones de pesos, tal como reveló LPO.
El uso de la petrolera como instrumento para cursar pauta paraestatal abona el argumento legal del “alter ego” de los acreedores que sostienen que otras empresas como Aerolíneas Argentinas o el Banco Nación, son en realidad prolongaciones del Estado argentino, por lo tanto podrían ser sujetos de embargo a favor del litigante.
Para demostrarlo Burford pide más. En el marco del discovery solicitaron a la Corte norteamericana el acceso a los mails y whatsapp de 26 funcionarios, entre los que figuran el ministro de Economía, Luis Caputo, el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el exministro de Hacienda y excandidato presidencial, Sergio Massa.
Según la presentación hecha por los litigantes, “la República se ha negado a recopilar y producir documentos relevantes que no están contenidos en cuentas de correo electrónico mantenidas por el gobierno, incluyendo comunicaciones transmitidas a través de cuentas de correo electrónico personales o aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Slack o Gmail”.
La jueza neoyorquina Loretta Preska
Como respuesta, la defensa argentina apeló que al fallo conocido como Attestor de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que dijo que solo son embargables los bienes de un Estado extranjero si se dan dos condiciones: el bien está en EEUU y el deudor usa en EEUU el bien para una actividad comercial, y rechaza expresamente la tesis de que alcanza con cumplir la primera condición.
Por su parte YPF le pidió a la jueza Preska que le permita intervenir en el proceso mediante al solo efecto de descalificar la insinuación de los demandantes de que la empresa es un alter ego del Estado nacional.
En rigor, Argentina tiene plazo hasta el 14 de diciembre para pagarle a Burford, o en caso contrario Burford decidir como cobrarse. De no llegar a un acuerdo entre las partes, decide Preska. La jueza convocó a una audiencia para el próximo 3 de septiembre para determinar el alcance del discovery. Dato no menor es que Preska ya eximió de responsabilidad a YPF en su fallo sobre el fondo de la demanda.
Del lado de los litigantes, el fondo Burford es lo que se conoce como buitre de segunda generación. La historia oficial cuenta que adquirió los derechos de juicio al grupo Petersen Energía que para entrar a YPF no puso ni un dólar. El ingreso de los Eskenazi a la petrolera empresa estuvo financiado por el Banco de Santa Cruz que en ese entonces presidia Carlos “El Chino” Zannini. No pudieron pagar el crédito porque fueron a la quiebra con sus empresas en España.
El fondo inglés pagó para quedarse con el juicio USD 17 millones con el deber de participar un 30% de la indemnización. Las malas lenguas afirman que ese es el porcentaje que se llevan los Eskenazi.
Fuente: La Política Online