Tras la suba en las tarifas, el Gobierno se topó con los primeros fallos judiciales que ponen tope a los incrementos y que podrían replicarse en el AMBA.
El ajuste de tarifas del 500% al 900% en las boletas de gas que dispuso el Gobierno de Javier Milei a partir de abril comenzó a toparse con los primeros fallos judiciales adversos que benefician a clientes residenciales de la provincia de Santa Cruz y que, por efecto dominó podrían replicarse en las demandas que están en curso en la región metropolitana del AMBA para frenar las subas aplicadas por Metrogas y Naturgy.
Las medidas judiciales de dos juezas federales de Caleta Olivia y Río Grande -que ponen un tope a los incrementos e impiden cortar el suministro a los que no pueden pagar la totalidad de las facturas- pusieron en alerta tanto a la Secretaría de Energía comandada por Eduardo Rodríguez Chirillo, como a la intervención del Enargas encabezada por Carlos Casares, el exsubsecretario de Hidrocarburos de la administración macrista.
El principal temor es que en las próximas semanas se registren fallos de igual tenor que pongan en jaque el ajuste tarifario que, hasta ahora, se viene implementando sin trabas en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires que concentran cerca del 45% de los clientes hogareños a nivel nacional.
Además de tener que ordenar a las dos distribuidoras metropolitanas que refacturen los consumos dejando de lado los fuertes ajustes que habían autorizado en los cargos fijos y variables; la posible aparición de fallos judiciales en el AMBA obligaría a las autoridades mileístas a tener que frenar los aumentos que tienen en carpeta para recortar los subsidios que reciben el 65% de los clientes residenciales encuadrados en los segmentos N2 de bajos ingresos y N3 de clase media.
Tarifas de gas: qué dispuso el fallo sobre los aumentos
El fallo de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez le ordenó al Gobierno nacional suspender por 6 meses los aumentos de gas que superen el 300% con respecto a los valores tarifarios vigentes en el mismo período de facturación del año pasado.
Tras comprobar que los incrementos aplicados desde abril llegaban, en promedio, a 802%; la magistrada destacó que “los nuevos valores resultan, prima facie, violatorios de los principios de razonabilidad, previsibilidad y gradualidad en materia tarifaria”.
Por medio de una medida cautelar, la jueza Yañez expresó que el parámetro de 300% de aumento tomado como referencia máxima resulta “prudentemente razonable para equilibrar provisionalmente los intereses en pugna, teniendo en cuenta los índices inflacionarios existentes”.
Según detalló el sitio diariojudicial.com, la parte resolutiva del fallo establece que quedan suspendidos hasta el 2 de setiembre los aumentos tarifarios para los usuarios residenciales de la provincia de Santa Cruz que habían sido aprobados por la resolución 41/2024 de la Secretaría de Energía y las resoluciones 122/2024 y 224/2024 del Enargas.
También ordena al ente regulador que comunique “de forma inmediata lo dispuesto a las empresas distribuidoras y subdistribuidoras a fin de que, durante el plazo de 6 meses de su vigencia, se abstengan de aplicar incrementos superiores al 300% en comparación con el mismo período de facturación del año anterior” y procedan a “compensar” el excedente facturado por encima de ese límite en las próximas boletas.
Según el análisis de la jueza federal de Caleta Olivia, “el excesivo incremento tarifario plantea una alta probabilidad de configurar situaciones de impotencia patrimonial de los usuarios para afrontar el costo del servicio esencial que les permita mantener un nivel de vida mínimo y básico”.
La medida cautelar -que respondió a un amparo colectivo solicitado por un grupo de usuarios que recibieron sus boletas de gas con aumentos desproporcionados- beneficia inicialmente a los clientes residenciales de los departamentos Deseado, Lago Buenos Aires, Magallanes y Río Chico.
Para los restantes departamentos de la provincia, la administración que pilotea el gobernador Claudio Vidal, promovió una demanda similar que está en manos del juez federal de Río Gallegos, Marcelo Vázquez, quien -según fuentes locales- seguiría el mismo criterio que su colega de Caleta Olivia y le pondría un techo a los aumentos en juego.
Prohíben cortar el servicio a quienes no pueden pagar las boletas de gas
En tanto, en Tierra del Fuego, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto prohibió que la distribuidora Camuzzi Gas del Sur interrumpa el servicio a los usuarios residenciales que tengan dificultades económicas para hacer frente al pago de las facturas.
Por medio de una “medida cautelar interina“, la magistrada les ordenó a los funcionarios nacionales del sector gasífero que instruyan a Camuzzi para que “se abstenga de llevar a cabo cortes o suspensión de suministro del servicio por la falta de pago de la facturación emitida a partir de la aplicación del nuevo cuadro tarifario” que rige desde el inicio de abril.
Para la jueza Borruto “el aumento tarifario no cumple con los requisitos de previsibilidad y gradualidad para los usuarios del sistema, además de generar un fuerte impacto en la economía de los consumidores”.
En sintonía con la decisión de la magistrada, el gobierno provincial fueguino a cargo de Gustavo Melella presentó la semana pasada un amparo colectivo para que la Justicia Federal de Río Grande le ponga freno a los aumentos superiores al 800% que dispusieron para las boletas de gas las autoridades energéticas nacionales.
Fuente: Iprofesional