La jueza Loretta Preska sospecha que la petrolera YPF y el Banco Central son “lo mismo” que el Estado y ordenó la entrega de información de los últimos dos años.
Un nuevo golpe y revés judicial para la Argentina en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera de bandera, YPF. La Justicia de EEUU se expidió avanzando en el camino para dar luz verde a los embargos sobre bienes de propiedad de la Argentina, para lograr el cobro del monto de la sentencia hasta cubrir los USD 16.100 millones de condena.
Según lo que reportó Sebastián Maril, analista y Director Regional para Latinoamérica de Latam Advisors, que sigue con precisión las causas que involucran a la Argentina en reclamos en el ámbito internacional, y cada detalle de la causa YPF en particular, este miércoles la jueza Loretta Preska “declaró a YPF y al BCRA como posibles alter ego de la República Argentina y ordenó al país producir información desde los últimos 2 años para probar su relación con el Estado”.
En diálogo con Modo Fontevecchia, Maril señaló que “los beneficiarios del fallo de YPF vienen pidiendo información a la Argentina desde marzo, sobre su relación con ciertas entidades manejadas por el Estado, entre ellas, YPF, Aerolíneas, Banco Nación, ARSA, ENARSA y, obviamente, el Banco Central (BCRA). Argentina se oponía a entregar cierta información porque alegaban que no era relevante mientras los beneficiarios decían que eso debían decidirlo ellos mediante el fallo de un Juez”.
Antecedentes del nuevo revés judicial
Cabe recordar que los beneficiarios del fallo que condenó a la Argentina al pago de USD 16.100 millones en el marco del juicio por el proceso de expropiación de YPF, buscan distintas opciones para ejecutar la sentencia. En este sentido, Burford Capital como principal beneficiario, intenta el cobro de la condena ya sea mediante el embargo sobre activos o bien, mediante transferencias de las acciones propiedad de la petrolera de bandera.
Tras la exclusión de YPF del juicio por la expropiación, ahora llega este nuevo pronunciamiento de la Justicia de EEUU, que cambia rotundamente el panorama de posibilidades a futuro para los acreedores, ya que podrían perseguir el cobro mediante embargo directo de los activos de la petrolera. Esto se explica teniendo en cuenta que “como la Argentina no depositó garantías, los beneficiarios pueden pedir embargos. Para avanzar en ese sentido, solicitaron a la Argentina información y documentación sobre los bienes pasibles de ser embargados. Por su parte, el país no se allanó a brindar esa información porque argumenta que son bienes no embargables”, y con información sensible por tratarse de bienes militares, consulares o diplomáticos, señaló Maril.
Indagan sobre vinculaciones privadas
Burford Capital, principal beneficiario del fallo, exigió información ante la jueza de la causa con la finalidad de perseguir el cobro mediante embargo. “Como Argentina se negó a entregar la información requerida, hace 20 días se solicitó una audiencia que fue aprobada para celebrarse el martes 28 de mayo. En esta audiencia, la Jueza neoyorquina Loretta Preska dijo tener suficiente información actualmente en su poder como para sospechar que YPF y el Banco Central son el alter ego de la República Argentina”, explicó Maril a Modo Fontevecchia.
“Por este motivo la Jueza decidió eliminar al resto de las empresas pero mantuvo a dos, y sostuvo en su resolución, que Argentina, YPF y el Banco Central están igualmente obligados a entregar la información ya requerida por los beneficiarios del fallo que condenó al país al pago de USD 16.100 millones”, apuntó el analista de Latam Advisor.
Así, mediante una resolución en audiencia, la jueza Loretta Preska ordenó al Estado Argentino la entrega de la información ya requerida, tras considerar en base a los elementos de la causa, que existe sospecha en torno a que la petrolera YPF, y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) podrían ser “lo mismo” que el Estado. En caso de confirmarse, permitiría a los beneficiarios que persiguen el cobro poder dar un paso adelante abriendo camino hacia futuros embargos. El resultado de la audiencia es un avance para los acreedores que litigan ante la corte del segundo distrito de Manhattan, y que los deja más cerca de un posible embargo de activos propiedad de la petrolera y del BCRA.
“La información pedida es una gran cantidad de preguntas, de las más variadas, con pedidos de datos concretos, pero básicamente solicitan información para dilucidar si la secretaría de Cristina Fernández de Kirchner (durante su mandato presidencial) se contactó con personal del Gobierno y también con personal de la empresa YPF para pedir que le pongan combustible al avión para que ella (Cristina) pudiera disponer y utilizarlo cuando ella así lo solicitara, ante cualquier pedido de su parte para viajes al Calafate”, señaló el CEO de Latam Advisor a Modo Fontevecchia.
“Piden todo tipo de información, y van a pedir todo detalle. Incluso la semana pasada el Gobierno argentino, por medio de su ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo que presentar el bono en dólares para pagar la deuda con las entidades energéticas, precisamente la deuda con Cammesa”, explicó Maril. La investigación apunta a “desnudar” si en realidad Caputo tuvo relaciones y reuniones privadas, y/o telefónicas o vía mail con YPF para que acepten este bono antes de que fuera anunciado y arreglar la cancelación de la deuda. Hay que recordar que la primera empresa que aceptó el pago con este bono fue YPF, allá temprano por abril”, destacó.
También se apunta a saber si hubo acuerdos privados entre el Estado y autoridades de YPF para la suba de precios de combustibles, destacó. “Quieren indagar para saber si existió ese tipo de vinculación privada para tener por probado que YPF y el BCRA, son “la misma cosa” que la República Argentina. Es decir, descubrir si la empresa petrolera y la máxima autoridad monetaria del país son el “alter ego” del Estado”, remarcó el analista. En resumen se apunta a dilucidar, si la figura del “otro yo” puede encontrarse configurada en el triángulo de YPF, BCRA y Estado Argentino, si las decisiones son tomadas en sintonía, si son “lo mismo” y por tanto se mueven impulsados por los mismos intereses.
Ya lo había anticipado Maril en sus redes con un posteo a finales del año pasado: “En 2024, Argentina debe comenzar a tratar los litigios internacionales como activos y dejar de mirarlos como pasivos, mientras que los beneficiarios de sentencias deben entender que, ayudando a Argentina, se estarán ayudando a ellos mismos”.
Fuente: Perfil