La Argentina afronta, una vez más, una demanda de acreedores externos que, en este caso, no solo destruye el prestigio y la confianza ante los inversores, sino que muestra la irresponsabilidad y el abuso de poder en el manejo de los fondos públicos que se ha hecho práctica a lo largo de décadas.
En todos los países del mundo hay corrupción y malversación de fondos, pero solo los autoritarismos estatistas son capaces de avanzar como ocurrió con la renacionalización de YPF y que ha derivado en una deuda de US$ 16.000 millones por la que los acreedores exigen el 51% de las acciones de la empresa, hoy en poder del Estado.
El demandante es el británico Fondo Burford, quien compró los derechos litigiosos tras la quiebra de las empresas del grupo Ezkenazi, propietarias del 25% de las acciones de la petrolera, cuando Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Alberto Zaninni decidieron reestatizar el paquete mayoritario y expulsar a la española Repsol de la compañía.
Enrique Eskenazi, un banquero y empresario de la construcción, había comprado el Banco Provincial de Santa Cruz cuando Néstor Kirchner lo estatizó, en los ’90. Desde entonces, se convirtió en el financista que manejó más de 1.500 millones dólares que la provincia recibió en concepto de regalías y de fondos nacionales para obras públicas. En 2007, Kirchner se lo impuso como socio en YPF a Repsol, sin que Eskenazi tuviera que pagar nada, ya que la deuda se iba a cancelar con las utilidades de las acciones que estaba comprando. La operación se hizo creando dos empresas denominadas Grupo Petersen. La reestatización, entre 2012 y 2014 se hizo mal, ya que no se cumplió con el requisito legal de ofertar la totalidad de las acciones. El grupo Petersen resultó afectado y quebró; Ezkenazi vendió al Fondo Burford los derechos de litigio, ya que, al tratarse de empresas con domicilio en España, la quiebra podía ser tramitada en tribunales neoyorquinos. La trama es complicada, pero el desenlace es simple. Negocios privados y decisiones irregulares e irresponsables que erosionan al Estado.
Con este juicio se revive el conflicto eterno con los “fondos buitre”, especializados en adquirir derechos de litigio que se plantean fuera de la jurisdicción del país afectado (para quedarse con la mayor parte de la indemnización) o hacerse de títulos de países insolventes; de este modo, con todo el tiempo a su favor, lucran con los onerosos intereses de la refinanciación de esas deudas y, en determinado momento, litigan en el tribunal internacional que más les convenga. Esto había pasado ya con los acreedores que no se avinieron a la refinanciación que Néstor Kirchner planteó en 2005.
Pero ahora se produce un agravante. Durante la presidencia de Mauricio Macri, la Argentina había logrado demorar el juicio y evitar que YPF fuera tomado como deudor. Es decir, la demanda debía ser contra el Estado Argentino. Sin embargo, el Fondo Burford intenta demostrar que YPF, por más que sea una sociedad del Estado es parte del Estado argentino y, en consecuencia, sus acciones son embargables.
Si esto prosperara en el tribunal de apelación, el proyecto energético argentino se vería muy condicionado, ya que el proyecto petrolero quedaría fuera de control nacional.
El caso de YPF es uno, muy grave, dentro del desorden general ene los recursos del Estado argentino. La emisión de deuda para cubrir déficit de ingresos dejó en 2023 una deuda nacional superior al PBI.
La deuda es grave; la insuficiencia del sistema productivo para afrontarla, peor. El gobierno de Javier Milei deberá asumir las dos caras del problema: corregir el déficit, evitar el endeudamiento y construir una economía próspera, tarea que parece más difícil aún.
Fuente: El tribuno