El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, ya había reconocido que fue consultor jurídico de la familia Eskenazi. Pero su mano derecha, Andrés De la Cruz, quedó a cargo del caso y también trabajó para dicha sociedad española.
Subprocurador del tesoro, Andres de la Cruz. | CEDOC
Un nuevo conflicto de interés se conoció en el marco del juicio por la estatización a la petrolera argentina YPF, y eso desató que diputados de la Coalición Cívica salieran a alertar y pedir a la Oficina Anticorrupción (OA) que intervenga.
Es que ya en el día de ayer miércoles 3 de abril el propio procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, reconoció que participó del caso como consultor jurídico de la parte demandante, es decir de Petersen Energía, la sociedad española de la familia Eskenazi cuyos derechos fueron adquiridos por el fondo Burford, que ahora reclama ante el tribunal neoyorquino de Loretta Preska un millonario resarcimiento económico.
De esta manera, la defensa del Estado argentino queda en manos de Andrés De la Cruz, quien también durante años formó parte del estudio jurídico que defendía los intereses del Grupo Petersen, en el marco de un juicio que podría costarle 16 mil millones de dólares al país.
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Por este motivo, los diputados Coalición Cívica Paula Oliveto Lago y Juan Manuel López le reclamaron hoy a la OA que intervenga para que el subprocurador del Tesoro deje de participar en el juicio que afronta la Argentina.
Los legisladores advirtieron que “de acuerdo a lo establecido por el decreto N°283/2024, por el cual el Presidente de la Nación le aceptó al Procurador Rodolfo Barra la excusación presentada en dicha causa, el subprocurador deberá reemplazarlo y, por tanto, intervendrá directamente en el caso”. Y agregaron: “Es por ello que, frente a los nuevos acontecimientos ocurridos, resulta de suma urgencia reiterarle el pedido realizado el pasado mes de enero y, consecuentemente, solicitarle que requiera al Sr. Subprocurador del Tesoro de la Nación, Dr. Andrés De la Cruz, que se abstenga de intervenir en actuaciones relacionadas con el juicio contra nuestro país llevado adelante por Burford Capital”.
Asimismo, recordaron que “De la Cruz habría sido abogado de la familia Eskenazi por lo que advertimos la existencia de un conflicto de intereses que perjudicaría notoriamente la defensa de nuestro país. Insistimos: Uno de los funcionarios a cargo de la defensa del Estado argentino -el Dr. De la Cruz- mantendría una estrecha relación con quienes vendieron sus derechos a los actuales demandantes del Estado argentino y que, reiteramos, tendrían un notorio interés en el litigio que llevan adelante contra la Argentina“.
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Los diputados de la coalición liderada por Elisa Carrió consideraron que “deviene necesaria la intervención de la Oficina Anticorrupción a fin de que le solicite al Dr. De la Cruz que se abstenga de intervenir en actuaciones relacionadas con el juicio contra nuestro país llevado adelante por Burford Capital y que, consecuentemente, delegue dichas funciones en otros funcionarios de la Procuración”.
La familia Eskenazi podría cobrar hasta un 30% del monto total del juicio si la justicia falla a favor del fondo.
Fuente: Perfil