La denuncia fue realizada por Anabel Fernández Sagasti y Rodolfo Tailhade. Indagan en un posible perjuicio de los intereses económicos de la provincia de Mendoza.
Las bases de la licitación contaban a criterio de los denunciantes con una serie de requisitos específicos que cumplía la empresa mencionada y por este motivo habría resultado adjudicataria “a pesar de haber sido la de mayor precio ofertado de potencia y con mayor precio de energía generada” Concretamente señalaron que “resulta llamativo la especificidad de los requerimientos del pliego frente al breve lapso que tuvieron las empresas para presentar sus ofertas” y la rapidez con la que “Methax SA” tuvo preparada la suya (sospechan que hubiera estado hecha a medida). “La metodología utilizada era claramente con la finalidad de impedir que se presenten otros oferentes más calificados”.
También remarcaron un aparente vínculo de dicha compañía con exfuncionarios nacionales. Al respecto señalaron los denunciantes que “Methax SA es una empresa controlada por el grupo Galileo Technologies, cuyo principal accionista, hasta 5 días antes de la presentación de las propuestas, era SOCMA (Sociedad Macri, el holding familiar del ex Presidente). Es decir, la entonces familia presidencial era la dueña de Methax SA”, y que “el 18 de mayo de 2016 el Grupo Socma vendió su participación en Galileo Technologies -y por lo tanto en Methax SA- al grupo Blue Water Energy”.
A partir de ello, concluye la denunciante que “Mauricio Macri tenía muy claro que su empresa resultaría beneficiada por la adjudicación de la central y por lo tanto procedió a vender el paquete accionario a precios muy superiores a los que registraba previamente, ya que el paquete aseguraba a su compradora una rentabilidad garantizada de veinte millones de dólares por año (u$s20.000.000) siendo esta una ganancia fija y sin riesgo durante 10 años”, destacando que “el CEO de Methax SA, Osvaldo del Campo, continuó siéndolo a pesar de la venta de la compañía, como tampoco se verificaron cambios en el funcionamiento de la firma”.
Por otro lado, surge de la denuncia también que el 19 de mayo de 2016 –un día después de que Macri habría vendido las acciones de Galileo Technologies-, “Methax SA” habría suscripto un contrato con EMESA mediante el cual se conformó un consorcio (UTE) entre ambas
A partir de dicho acuerdo, la Provincia de Mendoza “sólo se quedó con un canon que corresponde al 0,6% del precio de potencia”, considerando los denunciantes que el entonces gobernador Cornejo “a través de EMESA, puso a disposición de la empresa de Macri recursos estatales mediante la ejecución técnica y logística de un negocio millonario a cambio de una contraprestación ínfima”.
Al emitir su requerimiento para la apertura del caso, Pollicita pidió que se solicite a EMESA que remita la totalidad de los antecedentes vinculados a la suscripción de un contrato de UTE en el año 2016 con la firma “Methax S.A.”; lo que ha sido ordenado por el juez, según fuentes judiciales. Las fuentes consultadas dejaron trascender que el fiscal, también pidió que en caso de acreditarse que el Ingeniero Pablo Magistocchi, Presidente de EMESA, no haya tenido intervención en la contratación mencionada, se lo convoque a prestar declaración testimonial a fin de que se expida en relación a las utilidades, costos y beneficios para la Provincia de Mendoza en razón del acuerdo celebrado.
Además consideró que el testigo podría aportar su conocimiento técnico a los fines de elucidar los términos de la adjudicación de la explotación de la Central Termoeléctrica Anchoris a la empresa “Methax S.A.” como así también el ordenamiento del Indicador Beneficio y su probabilidad para cada uno de los proyectos considerados.
El juez aguarda que distintos organismos le envíen los expedientes solicitados. Entre las medidas se requirió al Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza que aporte copias digitalizadas del expediente en cuestión.
Fuente: Ambito