El país sufrió un apagón histórico que afectó a millones de usuarios y dejó expuesta la fragilidad un sistema eléctrico operando al límite
Pese a la magnitud del evento que afectó a casi el 35% de la demanda nacional y dejó sin luz a más de 6 millones de hogares, la mega falla registrada en las redes que opera la empresa Transener estuvo precedida de varias señales de alerta oficiales y privadas que pusieron sobre el tapete la situación límite que arrastra el sistema de transporte eléctrico.
A menos de cuatro años del histórico apagón que había dejado sin energía eléctrica a casi todo el país durante el día del padre de 2019, Transener vuelve ser protagonista con otro colapso operativo que impactó con fuerza en el NOA, la región Centro, la zona de Cuyo y el área metropolitana del AMBA.
Según la explicación dada por la transportista eléctrica -cuya sociedad controlante está repartida en partes iguales entre Pampa Energía (el grupo conducido por Marcelo Mindlin) y la estatal Enarsa, manejada por el camporista Agustín Gérez)– un incendio de pastizales produjo la salida de servicio de tres líneas de alta tensión que vinculan las estaciones transformadoras General Rodríguez y la región del Litoral.
Esa falla disparó la interrupción en cadena de otras líneas de 500 KW y la desconexión del sistema interconectado nacional de algunas usinas como Atucha I y Central Puerto, que provocaron una caída abrupta de la capacidad de generación de 28.000 MW a algo menos de 18.000 MW.
Corte de luz: las explicaciones del Gobierno
La primera reacción oficial de la secretaría de Energía -que pilotea la massista salteña Flavia Royón- fue tratar de acotar el impacto del apagón señalando que “las causas de las fallas originadas en el sistema interconectado iban a ser investigadas” por los funcionarios y técnicos del área.
Horas después, el ministro de Economía, Sergio Massa afirmó que el fuego se produjo de manera intencional y presentó una denuncia ante la Justicia Federal para que “se investiguen las causas del apagón y se detengan a los responsables de los hechos que podrían estar encuadrados en los delitos de incendios y estragos”.
El transporte eléctrico, al límite de su capacidad
Más allá de las explicaciones y denuncias y de si el plan de contingencia que aplicaron Transener y la Cammesa para restablecer el suministro fue el adecuado, lo cierto es que el sistema de transporte del sistema eléctrico nacional viene funcionando al límite de su capacidad técnica por la falta de inversiones que arrastra desde más de una década en obras de ampliación y tendido de nuevas líneas de alta y media tensión.
A diferencia del sector de distribución donde las empresas operadoras como Edenor y Edesur tienen que hacerse cargo de las inversiones de expansión del servicio, las transportistas eléctricas (Transener, Transnoa, Transnea, Transcomahue, Distrocuyo, EPEN, Transba y Transpa) solo tienen la obligación de “mantener y operar” las redes de transporte.
Según las reglas de juego del sector eléctrico, el que tiene la responsabilidad de diseñar, aprobar y autorizar las obras de ampliación de las redes de transporte -con los mecanismos de repago correspondientes- es el Estado a través de la Secretaría de Energía.
En la última reunión del Consejo Federal de Energía (CFE) realizada a fines de diciembre, los funcionarios de Energía presentaron a las autoridades provinciales un documento de trabajo donde admitieron dos grandes problemas operativos que afectan a las redes de transporte.
El informe admitió que “la incorporación de nueva generación se encuentra limitada por la barrera que implica la saturación del sistema de transmisión y la utilización prácticamente plena de la capacidad de transporte de todas las regiones”.
Y agregó que “las capacidades de transporte del Noroeste solar y la Patagonia eólica se encuentran totalmente utilizadas. La región del Comahue tiene un facto de uso del 72%, mientras que el Noreste se convirtió transitoriamente en una región importadora, pero es de esperar vuelva a sus guarismos típicos superiores al 80% cuando se recupere la generación hidroeléctrica de Yacyretá”.
Transener, con ingresos congelados y costos en alza
En materia tarifaria, Transener debió afrontar un aumento de sus costos operativos del 370% entre agosto de 2019 y febrero de 2022 con sus ingresos congelados. Recién en marzo del año pasado recibió una actualización de sus ingresos específicos del 25%, la cual se vio reforzada con otra del 154% que entró a vigencia a partir de enero.
En las notas enviadas al ENRE en los últimos meses, Transener (la principal compañía del sector que opera 57 estaciones transformadoras y 12.400 kilómetros de líneas propias más 6.228 km. de la transportista regional Transba) había advertido que “el servicio público de transporte de energía eléctrica en alta tensión requiere de una readecuación de ingresos de manera integral para poder recuperar los niveles de inversión compatibles con la obsolescencia de las instalaciones, contar con capacidad de financiar los incrementos de los costos operativos y recuperar una razonable rentabilidad”.
Al igual que las restantes transportistas, los directivos de Transener alertaron sobre “la impostergable necesidad de recuperar los niveles de inversión en el sistema, para lo cual resulta imprescindible contar con el mecanismo que asegure la disponibilidad de los dólares suficientes, al tipo de cambio previsto, para poder afrontar la compra de los equipos y materiales que en su gran mayoría son expresados en dicha moneda”.
Al describir el estado de situación de sus redes, la transportista remarcó que “el 31% de los interruptores de alta tensión tienen más de 30 años en servicio. En el caso de los seccionadores de alta tensión, el 43% supera las tres décadas. El 40% de los transformadores de corriente (TTII) tiene 20 o más años de uso. Por el lado de los transformadores de tensión (TTVV), el 57% lleva más de 20 años en servicio al igual que el 30% de los transformadores de potencia y el 38% de los reguladores de baja carga de transformadores”.
Por último y a modo de premonición, las notas de Transener plantearon que “la falta de ingresos adecuados llevaría al sistema a un nivel de riesgos inaceptables con restricciones operativas que impedirían tanto la normal ejecución de los trabajos de mantenimientos mayores en compensadores sincrónicos que poseen concretas señales de obsolescencia; como la atención de las emergencias graves en las líneas por eventos climatológicos extremos y las fallas que se registren en los transformadores de potencia que deben ser remplazados en el menor tiempo posible”.
Fuente: Iprofesional