Entre los documentos que recibió la Justicia aparece una orden de pago de honorarios por u$s970 mil por su intervención en un litigio internacional que se limitó a una presentación escrita. Sospechas por el verdadero destino de esos millonarios fondos. Alarma interna en la petrolera por el escándalo.
La revelación aparece dentro de las 23 facturas que Rufino emitió para que YPF pagara por sus servicios como asesor externo y que hasta ahora, se creía que estaban vinculados a cierta cantidad de litigios internacionales que tenía la petrolera estatal. La sospecha principal de la justicia es que el aspecto formal de sus intervenciones en otros casos estaba vinculada a crear una pantalla para que pudiera incidir en el destino de Oil Combustibles. Es la única explicación para que la empresa presidida por Miguel Gutiérrez hubiese aprobado que se pague casi un millón de dólares a un abogado externo cuyo asesoramiento se limitó a la presentación de un informe, solamente. No existe otra constancia ni tampoco el contrato marco que establecía las competencias por las cuales se lo había contratado. Lo que sí apareció es otra factura de Rufino por la denominada “Operación OCSA”, la cual está emitida y pagada mucho antes de que el directorio aprobara las decisiones de intervenir y quedarse con los activos de Oil en el proceso de quiebra.
Pero las pruebas que han aparecido exceden por mucho el caso Oil Combustibles y revelan la utilización de YPF durante el macrismo como una caja de la que se extrajeron cuantiosos fondos para el pago de abogados ligados a operadores judiciales como “Pepín”, lo que expone a un altísimo riesgo a una compañía que cotiza en bolsa y es regulada con estándares exigentes de cumplimiento y prácticas anticorrupción.
El documento que posee la justicia e ilustra esta nota es la constancia interna para el pago a un proveedor de YPF, única pista del destino del dinero. Allí consta el nombre de Marcelo Rufino, su documento, y el inicio del contrato fechado el 28 de agosto de 2016. Ya se mencionó que ninguna fecha se corresponde con respaldo administrativo de la empresa y es por eso que muchas de las sospechas recayeron en dos vicepresidentes Santiago Martínez Tanoira y Germán Fernández Lahore.
La finalización del contrato para Rufino estaba prevista el 20 de agosto de 2020. El “valor previsto” era de u$s 973.000,45 y referido a “Honorarios por Passaic River Litigation”. Es un juicio ambiental que YPF tiene en su contra a partir de la actuación de su subsidiaria Maxus Energy que se declaró en bancarrota y que puede costarle 14 billones de dólares en Nueva Jersey por la contaminación del lodo del río Passaic. La actuación de Rufino en nada significó que ese litigio se inclinara favorablemente a los intereses de YPF. Sería imposible. Presentó un solo informe. El registro de proveedores que ahora tiene la justicia podría dar cuenta del informe más caro del mundo. Casi un millón. La pregunta que subyace es otra: ¿Qué se le estaba pagando en realidad a Rufino bajo la fachada de su intervención en ese litigio ambiental? ¿Era él el único destinatario de ese pago que salió de las arcas de la petrolera con mayoría estatal? El caso no solo inquieta internamente a la petrolera sino que representa un problema también para los accionistas privados.
Fuente: Ambito