El plan macrista en YPF para quedarse con Oil Combustibles

La magistrada tomó la decisión a raíz de las dificultades acaecidas a lo largo de la investigación, vinculadas a la provisión de información solicitada por el Juzgado a la empresa. Ocurre que en distintas oportunidades la entrega de documentación – expresamente pedida por la Justicia – fue demorada e inclusive entregada con omisiones.

Debido al rol que ambos ocupan actualmente en la estructura jerárquica de la petrolera, la jueza cortó por lo sano y ordenó a ambos que no participen en las decisiones vinculadas a la investigación.

Esta noche, el programa Minuto Uno de C5N difundió documentación exclusiva sobre la investigación judicial que compromete aún más a los imputados. De los mismos se desprende el conocimiento de Martínez Tanoira respecto a que la licitación para adquirir los activos era excesivamente baja para su valor real.

Ante el directorio de la compañía, Martínez Tanoira reconoce que la propia base de la licitación, impugnada en distintas oportunidades por la empresa Oil Combustibles y sus accionistas, es “un valor bastante bajo inclusive por el potencial que tiene los activos”, admitiendo al mismo tiempo lo que sería una compra a precio ruin.

Tanto Fernández Lahore como Martínez Tanoira están apuntados por haber realizado presuntas maniobras para que la gestión macrista de YPF se apodere – a “precio vil” – de los activos de la empresa de Cristóbal López y De Sousa.

Una de las hipotesis sobre la cual se investiga el rol de ambos ejecutivos vincula al abogado Marcelo Rufino y al exdirector de YPF y prófugo de la Justicia, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, miembro de la mesa judicial del gobierno de Mauricio Macri e investigado por su presunta implicación en la persecución al Grupo Indalo y por su rol en la venta a precio ruin de los activos de la petrolera de López y De Sousa.

Qué fue lo que ocurrió

El abogado externo Marcelo Rufino, socio del estudio “Llerena & Asociados” ligado al prófugo de la justicia Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, fue contratado por Fernández Lahore para encarar supuestas gestiones de intermediación y asesoramiento, principalmente en lo que se refiere a la venta de los activos petroleros de la firma Oil Combustibles.

El letrado tuvo bajo su gestión la representación de la petrolera estatal en la maniobra que terminaría por consumar el remate de los activos de la empresa de López y De Sousa presuntamente a “previo vil”, según se sospecha de acuerdo a la documentación que figura en la causa y que está siendo analizada por la jueza Servini.

Conforme avanzó la causa, el Juzgado Federal N°1 de Capital Federal le requirió documentación a la petrolera para dar cuenta de los movimientos referidos a tales hechos. Desde YPF demoraron en aportar la información. Cuando finalmente lo hicieron, tres meses después, omitieron gran parte de los informes solicitados.

En los mismos se requería documentación sobre el soporte legal que habrían tenido determinadas decisiones del directorio para liquidar los activos de Oil. Además, se buscaba dilucidar bajo qué modalidad se definieron a los beneficiarios, por ejemplo.

En el requerimiento judicial se solicitó a YPF información sobre las facturas de Rufino a propósito de las gestiones para las que fuera contratado. Se trataba de 23 documentos por los que cobró un total de u$s270.000, que además incluyen reintegros por viajes a Nueva York y Madrid, en supuesta representación de la compañía estatal.

Tal y como informó Ámbito, la participación de Rufino había sido denunciada en el marco de la misma causa en la que Rodríguez Simón acaba de cumplir más de 720 días como prófugo de la Justicia.

El letrado ingresó a cumplir funciones de “asesoramiento” en los juicios internacionales “Eton Park”, “Petersen”, “Maxus”, entre otros. Ninguno de estos casos estaba ligado con la situación de la petrolera Oil y en ningún documento se menciona que Rufino estaba habilitado para actuar en la adquisición de los activos de la compañía de López y De Sousa.

Sin embargo, su actuación en la maniobra para hacerse de los restos de la petrolera de Indalo quedó expuesta a raíz de dos facturas presentadas por u$s50 mil dólares cada una, donde se detalla su rol en la gestión. Dicha tarea le estaba prohibida por no haber sido contemplada en el Contrato Marco firmado con YPF, con lo cual Rufino no podía facturar otro tipo de servicio que no fueran los explicitados en el acuerdo escrito.

Además, una de esas facturas, con fecha del 25 de julio de 2018 y por un valor de u$s50.000, fue realizada bajo el concepto “Adjudicación Operación OCSA” (la razón social de Oil). La particularidad es que data de casi dos meses antes de que el Comité de Inversiones de YPF diera el visto bueno para que la petrolera participara de la oferta de adquisición de los activos de Oil, con lo cual se presume que se sabía de antemano lo que iba a ocurrir.

Una vez consumada la venta de los activos de Oil, la petrolera estatal asignó a DAPSA (Destilería Argentina de Petróleo SA) ciertos contratos de estaciones de servicio. Y además el Directorio autorizó la firma de un “contrato de suministro exclusivo” con dicha empresa.

Según se desprende de la documentación, Rufino vuelve a tener un rol protagónico en la maniobra, aunque esta vez de una manera diferente. Como informó Ámbito, en la propuesta de participación conjunta, DAPSA anuncia la unificación de la personería pero bajo el apoderado de YPF, Marcelo Rufino. Ante ello, cabe preguntarse ¿por qué motivo una empresa privada le hace una propuesta a la petrolera estatal y deja la representación para esa operación en manos del abogado allegado a “Pepín”?

En el expediente, hasta ahora, no hay indicio alguno de justificación de este comportamiento. El Poder General de Administración y Disposición de DAPSA es en favor de un abogado, cuya dirección en la calle esmeralda coincide con la firma de servicios inmobiliarios Delta del Plata SA.