En el mercado hay expectativa por saber si se repetirá el esquema de “empresario amigo” ya aplicado a Edenor o si hay margen para un Estado protagonista
Era una consecuencia inevitable tras el anuncio de que la italiana Enel pondrá en venta sus activos argentinos: de inmediato surgieron las especulaciones sobre qué ocurrirá con Edesur. Y, más específicamente, si hay chances de que la eléctrica sea reestatizada, como en algún momento fue el sueño del kirchnerismo, o si pasará al esquema de “empresarios amigos” como ya ocurrió con otras grandes compañías de servicios públicos.
Lo que todo el ámbito empresarial da por descartado es que entre los interesados en comprar Edesur se anoten grandes jugadores del mercado internacional: los malos números de las empresas, en un contexto de retraso tarifario y de intenso debate político sobre la regulación a futuro hace que los inversores extranjeros mantengan una prudente distancia.
Para colmo, la noticia llegada desde Milán tiene un “timing” especial para exacerbar la especulación política: justo a fin de año, cuando aumenta la expectativa de una nueva crisis de apagones, en medio del esquema de aumentos tarifarios progresivos y en la previa de una audiencia pública para determinar las tarifas que regirán en 2023.
Enel tiene un 72% de las acciones de Edesur, lo cual hace que, en primer lugar, las miradas sean puestas sobre quienes detentan el resto del paquete accionario: los socios locales de la firma holding Distrilec, propiedad de los grupos Reca, Escasany, Caputo y Bemberg. Sobresale allí la figura de Nicolás Caputo, el empresario amigo de Mauricio Macri.
Por un lado, es una práctica común que, ante la retirada del socio principal, se negocie con los restantes accionistas. Aunque, por otra parte, el hecho de que los italianos hayan encomendado a un banco de inversión la búsqueda de nuevos dueños podría inducir a pensar en otras soluciones.
Además, los accionistas de Distrilec no son los únicos nombres: también otros empresarios locales que ya han mostrado un mejor relacionamiento con el Gobierno aparecen como posibles candidatos para la compra. Ya existe el antecedente de que Cristóbal López había manifestado su interés en ingresar a la compañía durante su fase expansiva, que coincidió con el segundo período de gobierno de Cristina Kirchner.
La tentación kirchnerista
Y, aunque con menos probabilidades a primera vista, no debe descartarse que haya dentro de la coalición gubernamental quienes argumenten por una reestatización. De hecho, el kirchnerismo hizo un tanteo en julio de 2020. Un grupo de intendentes del conurbano salió, en forma coordinada, a pedir la estatización de Edesur, bajo el lema “La luz es un derecho”. La movida ocurría en medio de una pelea entre la empresa y los municipios, que se acusaban mutuamente de ser responsables de cortes en la zona sur.
En aquel momento, los intendentes se habían reunido con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires para pedir “una solución definitiva” a los problemas del servicio eléctrico en el conurbano sur.
El titular de la Defensoría, Guido Lorenzino, hizo entonces un pedido formal al Ente Nacional de Regulación de Electricidad (ENRE) para que le sea revocada la concesión a Edesur. El planteo se fundó en “los reiterados cortes de luz en diferentes municipios en los que opera y la sostenida falta de inversión de la empresa para evitar estas interrupciones constantes en el suministro eléctrico”.
Lorenzino argumentaba que Edesur “viene de tener ganancias siderales gracias a los tarifazos de los últimos años, pero ni con esa circunstancia realizó inversiones ni le da respuesta a los vecinos”.
Pero el detalle importante es que en ese momento una encuestadora vinculada al Instituto Patria salió a medir el humor de la opinión pública ante una eventual estatización. El kirchnerismo venía de sufrir la frustración por la fallida estatización de la empresa agrícola Vicentin, que había generado protestas en la población rural.
Los resultados no se dieron a conocer pero, sugestivamente, la ofensiva de los intendentes se diluyó sin que el Gobierno haya tomado el tema Edesur como prioridad política.
Los expertos en comunicación política no vacilan en afirmar que el Gobierno sería el primer perjudicado si cambiara radicalmente la situación actual. El argumento es que una empresa privada haría la función de “pararayos” del malhumor social en el caso probable de que se repitan los apagones justo en medio de una suba tarifaria.
Sin embargo, aun cuando existan motivos poderosos para mantener la electricidad en manos privadas, también es cierto que el Gobierno empieza a sentir la presión interna en la propia coalición del Frente de Todos. El reciente giro neo-estatista de Cristina Kirchner -que planteó expresamente la necesidad de una mayor injerencia estatal en actividades estratégicas, como la explotación de litio o la gestión de la hidrovía sobre el Paraná- aparece luego de que la vicepresidente vio encuestas que muestran un alto grado de adhesión hacia una avanzada en el protagonismo del Estado.
Como antecedente cercano, en el verano pasado, cuando se produjeron apagones ante una ola de calor, hubo manifestaciones de sindicatos y organizaciones de defensa del consumidor que, frente a la sede de Edesur, pidieron la estatización “por 30 años de incumplimiento”.
De momento, la cúpula kirchnerista no da señales de estar totalmente convencida. El caso de Edesur tiene más riesgos que la reestatización, hace una década, de YPF, que contribuyó a la épica del “relato” y llegó a contar con un apoyo popular superior al 85% en las encuestas, este caso es más complejo y con mayores costos potenciales (tanto económicos como políticos).
A diferencia de otras épocas -como en 2013, cuando el kirchnerismo justificaba los cortes de luz con el argumento de que la economía estaba creciendo a “tasas chinas” y al sistema le costaba seguirle el ritmo al crecimiento industrial y al consumo hogareño que agotaba los stocks de aires acondicionados- ahora no se puede camuflar la realidad: por falta de inversión en mantenimiento, las principales empresas eléctricas no tienen una red capaz de soportar la exigencia de temperaturas extremas.
¿Es atractiva la compra de Edesur?
A primera vista, podría pensarse que a nadie le resultaría atractiva una compañía que durante los dos años de pandemia perdió unos u$s270 millones como consecuencia del congelamiento tarifario, que mantiene una deuda de $120.000 millones con el Estado y que, a pesar de las subas autorizadas por el nuevo esquema de segmentación tarifaria, sigue teniendo muy malas perspectivas.
“Nuestra distribuidora sufre un problema estructural en sus ingresos, ya que el retraso de VAD (valor agregado de distribución) genera un EBITDA negativo”, fue la elocuente frase de Claudio Cunha, el principal ejecutivo de Enel Argentina, durante la presentación del último balance. En esa ocasión, los resultados del período enero-septiembre de 2022 arrojaron una pérdida de $9.712 millones, aun cuando las ventas de electricidad se habían incrementado un 5%, medidas en volumen.
Aunque se autorizó un aumento tarifario de 20% para octubre, otro de 40% en diciembre y otro probablemente de 40% para febrero, las compañías eléctricas alegan que todo resulta insuficiente ante el incremento en sus costos operativos. De hecho, en una carta presentada conjuntamente por Edesur y Edenor, se reclama que durante 2023 haya aumentos por 300%, como condición para un mantenimiento de las inversiones.
En el holding de capitales italianos alegan haber hecho inversiones por unos u$s850 millones en cinco años para sostener el servicio, pero advierten que llegaron a un límite de sus posibilidades por el desfasaje entre la inflación y las tarifas. Calculan que en el acumulado de los últimos tres años el incremento de costos se ubicó en 320% pero que las tarifas apenas variaron 31,5%.
El modelo de “empresario amigo”
Sin embargo, aun con todos esos datos en contra, una empresa como Edesur siempre será atractiva para quienes se animen a hacer “negocios regulados” en el marco de una fuerte injerencia estatal. Es el modelo que ha prosperado durante la gestión de Alberto Fernández.
Claro que requiere de los potenciales inversores una cintura política para negociar intercambios de favores con autoridades y sindicatos. Edenor es el ejemplo más claro desde el cambio de manos ocurrido hace dos años, cuando el trío Vila-Manzano-Filiberti, un grupo de empresarios estrechamente vinculados a Sergio Massa compró por apenas u$s100 millones el 51% de la empresa que controlaba el grupo Pampa.
En aquel momento, sorprendió la cifra, que parecía irrisoria para la mayor distribuidora eléctrica del país, con licencia para dar servicios a casi tres millones de clientes en una zona de 4.637 kilómetros cuadrados, donde por otra parte vive la población de mayor consumo y poder adquisitivo. Y el detalle más comentado de la operación fue el ingreso de Filiberti, un empresario sin experiencia en el sector eléctrico, pero muy experimentado en negociaciones con el Estado, dada su condición de proveedor de cloro para Aysa, la compañía presidida por la esposa de Massa.
Y si el antecedente de la compra de Edenor vale como referencia para pensar en cuánto podría valuarse Edesur -que tiene un tamaño comparable- debe tomarse en cuenta que hoy la acción de la compañía cotiza al doble que hace dos años. Eso implicaría, en teoría, que aquella cotización de apenas u$s200 por la compañía hoy se habría duplicado.
Sigue siendo, de todas formas, un precio bajo para la mayor distribuidora de electricidad del país, con exclusividad para abastecer la zona sur de Capital y 12 partidos del conurbano bonaerense, un área de más de dos millones y medio de clientes.
Pero lo que quedó demostrado es que el interés para los potenciales compradores estará fuertemente impactado por la situación política. Si predomina una visión de que se recompondrán las tarifas, entonces el atractivo de Edesur se intensificará, lo cual se verá expresado en un mayor precio.
Prueba de ello es que, aun en momentos en que los balances reflejaban grandes pérdidas -por ejemplo, en 2015, cuando las tarifas apenas cubrían un 85% del costo del servicio eléctrico- las acciones de empresas vinculadas al sector eléctrico ingresaron en una fase ascendente que las llevó a quintuplicar su valor en tres años.
Claro, en aquel momento, con un sistema eléctrico ya colapsado, en el que los apagones eran masivos, se daba por descontado que tras las elecciones sobrevendría un ajuste tarifario. Ahora, esa perspectiva no está tan clara: aunque el Gobierno, empujado por sus urgencias fiscales, avanza con el nuevo esquema de aumentos, se enfrenta a peleas internas de parte de quienes no renuncian a ver las tarifas como el “ancla inflacionaria” por excelencia.
Fuente: Iprofesional