El grupo de afectados por la actualización asegura que abonan hasta un 400 por ciento más que al inicio. Así es el proyecto presentado en Diputados
a inflación en Argentina no da respiro y las predicciones son aún más asfixiantes; mientras las estimaciones aseguran que se acercará al 100% para fin de año, hay quienes sufren mucho más las consecuencias de este flagelo. Un ejemplo claro son quienes tomaron planes de ahorro para la adquisición de automotores, que padecen el drama de este endeudamiento y que con el paso de los meses se les hace cuesta arriba pagar. En ese contexto, diputados del Congreso Nacional arrancaron el debate de diversos proyectos que buscan ponerle un freno al sistema de planes de autoahorro.
La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, arrancó el debate en la Cámara baja de varios proyectos que buscan darle soluciones a quienes adquirieron un plan de ahorro para adquirir y pagar un automóvil en cuotas. El debate arrancó este mes en Diputados y se están analizando inicialmente tres propuestas: una de la diputada Graciela Ocaña (PRO), otra del diputado Juan Manuel Pedrini (Frente de Todos) y una de Marcos Carasso, legislador nacional de la UCR.
Diputados busca proteger a beneficiarios de plan auto ahorro
Sucede que el contexto de inflación genera que las cuotas de los planes de autoahorro se disparen. Como consecuencia, la posibilidad de cumplir con los pagos para acceder a un automóvil resulta imposible para los deudores. Hay aproximadamente dos millones de personas en todo el país que cuentan con planes de ahorro automotor, quienes aseguran haber visto multiplicado el valor de las cuotas que abonan mensualmente en porcentajes que llegan hasta el 400%, y que se tornan de imposible cumplimiento para la mayoría de las familias argentinas.
“El sueño del auto se convierte en una pesadilla”, dijo Marcos Carasso durante su exposición en la Comisión, al tiempo que advirtió que las empresas “inducen al autoplan porque la financiación es el secreto de estos planes” y que “hay gente desesperada” porque no pueden pagar las cuotas.
Por su parte, la diputada Graciela Ocaña defendió su proyecto, que en concreto declara la emergencia económica y financiera sobre los planes de ahorro previo para la adquisición de automotores, por el término de 12 meses. “Decidimos representar el proyecto porque entendemos la crisis económica y la situación que atraviesan muchas personas que adhirieron a un plan automotor y se les hace imposible pagar las cuotas”, argumentó la legisladora, y añadió: “Se necesita trabajar en una ley que defienda al consumidor y le dé transparencia”.
En esa misma línea, el diputado nacional del oficialismo, Juan Manuel Pedrini, coincidió con sus pares y denunció que “el consumidor está indefenso frente al abuso de los planes de autoahorro”. A su vez, en la reunión de comisión también expuso un abogado especialista en el tema, quien retrató la situación de los ahorristas afectados, cuyas cuotas han duplicado la inflación del último año.
Qué proponen los proyectos presentados en el Congreso
Durante la reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, los miembros y expositores acordaron convocar para un próximo debate parlamentario sobre el tema, a la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Secretaría de Comercio, áreas del Estado encargadas de la regulación y control de las empresas, reunión en la que se seguirán analizando las propuestas de los legisladores nacionales que reposan en el Congreso.
El primer proyecto tiene su origen en el año 2020, que lo presentó la diputada nacional Graciela Ocaña frente al contexto de la pandemia. “Declárase la emergencia económica y financiera sobre los planes de ahorro previo para la adquisición de automotores, por el término de doce (12) meses desde su promulgación“, cita el artículo 1 de la iniciativa que cuenta con 16 artículos en total.
Entre otras cuestiones, el texto establece que las entidades administradoras de planes de ahorro bajo la modalidad de “grupos cerrados”, deberán ofrecer a los suscriptores ahorristas y adjudicatarios el diferimiento del pago de un porcentaje no inferior al veinticinco (25%) de las cuotapartes a emitir por las entidades administradoras. “Dicho diferimiento será ofrecido a los suscriptores desde la entrada en vigencia de la presente ley y hasta la finalización de la declaración de emergencia”, reza la iniciativa, que aclara además que el diferimiento se aplicará como mínimo durante seis meses desde la aceptación por parte del suscriptor.
Por otro lado, establece que los gastos administrativos emergentes de contratos de ahorro previo, estarán exentos del Impuesto al valor agregado (IVA), por el plazo que dure la declaración de emergencia.
El proyecto también habla sobre la renuncia del plan y las restituciones, y en ese sentido explica: “Si el suscriptor decide renunciar a seguir siendo parte del sistema de capitalización y ahorro, antes del plazo de finalización del mismo, podrá comunicar en forma fehaciente esa decisión a la administradora, sin tener que afrontar el pago de clausulas penales, multas o cualquier otra clase de penalidad prevista para los casos de renuncias anticipadas”.
Asimismo, sobre la restitución describe que el suscriptor podrá solicitar la restitución de las sumas integradas al valor de la última cuota actualizada multiplicada por la cantidad de cuotas abonadas a la fecha de la notificación de la baja, sin que se le efectúen deducciones de ningún tipo. La devolución del importe se hará sin ningún tipo de restricción y se deberá depositar en la cuenta bancaria donde el suscriptor tenga sus cuentas.
Por último, Ocaña propone que la autoridad de aplicación de la ley será la Inspección General de Justicia y deberá intervenir en la materia, “a los efectos de normalizar las operatorias y aplicar las medidas y normas reglamentarias correspondientes”.
De aprobarse el proyecto de Ocaña, su aplicación alcanzará a suscriptores y empresas administradoras, concesionarias oficiales o colocadores de planes cualquiera sea el vínculo jurídico comercial con la administradora.
Emergencia crediticia para planes de auto ahorro
El otro proyecto que se está analizando en el Congreso es el del diputado oficialista Juan Manuel Pedrini, que busca declarar la emergencia crediticia para planes de ahorro aplicable a los contratos de compraventa de vehículos automotores enmarcados en el artículo 9 de la ley 22315.
“Establécese un régimen transitorio de Emergencia por el término de doce (12) meses desde la entrada en vigencia de la presente ley, aplicable a los contratos de compraventa de vehículos automotores a través de planes o sistemas de Capitalización y Ahorro para fines determinados o ahorro previo, previstos en el Artículo 9º de la Ley 22.315 y Resolución N° 26/04 de la Inspección General de Justicia de la Nación; a los contratos prendarios para la compra de automotores en cuyas cláusulas se haya previsto la UNIDAD DE VALOR ADQUISITIVO (UVA) como mecanismo de actualización y a los contratos prendarios para la compra de automotores en cuyas cláusulas se haya previsto la UNIDAD DE VALOR ADQUISITIVO (UVA) como mecanismo de actualización que se celebren o se encontraren en curso”. Es decir, eliminar durante la declaración de la emergencia crediticia el pago de las cuotas que rige por sistema UVAs.
Por otro lado, detalla que durante la vigencia del estado de Emergencia se utilizará como mecanismo de actualización de las cuotas correspondientes a los contratos alcanzados, el Índice de cálculo combinado compuesto de la siguiente manera:
- El veinte por ciento (20%) por variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- El ochenta por ciento (80%) por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).
Ambos calculados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
“La fijación abusiva de las cuotas en referencia al valor del automotor previsto en el contrato y su relación con la actualización de los valores del precio de venta al público, tornaron a las prestaciones comprometidas en excesivamente onerosas, particularmente para aquellos ahorristas cuyos ingresos depende del salario”, argumentó Pedrini en su proyecto de ley.
En resumen, lo que propone el diputado del Frente de Todos es:
- “Topes al aumento de la alícuota, compuestos de manera combinada por porcentajes de variaciones mensuales de los Índice de Precio al Consumidor (IPC) y Coeficiente de Variación Salarial (CVS) en forma ascendente, propuestas más favorables al ahorrista con mayor peso del índice salarial respecto al índice de precios.
- Adicionar los efectos distorsivos y desequilibrantes que tuvo, respecto de muchos contratos, la aplicación de mecanismos de ajuste y actualización por vía de las unidades de valor denominadas UVA.
- Incluir a quienes hayan resultado beneficiados por medidas cautelares dictadas por los órganos jurisdiccionales tendientes a posibilitar el pago de las cuotas y regular aquellos casos en los que tras la caída de dichas medidas se ha generado un importante saldo debido por los adherentes.
- La alternativa de cancelación de los planes y la resolución de los contratos solicitando la restitución de las sumas integradas al valor de la última cuota multiplicada por la cantidad de las cuotas abonadas a la fecha de la notificación de la baja, sin que se le efectúen deducciones o detracciones de ningún tipo, alcanzando a los suscriptores que, con motivo de encontrarse en mora, se les haya iniciado ejecuciones prendarias con posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución N° 14/20.
- La debida suspensión de ejecuciones e intereses mientras dure la emergencia”.
Por último, el diputado nacional Marcos Carasso también presentó un proyecto de protección al consumidor en operaciones de consumo de vehículos bajo sistemas de capitalización y/o ahorro, denominadas “Autoahorro”.
El proyecto sugiere un contrato donde quede “bien claro” cuál sería el sistema del aumento de cuotas “y que sea razonable”. En ese contexto, dio como ejemplo el caso de un ciudadano que adquirió un plan en el 2019 “y empezó a pagar un auto Cronos con una cuota de 7 mil pesos al mes y ahora deposita 56 mil pesos”, describió.
Fuente: Iprofesional