El ministro de Transporte dijo que el incremento aplicará al “área metropolitana y todo lo que es transporte federal, que regula el Estado nacional”.
El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, confirmó que “va a haber un ajuste” de la tarifa del transporte público “en el mes de diciembre” en todas sus modalidades, y si bien explicó que aún se está analizando el porcentaje de aumento, estimó “un promedio aproximado de 40%“.
En declaraciones a Télam, Guerrera dijo que el incremento aplicará al “área metropolitana de transporte y todo lo que es transporte federal, que es lo que regula el Estado nacional”.
La suba “no va a ser exactamente igual para todas las líneas de ferrocarril ni para todas las modalidades”, añadió el ministro al ingresar al Centro Cultural Kirchner para presenciar el inicio de la capacitación de la Ley Yolanda, acto encabezado por el presidente Alberto Fernández.
“Estamos analizando cuál va a ser ese porcentaje de aumento, pero aproximadamente podemos hacer un promedio aproximado de 40%”, completó Guerrera.
Por otra parte, el funcionario aclaró que la medida “no tiene que ver con la negociación de la UTA (Unión Tranviarios Automotor) en el Ministerio de Trabajo porque el transporte interior, que es la discusión en este momento, no es jurisdicción del Gobierno nacional, más allá de que las provincias siempre ponen la presión sobre los subsidios nacionales”.
“Es jurisdicción de los gobiernos provinciales y municipales establecer las tarifas, los recorridos, las paradas, y lo que hace el Gobierno nacional es un mecanismo de subsidios”, subrayó.
Aumenta el colectivo en diciembre: cuadro de situación
En tanto, recordó que “en el pacto fiscal de 2018 había un compromiso por parte de las jurisdicciones de abandonar el mecanismo de compensaciones por parte del Gobierno nacional, pero esto no se ha cumplido producto de la Covid”.
“Ese fondo compensador de interior se refortaleció y hoy seguimos con la discusión sobre cuál es el nivel de participación que tiene que tener el Gobierno federal en lo que es el transporte automotor de jurisdicción provincial o municipal”, concluyó.
La manta de los subsidios se acorta en dos territorios y parece achicarse más en los próximos meses. A la pelea de los empresarios para destrabar los pagos de los subsidios adeudados se suma la situación del transporte urbano de pasajeros en las 23 provincias. Hasta ahora hubo destinados 38 mil millones de pesos pero, según sostienen las cámaras locales, alcanzarán hasta septiembre y octubre. Para evitar llegar a ese cuello de botella, surgió la iniciativa impulsada por la diputada Jimena López, del Frente Renovador. La legisladora massista propone declarar la emergencia del transporte automotor y elevar el fondo compensador a 59.500 millones de pesos.
El derrotero de ese texto ya lleva tres meses y sobrevivió a un intento de revisión de la exministra Silvina Batakis. Apenas asumió el control de la cartera económica le puso el ojo a ese incremento pero no pasó del amague porque detrás de esa iniciativa está la urgencia de los gobernadores que ya vienen advitiendo que no pueden sostener más tiempo los subsidios provinciales en una ecuación donde el boleto ya es mucho más caro que en el Área Metropolitana y en algunos casos roza los 80 y 100 pesos.
Los funcionarios provinciales y nacionales vinculados al transporte automotor admiten que no sólo hay una diferencia vinculada a la cantidad de pasajeros y a las distancias que hay en distintas localidades del interior en comparación con el AMBA. También hay una cuestión vinculada al alcance que tiene el subsidio estatal y la tarifa sobre los costos operativos de cada línea. En el AMBA la proporción entre la tarifa y el subsidio que alcanza a cubrir los costos es de una relación de 90% aportado por el estado y 10% por el boleto. En el interior la ecuación cambia y varía entre un aporte estatal del 55% al 65% y la tarifa completa esa ecuación en un 35% al 45%.
Es la parte variable más sensible para el público porque en los próximos meses seguirá empujando el costo del boleto en la medida que el tratamiento de la ley de emergencia para el transporte siga estancada. Aún así las empresas dicen que hay un “atraso tarifario” del 70%, pero el argumento es parte de las presiones del sector para evitar el recorte de los subsidios, un fantasma que crece con el correr de las semanas.
Fuente: Iprofesional