Se acumuló un atraso de 18 meses en la actualización de la carga impositiva de la nafta y el gasoil que se le cobra a las productoras. Rigen los valores de diciembre de 2020.
La decisión oficial de volver a postergar la aplicación de los impuestos a los combustibles estiró aún más la brecha entre el valor actual y real de la carga impositiva y el Estado se encamina a cerrar el año con una potencial pérdida de más de 1.700 millones de dólares. De mantener la misma estrategia se podría llegar a enero de 2023 con un atraso en la oficialización de siete trimestres.
El objetivo de las postergaciones es evitar que las empresas trasladen la mayor carga impositiva al precio en los surtidores. Les quitan algo de la presión que genera el precio del petróleo, la devaluación y las subas de los biocombustibles que se usan por legislación para la mezcla con la nafta y el gasoil.
El lado «b» de estas maniobras es que se genera un efecto bola de nieve de impuestos atrasados -tal cual se ve en la actualidad- que casi sentencia la actualización de las futuras cargas impositivas, que no son otra cosa que pérdidas para un Estado sediento de fondos.
Pero además le quita sentido a la normativa vigente, ya que no se respeta y las productoras hoy pagan un impuesto con precios del último trimestre de 2020 que, de actualizarse, lo trasladarían al consumidor.
En números
- $22,1
- por litro de nafta es el impuesto aproximado que pagan las empresas productoras de combustibles en la actualidad.
Vale señalar que no se trata de una maniobra sólo de este gobierno, puesto que la administración del expresidente Mauricio Macri también la aplicó. Algo que -de alguna manera- condicionó las maniobras futuras, principalmente en el marco de la pandemia.
El esquema actual rige desde 2017 y el gobierno actual intentó modificarlo con artículos dentro de la cajoneada ley de hidrocarburos. Allí buscaba restablecer el viejo mecanismo que fijaba alícuotas porcentajes para calcular los impuestos.
Cuál es el atraso en los impuestos a los combustibles
La normativa vigente está fijada por la Ley 23.966, y sus modificaciones, detalla que el monto de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) e Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) se deben actualizar por trimestre sobre las bases del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Todavía restan aplicarse los impuestos de los cuatro trimestres del 2021 y de los primeros dos trimestres de 2022, un total de 18 meses. El del tercer trimestre de este año todavía no venció, pero el gobierno ya avisó que lo actualizaría recién el año que viene, y casi que se juntaría con el aumento del último trimestre.
Según estipuló la consultora Economía y Energía (E&E) que coordina Nicolás Arceo, la no actualización de los impuestos a los combustibles, determinará una pérdida de recursos fiscales por aproximadamente unos 1.770 millones de dólares durante 2022.
Podría haber una nueva suba de la nafta en octubre
El Decreto 561/2022, que se publicó la semana pasada, fijó que «a partir» del 1 de octubre se deberían aplicar los impuestos correspondientes al primer y segundo trimestre de 2021. De esta manera, la actualización trimestral a aplicarse en octubre sería del 13% y 11%, respectivamente.
Esto significaría que las empresas pasarían de pagar impuestos en el caso de la nafta de $22,1 por litro, a unos $27,7 pesos por litro. Vale señalar que, si no estuviesen pisados los impuestos, deberían pagar en octubre unos $45,4 por litro.
Si bien el decreto fija que esta suba de $5,6 debería efectuarse en octubre, los hechos muestran que fácilmente pueden ser aplazados otra vez. Aunque de aplicarse, anticipan que las empresas podrían aumentar otra vez el precio de los surtidores.
Así mismo, el decreto 566 estipuló que los impuestos del tercer y cuarto trimestre del año pasado, como también de los primeros tres trimestres de 2022 (15 meses), se aplicarán «a partir» del 1 de enero de 2023.
Acorde a los datos oficiales, las variaciones trimestrales del IPC nacional fueron de 9,3% y 10,2% en el tercer y cuarto trimestre del año pasado. Mientras que las de los primeros tres de este año fueron de: 16,1%; 17,3% y 20,1%, en cada caso.
En números
- $54,5
- por litro de nafta es el impuesto aproximado que pagarían las productoras de aplicarse los impuestos postergados.
De aplicarse todos los aumentos atrasados, más los correspondientes, en enero de 2023 las empresas pagarían impuestos de $54,5 por litro de nafta, de los actuales $22,1.
Esto anticipa dos escenarios: por un lado, el menos probable, es que se aplique la suba pactada por decreto, porque lo que significará es un inédito aumento en los surtidores, que, además, estarán presionados por los otros elementos que inciden en la formulación de precios.
Esto abre la puerta a la segunda opción que es que se aplique la suba correspondiente a un solo trimestre que, incluso, podría no ser ninguno de los estipulados para enero, ya que dependerá de lo que suceda en octubre. En paralelo, la bola de nieve de aumentos seguirá ampliándose.
Aumentos para evitar pérdidas
En este contexto, vale señalar que las empresas no actualizan los precios de los combustibles en línea con la inflación y las subas que se autorizan están enfocadas en evitar pérdidas y no en generar ingresos. Con lo cual la línea entre ganancias y pérdidas es más que delgada y una suba de impuestos puede traducirse en un rojo para las cajas de las productoras de combustibles.
Algo que se sucedió entre abril y julio de este año, cuando las empresas, principalmente YPF, vendieron gasoil a pérdida, porque no lograron repagar lo que destinaron para la importación.
Para tener en cuenta, la petrolera de bandera controla el 55% del mercado de los combustibles en el país y reinvierte sus ingresos en el sector del upstream, que hoy está fuertemente enfocado en el desarrollo de Vaca Muerta.
Con lo cual, si se afecta la generación de caja de la firma, que en los próximos años sería ampliada de la mano de las exportaciones de hidrocarburos, también se condiciona la actividad en los campos.