Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio solicitó, a través de un proyecto de ley, agravar las penas contra algunos delitos rurales
A diferencia del Gobierno, que mantiene una pésima relación con el campo, la oposición deja claro que está del lado del sector agropecuario y agroindustrial y lo demuestra frecuentemente en el Congreso de la Nación; cómo: a través de la presentación de proyectos de ley que buscan favorecer al sector.
“Este Gobierno viene siendo muy hostil con el campo… se ha encargado de propiciar mensajes hacia el sector agropecuario y agroindustrial cargados de odio, que finalmente lo que generan es la división entre argentinos”, dice a iProfesional Gabriela Brouwer de Koning, diputada nacional de Evolución Radical, quien hace pocos días presentó un proyecto que busca proteger a los productores del campo.
En concreto, la legisladora de JxC solicitó, a través de su iniciativa, modificar el Artículo 184 del Código Penal de la Nación para agravar las penas contra algunos delitos rurales. Según la oposición, deben existir castigos más duros a quienes atenten contra uno de los sectores más productivos del país.
En esa modificación, lo que la oposición pide es que si alguien comete un delito rural, la pena sea de 3 meses a 4 años de prisión. Dicha iniciativa es impulsada debido a las múltiples roturas de silobolsas en los campos, que generan pérdidas millonarias a los productores.
La oposición protege al campo: qué dice el proyecto
En ese sentido, el proyecto pide “endurecer las penas de prisión para quienes afecten una zona rural con los fines de perjudicar el sembrado, los granos de cereal acopiado y/o el ganado”.
“En época de pandemia hubo muchos silobolsas rotos, y sigue sucediendo hasta el día de hoy. Incluso, hace una semana atrás en la zona de Marco Juárez (Córdoba) ocho productores se vieron afectados por sufrir incendios en silobolsas”, plantó la diputada radical, al tiempo que agregó: “mientras esto ocurre, hay funcionarios y dirigentes del Frente de Todos que ponen fotos en sus redes sociales para confundir y generar más mensajes de odio hacia el sector”.
Justamente, y sobre los “mensajes de odio” a los que refiere Brouwer de Koning, vale recordar que en julio pasado, la senadora del FDT Juliana de Tullio publicó en sus redes sociales un video que mostraba una gran cantidad de silobolsas en medio de un campo al costado de la ruta 2. “#LeyDeAbastecimiento, #LeyDeEmergenciaAlimentaria, #LeyDeEmergenciaEconómica YA!”, rezaba el mensaje Di Tullio, pero luego se comprobó que los silobolsas que se veían en las imágenes no acopiaban soja sino girasol, y que pertenecían a Seda S.A, una empresa que, desde hace 15 años, produce aceite de girasol.
En ese mismo mes -julio-, el presidente Alberto Fernández también había apuntado contra el campo y acusó a los productores -en medio de la crisis por la falta de dólares que padece Argentina- de no vender a tiempo porque esperaban “una mejor rentabilidad”. “Guardan US$20.000 millones y no los liquidan cuando el país los necesita… No nos van a torcer el brazo”, disparó el mandatario en esa oportunidad.
En ese sentido, la diputada que presentó este nuevo proyecto de ley que busca beneficiar al campo, consideró que el campo “un sector estratégico”, por lo que lamentó que lejos de “ayudarlos”, se los señale constantemente “y el Gobierno no se haga cargo que son ellos los de las políticas erráticas y en consecuencia, la crisis del país”.
“El campo es uno de los sectores productivos que tiene Argentina, que genera dólares y tiene un gran potencial de desarrollo… yo trataría de brindarle todas las herramientas para que se extiendan más y no obstaculizarselos todo el tiempo, no sólo señalandolos, sino metiendo obstáculos, trabas e impuestos”, sentenció la legisladora de JxC.
De todos modos, Brouwer de Koning aclaró que la roturas de silobolsas no solo se dan por razones políticas, y describió que hay casos en los que personas “por pura diversión o porque los silobolsas están a un costado de la ruta, van y los rompen por el simple acto de dañar”.
Por otro lado, la legisladora explicó a iProfesional que el proyecto no solo busca castigar a quienes atenten contra la producción de granos y contra el acopio, sino también a quienes atenten contra el ganado. “Queremos que sea considerado un delito grave”, sentenció.
A su vez, reflexionó respecto a los actos vandálicos referidos a los silobolsas: “Acá lo que hay que entender es que esa es su propia reserva de valor, es decir, la semilla la acopian porque es su moneda de cambio, la gente del campo cuando piensa “necesito comprar fertilizante, maquinaria o combustible”, lo primero en lo que realmente piensan, no es ni siquiera en dólares, sino cuántos camiones de soja o maíz necesita para comprar ese bien”.
Comisión Interministerial Permanente en materia de seguridad rural: un fracaso
Con la presentación del proyecto de Juntos por el Cambio, parece prudente recordar un anuncio que el Gobierno realizó -con bombos y platillos- por allá en el 2020. En ese momento, cuando la ministra de Seguridad era Sabina Fredecic y el ministro de Agricultura era Luis Basterra, anunciaron la creación de una Comisión Interministerial Permanente en materia de seguridad rural. Cuál era el objetivo: combatir los delitos rurales, entre los que se encontraban las roturas de silobolsas.
“Hay un reconocimiento, a pedido del Presidente -Alberto Fernández, de que no solo repudiemos, sino que visibilicemos los hechos que atentan contra la producción agropecuaria. Es importante generar estadísticas sobre un delito que no estaba siendo visibilizado y generar acciones para prevenir los futuros hechos. Hay mucho trabajo por hacer y es importante el compromiso que todos hemos demostrado en darle importancia a un delito que no se estaba teniendo en cuenta”, dijo Frederic en ese entonces.
El objetivo de esta Comisión Interministerial era, en principio, relevar y sistematizar la información referida a delitos rurales “en función de ponderar los alcances y conocer las características sobre la ubicación, temporalidad y modalidades de este tipo de hechos y, de este modo, planificar estrategias para su prevención”.
Asimismo, aseguraban que iban a “generar instrumentos con el objeto de orientar la intervención ante estos casos, estableciendo protocolos de actuación policial a seguir, que aportarán elementos para su investigación y un mecanismo más ágil de denuncia”.
¿En qué quedó todo? en la nada, y dicha Comisión Interministerial se convirtió -como de costumbre- en una promesa más del Gobierno de la Nación.
Justamente, Gabriela Brouwer de Koning contó a este medio que antes de presentar su proyecto de ley, realizó también un pedido de informes para saber qué pasó con la creación de la Comisión Interministerial que se conformó en el 2020; como era de esperarse: no obtuvo respuestas.
Ahora, la idea de la diputada nacional por Córdoba es que su proyecto prospere en la Cámara baja y se pueda tratar y debatir en el recinto.
“La verdad es que el proyecto tiene un simbolismo, fuerte pero bastante simple de ejecutar, por lo que quiero creer que lo van a apoyar y aprobar”, dijo Brouwer de Koning.
Así las cosas, en los próximos días la legisladora nacional iniciará conversaciones con otros bloques para lograr el acompañamiento de otros diputados. “Está en proceso de análisis y tengo que empezar a hablar con los otros bloques porque hace muy poquito que lo presenté, pero ese es mi objetivo y espero que pueda ser tratado”, sentenció.
Fuente: Iprofesional