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La clave es la suba para el 10% de los usuarios. La misión del organismo coincidirá con la realización de las audiencias públicas.

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de la próxima semana coincidirá con la realización de las audiencias públicas organizadas por el Gobierno para explicar y, posteriormente, estar habilitado para aplicar las aumentos tarifarios para el resto del año. Y, según aseguran dentro del oficialismo, el mensaje que quedará en claro en esos eventos (y que se buscará que llegue a Washington), es que se logrará la meta de una reducción en el Presupuesto de subsidios del 2022 de entre 0,5% y 0,6% del PBI. Llegando a este porcentaje, se descarta, habrá tilde verde desde el FMI para todo el ejercicio.

El incremento de hasta 0,6% (medido en los volúmenes de este año sería un monto cercano a los $400.000 millones totales); implicaría que casi un 80% de los usuarios y tarifas tendrán o un aumento promedio de entre 40% y 50% en la electricidad y el gas; o, directamente para el 10% de los usuarios, una eliminación total del subsidios. En este último grupo ingresarán los que considere el Estado nacional que se ubican en regiones geográficas privilegiadas (en zonas de todo el país); y, fundamentalmente, a personas y familias donde se detecten ingresos que justifiquen el pago de tarifas planas.

Entre estos se ubican los que perciban mensualmente salarios en blanco brutos de hasta $300.000 o $350.000 (no está aún determinado el monto exacto pero se ubicará entre esos rangos) indexados por CVS, los autónomos de categorías superiores, quienes posean 3 o más automóviles de no más de 5 años de antigüedad, los propietarios de embarcaciones y aeronaves (de cualquier valor), los propietarios de hasta 3 inmuebles no afectados a la producción y destinados (o no) a la vivienda (se aplicará a todas las unidades) y quienes tengan un nivel de gasto en tarjetas de créditos y débito dentro del país o en el exterior por montos altos y relacionados con ingresos de $300.000/ $350.000 mensuales y sostenidos en el tiempo. Se supone que en total estas restricciones alcanzarían a algo más del 10% de los clientes de las empresas distribuidoras de gas y electricidad, los que pasarían a pagar tarifas sin subsidios. Y probablemente en un límite de tiempo no superior a los tres meses.

El resto de los usuarios tendrán un incremento de hasta un 60% de pago actual; pero con promedios de entre 40% y 50%, en un esquema que se aplicaría desde le segundo semestre del año y se profundizaría en el cuarto trimestre. Una parte de la población importante permanecerá con los niveles de subsidios actuales, siempre que se encuentran dentro de los sectores menos favorecidos. Se encontrarían en estos sectores los jubilados que cobren hasta dos mínimas, trabajadores irregulares, trabajadoras domésticas, monotributistas de las dos primeras categorías, beneficiarios de planes sociales nacionales y familias con trabajos registrados cuyos ingresos estén alcanzados por los límites de la canasta básica de pobreza que mide el INDEC.

Ésta es la promesa ya formal que Martín Guzmán le había efectuado a los negociadores del FMI durante las discusiones que derivaron en la aprobación del Facilidades Extendidas el 25 de marzo del 2022, y que luego se vio plasmado en la letra fina del acuerdo publicado en las páginas oficiales del organismo. Llega ahora en mayo el momento de fiscalizar el cumplimiento general del Facilidades Extendidas, donde se examinará lo que se cumplió en el breve mes y medio que transcurrió entre lo firmado y la próxima semana; pero, fundamentalmente, las proyecciones para todo el año. Esto es, un déficit máximo de 2,5% del PBI para todo el 2022. Luego, en 2023 tendrá que descender al 1,9% y a menos de 1% en el 2024; año en el que habrá otra gestión diferente a la actual.

El ajuste tarifario que deberá aplicar el país, por arriba de las alzas que ya se anunciaron del 20% en el servicio de electricidad y gas deberá duplicarse, y trepar así a más de $325.000 millones; incluso en un monto más cercano a los $400.000 millones. El cuadro conocido hasta ahora con un alza tarifaria de 20% y la eliminación de los subsidios totales para algunas zonas favorecidas de CABA y el conurbano bonaerense, sólo llegaba al 0,2% del monto acordado con el Fondo, con lo que debió acelerar el nivel de ajuste; mirando el la meta de déficit fiscal de 2,5% de PBI comprometida para todo el 2022. Si hacia septiembre Guzmán se acerca a ese nivel, el ajuste podría ser menor. Si se aleja, el alza tarifaria se profundizará, y combatirá contra el incremento de la inflación. En este caso, para saber el ajuste final de las tarifas eléctricas y del gas, habrá que esperar el incremento que muestren los salarios privados y públicos en blanco.

Pero el capítulo de los incrementos no quedaría allí. Hay un compromiso explícito del Gobierno ante el organismo que conduce Kristalina Georgieva, por el cual la eliminación de los subsidios directos deber pasar del 0,08% ya anunciado a un 0,1% del PBI. Esto es, de unos 6.500 millones a 65.000 millones de pesos. ¿Cómo se logrará este incremento? Aplicando el mismo criterio que se anunció para la Capital Federal y algunas, pocas, zonas del conurbano; a unas 9 regiones de todo el país; entre las que se incluyen el resto de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, la Patagonia y el norte argentino.

 

Fuente: Ambito