La manifestación de productores “autoconvocados” había perdido respaldo de la Mesa de Enlace, pero las últimas medidas oficiales le hicieron ganar adhesión
En pocas horas, el Gobierno tendrá una medida de qué tan fuerte puede ser el rechazo del interior rural a su propuesta sobre un nuevo impuesto que capte las “rentas inesperadas” de los exportadores de materias primas: el sábado se producirá el “tractorazo” de productores agropecuarios, esta vez en el centro de Buenos Aires.
Irónicamente, el propio Gobierno fue el que terminó por darle impulso a la protesta, cuya adhesión había quedado menguada por debates internos entre las agremiaciones rurales. Las principales socias de la Mesa de Enlace prefirieron evitar el choque con los funcionarios y prefirieron no sumarse a la convocatoria.
De manera que, salvo por los casos de entidades provinciales -como la Sociedad Rural rosarina, la Mesa de Enlace de Córdoba y filiales de la Federación Agraria-, el “tractorazo” quedó como un evento impulsado por productores “autoconvocados” sin representación gremial.
La génesis de esa protesta fue la toma de las medidas del Gobierno en su intento de “desacoplar” los precios internacionales de los del mercado interno. Parece que pasó mucho tiempo, pero fue hace apenas un mes cuando el Gobierno anunció el cierre exportador para la harina y el aceite de soja. Y luego, en el marco de la “guerra contra la inflación”, la conformación del fideicomiso destinado a subsidiar el precio del trigo.
La ayuda involuntaria del Gobierno
Desde ese momento tomó impulso la protesta, con el detalle de que esta vez, a diferencia de los “banderazos” que desde hace dos años se realizan en el interior del país, se decidió traer la manifestación al epicentro de la toma de decisiones políticas, frente a la Casa Rosada.
Era, naturalmente, un intento por maximizar la visibilidad del enojo rural. Pero, además, era una respuesta a una estrategia del Gobierno, que intentaba mostrar sus medidas intervencionistas como algo que sólo afecta a los grandes exportadores pero no toca los intereses de los pequeños productores.
El Gobierno había tomado nota de los antecedentes de peleas que, en otros momentos del kirchnerismo, pusieron masivamente a la clase media rural en una actitud defensiva -lo cual tuvo su correlato en el plano electoral, con desastrosas derrotas oficialistas en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el interior rural de Buenos Aires-.
No por casualidad, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se opuso férreamente a los aumentos de retenciones para los granos y, en cambio, aclaró que el nuevo fondo compensador para el trigo -fondeado con retenciones a la industria de harina y aceite de soja- no afectaría a los productores.
Es más, Domínguez dijo que el Gobierno estaba dando señales para que intensificaran su esfuerzo en la siembra, de manera de obtener una cosecha más voluminosa en la nueva campaña. Y para ello dijo que se había adelantado el registro de exportaciones.
En la misma línea actuó el ministro de economía, Martín Guzmán, cuando, tras conocerse el récord inflacionario de 6,7% en marzo, resistió las presiones de la propia coalición gobernante y frenó los intentos de establecer un esquema de retenciones móviles.
Pero, a modo de compensación para los socios kirchneristas del Gobierno, anunció el “impuesto a las rentas inesperadas”. Si bien se trata de una iniciativa poco clara y con altas chances de ser frenada en el Congreso o en el ámbito judicial, el ruido político resultó inevitable.
Y, como efecto colateral de los anuncios del Gobierno, terminó por darle más impulso a una protesta rural cuyo grado de apoyo había sido puesto en duda. En los últimos días, el enojo de los productores se exacerbó por las medidas oficiales y se intensificó en las redes la convocatoria a la manifestación.
La pelea judicial, otro apoyo inesperado
Tal como había ocurrido con el anuncio del fideicomiso, los pequeños productores no interpretaron que el único “target” de las medidas oficiales serían las grandes exportadoras de cereales, sino que suponen que, ya sea por vía directa o por a través de un menor precio pagado por las comercializadoras, también ellos podrán quedar alcanzados.
Después de todo, los $1.000 millones de ganancias a los que aludió el ministro Guzmán son, medidos en dólar blue, unos u$s5 millones, una cifra no tan lejana de lograr para un productor mediano -si el objeto imponible es la facturación, no la renta neta, un punto que el ministro no terminó de aclarar-.
Lo cierto es que, contrariamente a lo que suele sostener el kirchnerismo, la producción agrícola no es una actividad concentrada sino, por el contrario, bastante atomizada. Los números del censo rural son elocuentes al respecto: hay 250.000 parcelas productivas, con al menos 100.000 productores, que siembran cada año una superficie de 30 millones de hectáreas. Y en el 10% top, medido por tamaño de productores, hay que sumar más de 90.
Pero, además, tal como había ocurrido cuando se planteó el fideicomiso compensador del trigo, los productores pequeños no se quedan tranquilos con el argumento de que solamente se afectará a la gran industria o a las potencias del comercio exterior, porque temen que un menor margen de esas grandes empresas termine trasladándose como detracción en el precio que ellos reciben por su producto.
Pero las eventuales cargas impositivas contra el campo no han sido la única forma en la que el Gobierno terminó, involuntariamente, por estimular la protesta rural.
También la pelea por la conformación del Consejo de la Magistratura y las acusaciones cruzadas sobre intentos de copar el poder judicial, hicieron lo suyo. Desde Juntos por el Cambio se convocó a una manifestación de repudio a Cristina Kirchner, que en un comienzo causó inquietud entre los activistas rurales, porque era el mismo día, pero en otra hora y otra locación.
Esto hizo temer que la oposición al Gobierno se dividiera en dos manifestaciones distintas, que se terminarían debilitando mutuamente. Pero luego se reparó la situación, de manera que ahora los diputados oficialistas que convocaron por el tema judicial, unificarán su proclama con el tractorazo en Plaza de Mayo.
El riesgo de enojarse con el campo
Preocupados por la ola inflacionaria, las protestas piqueteras y la debilidad política del Gobierno, es poco probable que los funcionarios del entorno de Alberto Fernández se vean impresionados por el tractorazo, aun si éste resultara de una escala masiva.
Las medidas anunciadas no tendrán marcha atrás porque eso implicaría generar una crisis con un adversario cuyo enojo el Presidente teme más que al del campo: el de Cristina Kirchner.
Sin embargo, podrá oficiar como recordatorio sobre el riesgo de enfrentarse a la clase media rural. El peronismo ya tuvo el año pasado un grave error de cálculo, cuando creyó que el enojo por medidas como el cierre exportador de carne implicaba apenas a una pequeña cantidad de ganaderos, que por otra parte ya estaban enojados desde antes, con lo cual el costo en términos electorales sería marginal.
Pero las urnas mostraron con elocuencia ese error: el malestar del campo alcanzó a una vasta clase media ligada a la actividad rural, que no sólo es crítica de la política económica sino que siente amenazado su propio estilo de vida.
Una prueba de ello había tenido el Gobierno con la larga saga de “banderazos”, desde las primeras manifestaciones de repudio a la estatización de Vicentin hasta la gran manifestación del 9 de julio del año pasado en San Nicolás.
Si hay alguien que está al tanto de esta situación son los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa, donde el peronismo sufrió derrotas inéditas en las elecciones legislativas. Y que, ante cada medida intervencionista sobre la actividad agropecuaria, han hecho explícita su postura contraria.
La gran paradoja es que todas las medidas oficiales han sido tomadas con la consigna de hacer más asequible los alimentos a los sectores pobres de la población. Sin embargo, se acaba de conocer un dato deprimente: en el país de las vacas, el consumo de carne vacuna bajó a un mínimo histórico de 47 kilos por habitante, mientras el stock bovino se reduce a razón de un millón de vacas cada año.
Fuente: Iprofesional