El primer dato negativo tiene que ver con la nueva remarcación de los valores de los combustibles que implementaron las petroleras
La brisa de aire fresco que significaron los aumentos tarifarios les duró poco tiempo. A escasos días de haber celebrado las resoluciones oficiales que mejoraron sus ingresos regulados entre 23% y 135%, las transportistas eléctricas se toparon con tres hechos que impactaron en sus cajas y planes futuros.
Un nuevo incremento en los precios de los combustibles que aplicaron las petroleras, sumado al mayor aumento salarial que salió a reclamar el gremio de Luz y Fuerza y al aviso semioficial de que la Cammesa va estirar a casi 60 días el plazo de los pagos de las remuneraciones del transporte, son los tres puntos que conforman el combo de las malas noticias que puso de malhumor a las operadoras de las redes de media y alta tensión.
Tras las audiencias públicas realizadas a mediados de febrero, la intervención del ente regulador eléctrico, que encabeza la camporista Soledad Manín, procedió a actualizar las tarifas reguladas de las transportistas que estaban congeladas desde los primeros meses de 2019.
¿Cuál fue el aumento de cada transportista eléctrica?
La empresa que recibió el aumento más alto –135%–fue Transcomahue, la transportista regional de Río Negro que está en manos del gobierno de esa provincia.
En segundo lugar, aparece la transportista eléctrica del NEA (Transnea) con una suba del 90%. Luego se ubicó Transpa, la transportista patagónica controlada por Aluar que obtuvo un incremento del 86%, seguida por eléctrica del NOA (Transnoa) con una mejora en sus ingresos del 75%.
Por su parte, a Distrocuyo y a la neuquina EPEN le concedieron una suba del 46%, cerrando la grilla Transba y Transener con los incrementos más bajos del 23% y 25% respectivamente.
A diferencia de lo que ocurre cuando aumentan las tarifas de generación y distribución que tienen un marcado impacto en las boletas, las actualizaciones otorgadas a las transportistas tienen incidencia mínima para los usuarios residenciales que oscila entre el 1% y 3% en las facturas finales.
De los aumentos aprobados por el ENRE, los que más llamaron la atención por ubicarse en los escalones más bajos de la tabla fueron los correspondientes a Transener y Transba.
Transba y el desacuerdo con el ajuste
Transener (la principal operadora de las líneas troncales de alta tensión cuya sociedad controlante está repartida en partes iguales entre Pampa Energía—el grupo conducido por Marcelo Mindlin—y la estatal IEASA, manejada por el camporista Agustín Gérez) había solicitado un incremento tarifario del 44% para poder afrontar los costos operativos e inversiones mínimas durante el transcurso de este año.
La empresa—que opera y mantiene 57 estaciones transformadoras y 12.400 kilómetros de líneas propias más 6.228 km. de la transportista regional bonaerense Transba—manifestó su desacuerdo con el ajuste concedido presentando un pedido de vista del expediente y una impugnación preliminar.
En caso de que el ENRE rechace su reclamo, los directivos de Transener ya avisaron que recurrirán las resoluciones de los aumentos primero en el ámbito administrativo y, llegado el caso, en el terreno judicial.
Si se llega a esa instancia de conflicto, se daría una situación inédita con la empresa que cerró el año pasado con una pérdida neta consolidada de $ 1.308 millones: la estatal IEASA como dueña del 50% de la firma controlante estaría demandando al propio Estado en nombre de una privatizada.
Los datos negativos de las transportistas eléctricas
En cuanto a los tres datos negativos que han recibido las transportistas eléctricas, el primero de ellos tiene que ver con la nueva remarcación de los valores de los combustibles que implementaron las petroleras. Las transportistas habían calculado los aumentos tarifarios que pidieron en las audiencias públicas con los precios de los combustibles que estaban vigentes en enero.
El primer aumento del año del 9% promedio que registraron las naftas y el gasoil al comienzo de febrero trastocó parcialmente sus números.
Ahora, con el segundo aumento de 2022 del 9% al 11,5% que instrumentaron las petroleras, el desfasaje en las estructuras de los costos operativos se amplió nuevamente y se comió parte de la mejora de ingresos que comenzaron a facturar desde el 1 de marzo.
El segundo hecho que descompaginó las proyecciones de gastos previstas para los próximos meses provino de la federación gremial de Luz y Fuerza que se descolgó con un pedido de recomposición salarial cercano al 50%. En las planillas que armaron para las audiencias, las empresas siguieron las indicaciones del ENRE y estimaron un aumento anual para los empleados del orden del 35%.
A menos que ocurra un milagro y que la entidad sindical que comanda el chaqueño Guillermo Moser acepte un aumento salarial por debajo de la inflación estimada para este año, las transportistas tendrán que destinar una mayor porción de los egresos que tomó en cuenta el ENRE a la hora de definir los nuevos cuadros tarifarios.
En tanto, el tercer motivo que va camino a complicar la situación operativa de las empresas ha sido el anticipo en off de las autoridades energéticas de que a partir de marzo los pagos de la Cammesa podrían demorarse más de lo habitual.
Las transportistas eléctricas venían cobrando sus servicios mensuales en tres pagos que arrancaban a los 42 días de la presentación de las facturas.
Ahora, ese plazo se ampliaría, como mínimo, a 19 días más, pasando a embolsar sus remuneraciones con un delay de casi dos meses con respecto al envío de las facturas y en medio de un contexto inflacionario que ya perfila un piso de aumento por encima del 4% mensual.
Fuente: Iprofesional